El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.
El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.
Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.
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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.
Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.
Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.
De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.
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Consejo de Ministros: Destacan avances, pero advierte que el camino “aún es largo y arduo”
Este martes se desarrolló una sesión del Consejo de Ministros, en el que el presidente de la República, Santiago Peña, habló sobre los logros y desafíos de su gobierno a pocos meses de cumplirse dos años de su asunción. Peña aseguró que el primer año fue dedicado a “poner la casa en orden” y que los proyectos iniciados ya comienzan a mostrar resultados, aunque reconoció que el camino por delante sigue siendo desafiante.
“El crecimiento de la economía en los últimos 12 meses es del 4 %, y si tomamos los 21 meses de gestión, es del 4,4%. Este sería el tercer año consecutivo de crecimiento por encima del potencial, algo que no se veía desde 2006 a 2008”, subrayó. También destacó la inflación interanual de 3,6 %, la reducción del desempleo al 5,6 %, y la incorporación de 65.000 nuevos aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS), cifra que atribuyó en parte al programa Hambre Cero, que aportó con 19.000 nuevos cotizantes.
En materia de pobreza, el mandatario mencionó una reducción del 22,3 % al 20,1 % en el último año, aunque admitió que “no es suficiente” y que espera un mayor impacto en los próximos años. “Hambre Cero es una política importante, pero es solo un primer paso. Debemos acompañarla con infraestructura y trabajo pedagógico”, afirmó.
También mencionó avances en vivienda e infraestructura, con inauguraciones semanales a través de programas como Che Róga Porã y Fonavis, así como logros en la agenda internacional, que definió como un eje central de su gestión. “Paraguay está dejando atrás su imagen de isla rodeada de tierra”, indicó, al destacar la apertura de nuevos mercados e inversiones.
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Política exterior
El canciller, Rubén Ramírez, explicó que la política exterior está basada en los principios de defensa de la democracia, la soberanía y el derecho internacional. Subrayó el acercamiento con países como Estados Unidos, Israel y la República de China (Taiwán), además de visitas oficiales a Japón, Singapur, India y Emiratos Árabes.
Ramírez también enfatizó los avances en integración regional y energética, con procesos en curso como el Anexo C de Itaipú, el gasoducto regional, la mejora en la hidrovía Paraguay-Paraná y el puente bioceánico, que ya se encuentra con un 70 % de avance. Anunció que el 2 y 3 de julio Paraguay estará presente en la próxima Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde se espera avanzar en el acuerdo con la Unión Europea.
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Disciplina fiscal y gasto social
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ratificó la proyección de un crecimiento del PIB superior al 4 % por tercer año consecutivo. “Este logro debe traducirse en mejores condiciones sociales”, dijo, al tiempo que pidió mantener el compromiso de todos los sectores del Estado para cumplir con el plan de convergencia fiscal.
Resaltó que el gasto social ha sido priorizado, con aumentos significativos en sectores clave: USD 94 millones más en inversión pública, USD 58 millones para Salud, USD 62 millones para Educación, y USD 87 millones adicionales para seguridad.
Educación
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó que el programa Hambre Cero ya muestra efectos positivos en la asistencia escolar. “En algunas escuelas pasamos del 56 % al 98 % de presencia”, afirmó. Además, anunció que se aumentará la cantidad de días de clases y que se llevan adelante programas como Letrina Cero, la mejora del mobiliario escolar y la reparación de escuelas emblemáticas.
El secretario de Estado destacó también que Paraguay es el primer país en desarrollar un programa de educación para la primera infancia y que ya se está trabajando en una propuesta para la educación inclusiva de personas no videntes. “Estamos incorporando psicólogos y orientadores para fortalecer el aspecto emocional en las escuelas, y apostamos a una formación docente rigurosa y de calidad”, concluyó.
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Inversión pública creció USD 94 millones en lo que va del año
Durante la presentación de avances de las instituciones del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, informó que las inversiones públicas acumulan un incremento de USD 94 millones en lo que va del año.
El titular de la cartera económica destacó que este aumento responde a una política fiscal responsable, pero firme en su apuesta al crecimiento, priorizando obras de infraestructura y compra de equipamientos estratégicos. En ese contexto, explicó que parte de estos recursos están bajo la administración del MEF, mientras que otras inversiones, como la adquisición de radares, son ejecutadas por otras carteras.
El ministro puso énfasis en el fortalecimiento de sectores clave como salud y educación. Según detalló, la ejecución presupuestaria en salud aumentó en USD 58 millones en los primeros cinco meses del año, lo que permite una mejor cobertura de servicios e insumos en hospitales del sistema público.
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En educación se registró un incremento de USD 62 millones, destinado no sólo a garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales con los docentes, sino también a la provisión de útiles escolares y otros elementos básicos que impactan directamente en el aprendizaje de los estudiantes.
Por otra parte, Fernández Valdovinos remarcó que la inversión social también ha sido una prioridad para el gobierno. Se asignaron USD 74 millones adicionales a programas que buscan atender a los sectores más vulnerables de la población, en línea con el compromiso del Ejecutivo de no dejar a nadie atrás.
“Estamos priorizando a las personas, con una gestión que busca mejorar la calidad de vida sin apartarnos del crecimiento económico”, expresó el ministro. Al mismo tiempo, reiteró que estos niveles de ejecución son posibles gracias a un manejo eficiente de los recursos del Estado.
Además de los incrementos en inversión y gasto social, el ministro resaltó la importancia de mantener una coordinación eficaz entre las distintas instituciones del Estado para asegurar que los recursos lleguen donde más se necesitan.
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El ministro indicó que el crecimiento sostenido de la ejecución presupuestaria refleja no solo una mejor capacidad de gestión, sino también un compromiso político con el desarrollo inclusivo. “No se trata solo de ejecutar más, sino de ejecutar mejor”, finalizó.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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Violación del deber de cuidado: el 59 % de las víctimas son hombres y más del 80 % son mayores
El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.
El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.
Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.
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Departamentos
La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.
Informe que duele y preocupa
El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.
El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.
Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.
Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.
Lo que dice la ley
El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
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