Conformaron una mesa técnica interinstitucional para simplificar y estandarizar la información que los proveedores del Estado envían a través del Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvieron una reunión para avanzar en la estandarización de los datos que estos proveedores generan y que son recolectados por el MEF de todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE) conectados al Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE).
Según indicaron, el trabajo conjunto permitirá sistematizar procesos, optimizar la gestión pública y mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, y a su vez permitirá avanzar hacia la estandarización y uniformidad de la información almacenada de los proveedores de bienes y servicios del Estado.
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Por otra parte, este tipo de articulaciones entre ambas instituciones ayudará a las cuentas del MEF a la sistematización de sus procesos y a la mejora en los servicios.
En encuentro se llevó a cabo en el Museo de Economía, con la participación de equipos técnicos de la Gerencia Ejecutiva y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC).
Facturación electrónica
En Paraguay existen dos vías principales para emitir facturas electrónicas. En primer lugar, el Sistema E-kuatia´i, que está diseñado para pequeños facturadores, este sistema requiere contar con un único establecimiento, un solo punto de expedición y una firma electrónica, la cual es otorgada gratuitamente por la DNIT.
En segundo lugar, está el Sistema E-kuatia, que está orientado a medianas y grandes empresas. Implica el desarrollo de un software que cumpla con las especificaciones técnicas de la DNIT para la remisión de los documentos electrónicos tributarios al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional.
Cabe recordar que el SIFEN es un sistema que permite emitir, recibir, validar, almacenar y consultar documentos tributarios electrónicos.
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Salud y educación concentran la mayor parte del gasto social de este gobierno
El gobierno del presidente Santiago Peña ha realizado una importante inversión en lo que respecta al Gasto Social; sobre todo dirigido a las áreas de educación y salud, que concentraron el 58 % de los G. 22,3 billones ejecutados, con un incremento interanual del 5 % y una expansión en casi todos los sectores.
Conforme al informe que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cierre de julio, resalta que la mayor participación correspondió al sector educativo, que contempló el 33 % del total, equivalente a G. 7,3 billones, con un incremento del 9 %.
Destacan que estos recursos fueron destinados de forma prioritaria a los servicios educativos en sus distintos niveles y a la alimentación escolar, a través del programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.
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En lo que respecta al ámbito de la Salud que fue del 25 %, el informe emitido por la cartera estatal refiere que el crecimiento se radica en un aumento de 14 %, comparado con el mismo mes del 2025, desembolsos con destino, principalmente, a fortalecer la atención sanitaria de servicios esenciales, abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, apoyo a la red de servicios de salud y honrar los compromisos pendientes en dicho sector.
Pensión Universal
Asimismo, el reporte de la cartera del Tesoro señala que el sector de Promoción y Acción Social registró un crecimiento del 10 % y una incidencia del 21 % por G. 4,7 billones, impulsado principalmente por la expansión del programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, que mantiene una ejecución de mayores recursos con la incorporación de nuevos beneficiarios.
Finalmente, por el lado de seguridad social, se situó en 17 % trasladado en G. 3,8 billones y resto del gasto con 4% por G. 709 mil millones.
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Paraguay busca acelerar compromisos para avanzar en su Programa País ante la OCDE
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones públicas para coordinar y acelerar la implementación del Programa País de Paraguay ante la OCDE.
El taller contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República (CGR) y tuvo como objetivo revisar los compromisos asumidos, compartir experiencias y establecer una hoja de ruta que permita avanzar de manera coordinada en esta agenda.
La gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación del MEF, Nathalia Rodríguez, destacó que el acercamiento a la OCDE representa una oportunidad para evaluar las políticas e instituciones paraguayas frente a estándares y buenas prácticas internacionales, además de identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades del Estado.
“Paraguay atraviesa un momento especialmente propicio para profundizar su proceso de transformación institucional y consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, al crecimiento económico inclusivo y, sobre todo, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, afirmó Rodríguez-
Remarcó que la implementación del Programa País no depende de una sola institución, sino de una participación coordinada y sostenida de las entidades involucradas. En ese sentido, señaló que los compromisos deben traducirse en acciones concretas, con responsables definidos, plazos claros y mecanismos de seguimiento.
El objetivo del taller fue precisamente avanzar en esa coordinación interinstitucional y ordenar los esfuerzos necesarios para cumplir oportunamente con los compromisos asumidos por Paraguay.
La representante del MEF planteó que el trabajo permita construir una hoja de ruta para los próximos meses y años, que facilite el seguimiento de las acciones y dé continuidad al proceso.
El encuentro también contó con la participación del representante residente del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, y la directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Renata Cristaldo Oviedo.
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Gasto social se elevó 5 % en lo que va del año, reporta Economía
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer los datos de la ejecución del Gasto Social al mes de julio de este ejercicio. La inversión en Salud es el principal factor que impulsó la erogación estatal.
El cumplimiento acumuló G. 22,3 billones al séptimo mes, registrando un incremento interanual del 5 %, equivalente a G. 1,2 billones más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos oficiales reportados por la cartera estatal.
Como se mencionó anteriormente, el aumento fue impulsado, principalmente, por el crecimiento de la inversión en Salud, cuya ejecución aumentó 14 % respecto a julio de 2025. Este desempeño refleja el fortalecimiento de la atención sanitaria mediante la continuidad de los servicios esenciales, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y el apoyo a la red de servicios de salud, contribuyendo además al cumplimiento de los compromisos asumidos por el sector.
Acción social
Además, el sector de Promoción y Acción Social registró un crecimiento del 10 % explicado, principalmente, por la expansión de la Pensión Universal para Adultos Mayores. Por su parte, el sector Educación presentó un incremento del 9 % en su nivel de ejecución, destinado principalmente al fortalecimiento de los servicios educativos en sus distintos niveles y a la alimentación escolar mediante el programa Hambre Cero.
Con relación a la composición del Gasto Social, la mayor participación concentra el área de Educación con el 33 % del total ejecutado, equivalente a G. 7,3 billones. Le sigue el sector Salud, con el 25 % y un cumplimiento de G. 5,6 billones.
A su vez, los sectores de Promoción y Acción Social y Seguridad Social representan el 21 %, unos G. 4,7 billones y el 17 % equivalente a G. 3,7 billones, respectivamente de lo ejecutado.
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El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.