La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó a todos los contribuyentes, profesionales contables y auditores externos tributarios, que la institución se encuentra realizando controles masivos, mediante el análisis y cruce de información utilizando herramientas tecnológicas de Big Data.

“Estos controles cumplen una función fiscalizadora, ya que permiten detectar incumplimientos tributarios o la utilización de facturas de manera ilícita por terceros sin conocimiento del contribuyente”, explican desde Ingresos Tributarios.

Indican que al mismo tiempo, cumplen una función preventiva, al facilitar la depuración de datos en los registros tributarios. Representan además una oportunidad para regularizar la situación tributaria, corregir errores en los registros contables y validar la tarea de los profesionales contables contratados por las empresas o personas físicas.

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Así mismo, recuerdan que mediante esta estrategia, ya se han evidenciado irregularidades que motivaron denuncias formales por parte de contribuyentes ante las instancias correspondientes, dando lugar a acciones del Ministerio Público.

En ese sentido, la DNIT llama a los contribuyentes a mantener sus registros tributarios ordenados, a evitar la participación en esquemas de evasión y a denunciar cualquier hecho irregular a través de los canales habilitados.

“El cumplimiento tributario voluntario no solo previene sanciones, sino que también contribuye al desarrollo del país. La DNIT reafirma su compromiso con un sistema tributario justo, moderno y transparente”, finaliza la comunicación de la DNIT.

El Big Data es un término en inglés que significa “Enorme volumen” de datos estructurados y no estructurados que se generan y recopilan a una velocidad “luz” en el mundo digital. Los mismos provienen de varias fuentes, como redes sociales, sensores, dispositivos móviles, aplicaciones y sistemas empresariales.

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• Brasilia, Brasil. AFP.

La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.

El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.

El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.

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Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.

Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.

Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.

Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.

El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.

El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.

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La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.

El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.

El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.

En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley mediante el cual se contrata un préstamo de hasta USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en beneficio de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Tras el visto bueno del Senado, la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.

La propuesta, contaba con el dictamen positivo de las Comisiones de Hacienda y de Cuentas y Control. La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de esta última, indicó que ambas comisiones mantuvieron una reunión en conjunto y luego de analizar el proyecto, decidieron dictaminar por la aprobación.

“Este proyecto tiene por objetivo modernizar y fortalecer la capacidad institucional de la DNIT, integrando procesos tributarios y aduaneros, mejorando la tecnología y capacidad del personal”, explicó por su parte el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda, quien dio detalles sobre la utilización que se dará a estos recursos.

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Según expuso el parlamentario, se contempla la implementación de modelos de facilitación de cumplimientos tributarios, controles masivos y modificación del Registro Único del Contribuyente (RUC), la plataforma tecnológica, datos y seguridad de la información que abarca la transformación digital de la DNIT.

“Desarrollo de sistemas de información y estrategias de ciberseguridad y la mejora de capacidades institucionales y gestiones de talentos humanos. En lo referente a los componentes de financiación, el plazo de desembolso será de seis años. En tanto, la distribución de los recursos se realizará de acuerdo a varios ítems”, expuso.

El proyecto estipula destinar USD 8,7 millones al fortalecimiento de procesos, USD 15,9 millones a las plataformas tecnológicas, USD 2,8 millones a las capacidades institucionales, USD 2,6 millones a gestión de programas. Con este préstamo también, se ampliará el presupuesto general del 2025 y ascenderá al monto de G. 6.644 millones. “Desde nuestro punto de vista, este programa se justifica plenamente. apuntando al afianzamiento de la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Aduanas”, concluyó Ovelar.

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La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos de Hombre y la Mujer, desarrolla en la fecha una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”, presentado por varios diputados.

La presidenta de esta mesa asesora la diputada Rocío Abed indicó que siempre se está discutiendo sobre la necesidad o no de reglamentar y establecer un marco legal sobre la inteligencia artificial, que está trayendo la globalización.

“La IA puede ser positiva como negativa dependiendo del enfoque que se adopte como sociedad. Es conveniente el desarrollo de una legislación porque puede fomentar el desarrollo de la investigación y de la inteligencia artificial, así como garantizar el acceso equitativo a sus beneficios. Igualmente, debe promover la soberanía nacional y competitividad en este contexto globalizado”, explicó.

