Una empresa paraguaya lanzó una aplicación que busca reducir la opacidad del sistema tributario y mejorar la relación entre contadores y contribuyentes. De acuerdo con la firma, se pretende transparentar las gestiones tributarias y brindar mayor control a los aportantes al fisco sobre el pago de sus impuestos.
Alan Peña, CEO de la firma Conto, explicó a la 1020 que la app Conto nació con el propósito de transparentar las gestiones tributarias y facilitar un mayor conocimiento y control a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales.
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“Vimos que el mundo tributario en Paraguay no es muy transparente. La mayoría de la gente no sabe lo que está pagando, si su contador realmente está haciendo el trabajo, o incluso qué facturas pueden aplicar a sus impuestos”, explicó Peña.
A través de la app, los usuarios pueden cargar sus facturas, que son digitalizadas y analizadas por un profesional contable. La plataforma indica a qué impuestos aplica cada gasto y en qué porcentaje, ayudando al usuario a comprender mejor su situación tributaria.
La aplicación también permite monitorear los ingresos y egresos mensuales, generando reportes que ayudan a mejorar la salud financiera del usuario. “Muchas personas no saben cuánto gastan realmente. Nuestra herramienta les muestra de forma clara cómo manejaron su dinero durante el mes”, señaló el emprendedor.
Peña mencionó que además de ser una herramienta contable, la aplicación también apunta a la educación financiera, un área que considera que aún hay grandes carencias y recalcó la importancia de la formalización para los emprendimientos.
“Legalizar es el mejor negocio que hay acá. Ser contribuyente te convierte en un ciudadano elegible para todos los servicios financieros”, concluyó.
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Digitalización: proyectan que el 90 % de las facturas serán electrónicas este 2026
- Por Antonella Mateu
La transición hacia la digitalización tributaria en Paraguay avanza de forma sostenida, marcando un antes y un después en la modernización tributaria. El Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen) se encuentra hoy en una etapa avanzada de consolidación.
Según estimaciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), hacia finales del 2026, aproximadamente, el 90 % de la totalidad de las facturas emitidas en el país corresponderán a documentos tributarios electrónicos, lo que refleja un importante nivel de adopción y madurez del sistema.
Para entender el alcance de este despliegue, las metas normativas y la realidad operativa en el terreno, La Nación/Nación Media conversó con Hugo López, director general de Normalización, Modernización e Innovación y coordinador del Sifen de la DNIT, junto con Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay.
Adhesión, obligatoriedad y plazos
La incorporación de contribuyentes a la digitalidad continúa realizándose de manera gradual y segmentada, priorizando los sectores de mayor impacto fiscal y con altos volúmenes transaccionales. La DNIT registra actualmente un volumen sostenido y creciente de emisión, con más de 38 mil contribuyentes operando dentro del Sifen y un promedio mensual de validación de 2,5 millones de comprobantes electrónicos.
Alba Talavera explicó que la incorporación al sistema puede darse de forma voluntaria o mediante notificación obligatoria por parte de la administración tributaria, conforme a plazos establecidos según la terminación de Registro Único del Contribuyente (RUC) y otros criterios definidos.
Según sostuvo la especialista, cada vez más contribuyentes optan por sumarse voluntariamente debido a las ventajas que representa. “La mayoría hoy en día ya se adhiere voluntariamente porque facilita mucho. Ya casi no se utiliza papel, hay plena seguridad de que la documentación llega a la DNIT y existe un control permanente”, manifestó.
Para lo que resta del año, las metas de obligatoriedad de la DNIT y los plazos calendarizados apuntan principalmente a los grandes y medianos contribuyentes, el director, Hugo López señaló que al cierre de este año, el 100 % de estas categorías deberá estar emitiendo de manera obligatoria la totalidad de sus documentos electrónicos.
En esa línea, indicó que las proveedores del Estado, desde este año se encuentran obligados a emitir documentos tributarios electrónicos, fortaleciendo el control fiscal.
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Herramientas diferenciadas
Un punto importante en el diseño del Sifen es la existencia de plataformas adaptadas a la capacidad económica de cada emisor. Talavera señaló que actualmente existen dos herramientas diferenciadas según el perfil, por un lado se halla el E-kuatia, que está orientado para grandes y medianos contribuyentes, el cual requiere de un software específico y de cierta inversión económica.
Por otro lado, se encuentra disponible el E-kuatia’i, una solución completamente gratuita diseñada específicamente para los pequeños contribuyentes.
