Argentina deci­dió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupa­ción en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidro­carburos.

Si bien proponen otros 10 puertos alternati­vos, desde el Centro de Arma­dores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unila­teralidad de la decisión y su impacto negativo en el sumi­nistro energético del país y la región. La Agencia de Recau­dación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resol­vió suspender las operacio­nes de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 déca­das Paraguay realiza el trans­bordo de hidrocarburos entre buques bajo supervisión adua­nera correspondiente.

El argu­mento esgrimido por la insti­tución argentina es que el área en cuestión no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros 10 puertos para que los buques paraguayos puedan hacer los transbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Los armadores paraguayos rechazaron la postura adop­tada por el vecino país, seña­lando que incurrieron en una “interpretación errónea” de la Ley 24093, de actividades portuarias, y que desconoce la competencia de la Prefec­tura Naval Argentina sobre las zonas de alijo y “contra­dice décadas de práctica ope­rativa consolidada, segura y eficiente”. “Esta medida, adoptada sin consulta previa ni evaluación de impacto, pone en riesgo la continuidad del suministro de combustibles de Paraguay”, reza el comuni­cado de Cafym.

Desde Cafym señalan que la disposición argentina trae pro­blemas para la logística y trans­porte de combustibles. En ese sentido, enumeraron cinco problemáticas que traería el “traslado forzoso” de las ope­raciones a terminales del río Paraná de las Palmas. En pri­mer lugar, citaron un aumento de más de 8 días en tiempos de reposición de combustibles, así como un incremento de hasta el 70 % en la logística fluvial de abastecimiento.

Ante suspensión de operaciones en Paraná Guazú, Cámara de Comercio solicita que medida sea reconsiderada.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Para­guay (CNSP) expresó su pre­ocupación ante la suspensión de las operaciones de trans­bordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.

“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, ten­drá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediable­mente, a lo largo de una gigan­tesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indi­caron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.

Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

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El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área en cuestión no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros 10 puertos para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Los armadores paraguayos rechazaron la postura adoptada por el vecino país, señalando que incurrieron en una “interpretación errónea” de la Ley 24.093, de actividades portuarias, y que desconoce la competencia de la Prefectura Naval Argentina sobre las zonas de alijo y “contradice décadas de práctica operativa consolidada, segura y eficiente”.

“Esta medida, adoptada sin consulta previa ni evaluación de impacto, pone en riesgo la continuidad del suministro de combustibles de Paraguay”, reza el comunicado de Cafym.

Desde Cafym señalan que la disposición argentina trae problemas para la logística y transporte de combustibles. En ese sentido, enumeraron cinco problemáticas que traería el “traslado forzoso” de las operaciones a terminales del río Paraná de las Palmas.

En primer lugar, citaron un aumento de más de 8 días en tiempos de reposición de combustibles, así como un incremento de hasta el 70 % en la logística fluvial de abastecimiento. También señalan riesgos de congestión, incidentes operativos y mayores impactos ambientales.

Asimismo, refieren que implicaría realizar alijes o transbordos adicionales y operar en zonas sin infraestructura adecuada y que el impacto sería directo en el precio final de los consumidores.

“El abastecimiento de combustibles del Paraguay no puede quedar rehén de decisiones unilaterales que afectan el interés público regional, sobre todo considerando la mediterraneidad geográfica de nuestra República”, fustigaron desde Cafym.

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Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

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Señaló que dichos elementos en 2024 llegaron al 10 %, porcentaje mínimo para considerar la suba del peaje, y que se realizó el reajuste en dos etapas, a saber, el 1 de enero de este año y el 1 de julio pasados, subiendo G. 1.000 en ambas ocasiones. Este domingo 6 de julio, se realizará el nuevo aumento.

“El precio del dólar, el IPC, el precio de la maquinaria, el precio del asfalto. Se hace una revisión, aplicado en esa fórmula, cada elemento tiene una ponderación y cuando esos elementos supera el 10%, se aplica el ajuste”, explicó la funcionaria a la 780 AM.

Con la modificación de precios, los vehículos de la categoría 1, es decir aquellos con doble eje como automóviles, camionetas y furgones, pagarán G. 19.000, mientras que los de categoría 2, que tiene un eje adicional como remolques, abonarán G. 32.000.

Los de la categoría 3, que incluyen tractores y ómnibus, pagarán G. 32.000, y los de la categoría 4, camiones y ómnibus con 3 ejes tendrán un peaje de G. 56.000. En la categoría 5, que incluye a los tractores o remolques y semirremolques de 4 ejes, abonarán G. 68.000.

Las categorías 6 y 7 incluyen a vehículos pesados de 5 y 6 ejes, que pagarán desde el domingo G. 74.000. Las motos, bicicletas a motor y las motonetas, tendrán un peaje de G. 8.000.

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