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Recordó la referencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio que hizo referencia a Paraguay y su potencial energético y a su vez vinculado a la IA; ya que cuenta con un importante excedente de la energía eléctrica que podría ser de interés de grandes inversionistas en el desarrollo de la IA, así como de tecnologías emergentes en el país.

“Este proyecto de Ley que está a discusión representa una propuesta visionaria, soberana y estratégica que permite aprovechar la ventaja geopolítica única, abierta por el reconocimiento de los Estados Unidos”, enfatizó.

La diputada Abed recordó que en paralelo a este debate, también se está llevando adelante el estudio de la Ley de Datos Personales, que actualmente cuenta con media sanción de Diputados, otorgados recientemente y que son temas de la agenda legislativa. Indicó que están estrechamente vinculados a la propuesta de legislación sobre las IA.

El diputado Rodrigo Gamarra, uno de los proyectistas de la regulación de la IA, señaló que se plantean alternativas de discusión sobre un marco teórico para darle forma a este tema que es la IA, que de a poco va a formar parte de la cotidianeidad de las personas a través de sus celulares.

“La IA es algo transversal que se puso en nuestro camino, es algo imposible de evitar y debemos transitar a través de ella. La idea con este proyecto es darle un marco regulatorio, a fin de ser parte de este desafío para que sea verdaderamente útil a nuestro país”, explicó.

Mencionó que la IA puede ser adaptada a las necesidades que hoy se tienen, brindando soluciones a corto plazo a muchos problemas que se vienen padeciendo desde hace muchos años.

Indicó que se busca una Ley que proteja a las personas, proteja sus datos personales, que incentive el uso de la IA, fomente a los desarrolladores, y sobre todo, se pueda tener a gente especializada en el país, porque existe la capacidad en el capital humano, pero lo que falta es incentivarlo y fomentarlo.

“El gobierno nacional ha demostrado desde todas luces que está abocado en que el desarrollo del país llegue lo más pronto posible. Por eso, creo que el Mitic será un aliado estratégico para poder llevar adelante esta iniciativa”, comentó.

En tanto, el ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, valoró el desarrollo de la audiencia pública como una herramienta para poder escuchar a diferentes sectores y poder entender cómo impacta la IA en la sociedad.

Al respecto, resaltó algunos puntos relevantes, como ser que la regulación siempre va a estar detrás de la innovación y en materia de IA están en la parte inicial de lo que podría llegar a ser y cómo podría impactar en varios aspectos, como educación, salud, seguridad, entretenimiento.

No obstante, señaló que existen etapas que deben ser superadas, por eso, la importancia de contar primero con una Ley de Protección de Datos, que cuenta con media sanción de Diputados y está en estudio en el Senado.

“Debemos entender los cambios que se pudieran dar en otros proyectos de ley que son complementarios o que dependen del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales; que en el caso de las IA dependen totalmente de los datos y del tratamiento del mismo”, indicó.

Indicó que igualmente están trabajando en otras propuestas regulatorias, y que este proyecto de Ley de IA, quieren que sea el primer paso, una herramienta, de un sandbox regulatorio que han visto que nunca se ha planteado en el país.

Explicó que un sandbox regulatorio es un entorno controlado creado por las autoridades regulatorias para permitir que empresas, especialmente startups y fintechs, prueben productos, servicios o modelos de negocio innovadores en un mercado real, pero con ciertas flexibilidades regulatorias y bajo supervisión.

“Sandbox viene del inglés arenero, donde juegan los niños. Refiere entonces, a ese entorno controlado. El objetivo es fomentar la innovación, permitiendo experimentar sin cumplir inicialmente con todas las regulaciones estrictas, mientras se protege a los consumidores y se evalúan los riesgos”, acotó.

Mencionó que existen una serie de proyectos regulatorios que deben ser analizados, pero siguiendo un orden. Por tanto, sancionar una Ley de Protección de Datos Personales, luego un sandbox regulatorio que permitirá comprender mejor el impacto regulatorio de una herramienta innovadora como es la IA, y tercero analizar los elementos que están ahí. "El orden en que salgan es importante, las discusiones se pueden tener indistintamente en cualquier orden", acotó.

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