Para adherirse formalmente al sistema, la especialista recordó que los contribuyentes deben cumplir con requisitos básicos, como contar con un certificado de firma electrónica, disponer de un sistema informático que permita emitir, recibir y conservar los documentos electrónicos por al menos cinco años, y gestionar el timbrado correspondiente como facturador electrónico.
Beneficios y reducción de la evasión
Desde la perspectiva de la DNIT, la facturación electrónica representa una herramienta estratégica para la modernización del sistema fiscal. Para el Estado, los principales beneficios se traducen en mayor transparencia, acceso a información en tiempo real para fiscalización, optimización de análisis de riesgos y una reducción de la evasión y elusión tributaria gracias a la trazabilidad digital.
Para el contribuyente, el sistema permite reducir costos operativos, agilizar la gestión documental y automatizar la integración con los sistemas de gestión empresarial.
Talavera ratificó el impacto positivo en la seguridad y la disminución de irregularidades. “Brinda mayor seguridad jurídica y reduce el riesgo de documentos irregulares o clonados. Cuando me llega una facturación electrónica ya estoy tranquila porque sé que es una factura legal”, afirmó.
Interacción con Marangatu
A pesar de los indicadores positivos, la implementación a gran escala ha requerido ajustes. Talavera reconoció que durante el proceso se registraron inconvenientes técnicos, principalmente vinculados con la visualización de comprobantes en el sistema Marangatu.
Detalló que, en ciertos casos, las facturas electrónicas no aparecían reflejadas automáticamente en dicha plataforma, lo que generaba omisiones involuntarias en los registros y posteriores notificaciones de la administración tributaria. “Eso ya se va subsanando con el tiempo, pero al principio hubo algunos problemas”, explicó.
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Al respecto, Hugo López aclaró un punto fundamental sobre el soporte informático. “El Sifen es un sistema totalmente independiente al sistema Marangatu; comparten datos, pero el Sifen es exclusivo para la aprobación de documentos electrónicos”.
Asimismo, el coordinador enfatizó que la infraestructura tecnológica de la DNIT se encuentra en una etapa de consolidación y madurez, habiéndose emitido 27 notas técnicas desde el inicio de la implementación para realizar actualizaciones permanentes, garantizar la estabilidad operativa y asegurar la escalabilidad necesaria ante la incorporación masiva.
Desafíos
Uno de los principales retos identificados para lograr la expansión total del sistema radica en las limitaciones de infraestructura del país. Los mayores desafíos de adhesión se observan en pequeños contribuyentes, microempresas y sectores con menor nivel de digitalización.
Talavera advirtió con especial preocupación sobre la situación en las zonas rurales. “Hay compañías del interior donde no sabemos cómo va a responder internet. Ese es un tema que debe debatirse”, sostuvo, remarcando la necesidad de fortalecer la infraestructura general de conectividad del país.
Esta realidad técnica se vincula directamente con el planteamiento de los sectores gráficos, quienes en su momento pidieron mantener un sistema híbrido entre comprobantes impresos y electrónicos.
Ante esto, Talavera subrayó la importancia de mantener mecanismos de respaldo físicos ante contingencias. “A veces se va la energía eléctrica y no podés dejar de vender. En esos casos se siguen utilizando facturas manuales”, indicó.
Por su parte, el director de la DNIT manifestó que, si bien la transición es gradual y acompañada, la política pública se orienta firmemente hacia una digitalización total e integral, argumentando que “el sistema híbrido no garantiza una trazabilidad de la operación para los contribuyentes”, y que la tendencia internacional apunta a consolidar los documentos electrónicos como el estándar principal.
Rol del profesional contable
La masificación de la facturación electrónica está modificando la dinámica tradicional de los procesos administrativos. Desde la DNIT, consideran que la automatización de las tareas operativas y manuales optimiza los tiempos y mejora la calidad de la información, permitiendo que el contador concentre sus funciones en el análisis financiero, el cumplimiento tributario, la auditoría, la gestión de riesgos y la planificación fiscal.
Para acompañar este cambio y reducir las brechas tecnológicas, la DNIT mantiene programas continuos de asistencia técnica y jornadas de capacitación específicas virtuales y presenciales dirigidas a contribuyentes, empresas, desarrolladores, auxiliares administrativos y profesionales contables, reconociendo el rol estratégico que estos últimos cumplen en la correcta utilización del Sifen.
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Justicia permite aplicar polémica la Ley de Glaciares en una provincia de Argentina
Una polémica ley argentina que flexibiliza las regulaciones de explotación minera en zonas glaciares superó este lunes un obstáculo judicial y podrá aplicarse en la provincia de Santa Cruz, al revocarse la medida cautelar para esa zona.
La Procuración del Tesoro, que representa jurídicamente al Estado nacional, anunció que una Cámara Federal de Apelaciones patagónica (sur) admitió un recurso de un juzgado inferior que frenó la denominada “Ley de Glaciares” impulsada por el presidente Javier Milei.
Aprobada en el Congreso el 9 de abril pese a la dura resistencia de organizaciones ambientalistas, la ley reformó la norma que regía desde 2010 para permitir a los gobiernos locales redefinir las áreas de explotación minera en la zona periglaciar.
La legislación se aprobó en el marco del impulso a la minería de parte del mandatario ultraliberal, que desde que se consideró en 2023 buscó facilitar las inversiones en la actividad en un país que tiene vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio.
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La ley estaba suspendida en Santa Cruz desde el 24 de abril, el mismo día en que la norma entraba en vigencia.
Un juzgado había hecho lugar a la medida cautelar pedida en una demanda colectiva del Concejo Deliberante de El Calafate, localidad distante a unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, monumental masa de hielo de 30 km de largo y 70 metros de altura.
La presentación solicitaba que se declarara la “inconstitucionalidad” de la ley, y el magistrado aceptó suspender la norma mientras analizaba el planteo por el “peligro” que podría suponer su ejecución.
Tras el recurso de la Procuración, una Cámara Federal de Apelaciones revocó este lunes el fallo bajo el argumento de que “no contiene ninguna evaluación sobre las disposiciones de la ley que decide suspender”.
Aunque el amparo de Santa Cruz fue el primero que logró obstaculizar la nueva “Ley de glaciares”, forma parte de una serie de presentaciones en distintos juzgados de diferentes puntos de Argentina. Una demanda colectiva de Greenpeace es una de las que aseguran resolución.
Los ecologistas argumentan que la exploración minera en la zona periglaciar acelerará el cambio climático y restringirá el acceso al agua.
Argentina tiene unos 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.
- Fuente: AFP
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Feria del MAG en Concepción superó G. 147 millones en ventas y benefició a 1.100 familias
La Feria Departamental de la Agricultura Familiar realizada en la ciudad de Concepción cerró con resultados positivos, alcanzando una recaudación total de G. 147.480.500 y beneficiando directamente a 1.100 familias rurales organizadas en 70 asociaciones de productores, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La actividad se llevó a cabo este jueves 28 de mayo en la plaza Agustín Fernando de Pinedo, en el marco de los festejos patronales y fundacionales de la capital del Primer Departamento, con el objetivo de fortalecer los canales de comercialización para productos de la agricultura familiar mediante la venta directa, sin intermediarios.
Los productores provinieron de los distritos de Loreto, San Alfredo, Belén, Yvy Ya’ú, Horqueta, Concepción y Azote’y, con acompañamiento técnico de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) y la Dirección de Comercialización de la cartera agropecuaria.
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Alianza público-privada impulsó ventas de carne
En paralelo, otra edición de la Carnicería “María Auxiliadora”, desarrollada mediante una alianza estratégica entre el MAG, la empresa MM Cárnicos, Carnicería Don Miguel y Casa Yasy, registró una recaudación superior a G. 25 millones en su primer corte de ventas.
Según el reporte de la institución, fueron comercializados aproximadamente 700 kilogramos de carne, consolidando esta iniciativa como un espacio alternativo de acceso a productos cárnicos y de fortalecimiento del comercio local.
Desde el MAG destacaron que las ferias de la agricultura familiar forman parte de la estrategia gubernamental para dinamizar la economía rural, mejorar los ingresos de pequeños productores y promover mercados más accesibles entre el campo y la ciudad.
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“Existe voluntad de formalización cuando hay mecanismos viables”, destaca director de la DNIT
El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.
Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.
Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.
Sectores con mayores desafíos de cumplimiento
En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.
Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.
En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.
Obstáculos para la formalización
Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.
Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.
Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.
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IRE seguiría impulsando la recaudación
Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.
En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.
Aduanas y combate al contrabando
Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.
Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.
La informalidad como desafío
Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.
No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.
Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).
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