La construcción de infraestruc­tura llevada a cabo como obras públicas es un motor para que la economía adquiera su rol prota­gónico, dinámico y de este modo influya sobre el comercio, la producción y la industria. Las obras de infraestructura, como sabemos, afectan la competitividad, reducen los costos logísticos, atraen inver­sión y todo ello finalmente son propicia­doras de puestos laborales directos e indi­rectos, de fuerte impacto en cualquier país y más en uno como el nuestro en categoría de emergente.

De manera que si desea multiplicar la acti­vidad privada, entonces, una de las mane­ras precisamente de conseguir ese objetivo se encuentra en la construcción de obras de infraestructura pública sin demoras y atrasos. Las obras que ya se hicieron y se están haciendo en este gobierno impul­san e impulsarán todavía más la contra­tación de mano de obra, fomentando sec­tores como el uso intensivo del cemento, más aun tomando en cuenta que Paraguay cuenta con una empresa estatal y otras privadas de excelencia dedicadas a este rubro.

Las dilaciones en las obras públicas en general no hacen más que afectar a los sec­tores involucrados en la economía, afec­tando a la población tanto en el lugar de modo directo donde se realizan los traba­jos como en otros lugares de modo indi­recto dado su efecto multiplicador. Es por ello que no hay tiempo para las demoras. La dedicación y la creatividad tienen que ser total, por ejemplo, cuando se trata de cubrir las deudas que existen y que pueden ser subsanadas con medidas modernas acordes a las necesidades que tenemos.

Al respecto, consideramos plausible que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas haya planteado a las empresas vialeras el régimen del fac­toring como medio de pago expeditivo y seguro y de ese modo impedir mayores inconvenientes en las tareas de construc­ción.

Importantes sectores involucrados como la Cámara de la Industria de la Construc­ción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) recibieron con beneplácito esta iniciativa del Gobierno. Las deudas contraídas junto con el difícil acceso al financiamiento en el sistema financiero, es cierto, son un obstáculo, pero que sin embargo bien podría ser subsanado con la mencionada medida propuesta por el Gobierno.

La toma de decisiones luego del respec­tivo y profundo análisis requiere de con­ciliar la buena voluntad así como de dotar a los protagonistas de la debida certidum­bre y seguridad, elementos indiscutibles que por medio del factoring pueden ser logrados. Esta medida cuenta, además, con garantía soberana, permitiendo a las empresas ceder sus facturas a una entidad en el sistema financiero para así recibir el pago anticipado.

Corresponde hacer el debido énfasis en lo siguiente. Que la utilización del facto­ring para saldar las deudas y pagar nuevos financiamientos son posibles debido a que nuestro país cuenta con una legislación en la materia. La Ley 6542 del año 2020 precisamente establece el régimen jurí­dico financiero del factoring con garantía soberana. Esto implica que una empresa determinada puede ceder sus facturas o derechos correspondientes a un cesiona­rio, generalmente una entidad financiera, y de ese modo lograr la liquidez necesa­ria, mientras se gestionan los pagos del Estado.

Sobre este tema en específico, no podemos sustraernos de la actual realidad interna­cional. El conflicto bélico suscitado apenas días atrás en Medio Oriente no se limita, tal como se ha visto, a tres países: los Esta­dos Unidos, Israel e Irán. Es mucho que esto. El comercio internacional puede ser gravemente afectado dado que el trans­porte de commodities de vital importancia como el petróleo y el gas pasa por el Estre­cho de Ormuz, una zona que, si bien no es muy amplia geográficamente hablando, guarda un alto interés estratégico para la economía global.

Por tales y suficientes motivos esbozados en este espacio, en nuestro país debemos seguir apostando por las obras de infraes­tructura, por lo que sería un error grave que las mismas no sigan realizándose. Está en juego y no solo en el largo plazo, sino que también a corto plazo, la compe­titividad, la inversión y la reducción de los costos logísticos que el Paraguay requiere para seguir creciendo. Para las obras de infraestructura, se tiene que dar impulso, y cuanto antes mejor, al factoring.

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, ante publicaciones periodísticas que cuestionan la utilización del rubro 915 “Gastos Judiciales” por parte de la previsional para honrar deudas arrastradas de administraciones anteriores.

En el primer punto, la Dirección Jurídica del IPS aclara a los asegurados y a la ciudadanía en general que han procedido a la regularización de manera legal de las deudas heredadas.

El documento señala que la actual administración, al asumir en agosto del año 2023, halló múltiples solicitudes de pago por servicios efectivamente prestados durante gestiones anteriores. Pero los cuales fueron realizados fuera de la vigencia de los contratos correspondientes, aseguran desde la institución.

“Anteriormente, estos pagos se realizaban de forma irregular bajo el rubro de “Indemnizaciones” (845), en ocasiones sin los controles de auditoría necesarios”, expresa el comunicado.

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El segundo punto se refiere al control ejercido bajo el rubro 915 con miras a garantizar la transparencia del proceso.

“Para corregir estas prácticas, la actual administración, al inicio de su gestión, suspendió todos los pagos pendientes, hasta realizar verificaciones exhaustivas caso por caso”, informa la previsional.

Añade que procedieron de dicha forma, siguiendo la recomendación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Dictamen No. 18/2023, por el cual se estableció que el mecanismo jurídico correcto para regularizar estas prestaciones es el uso del objeto del gasto 915 correspondiente a “Gastos Judiciales”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento en nombre del Gobierno de la República del Paraguay, mediante el cual condena enérgicamente la agresión iraní a los Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Qatar, al Reino de Bahréin, al Estado de Kuwait y al Reino Hachemita de Jordania.

En el mismo sentido, la Cancillería Nacional reafirma su solidaridad con los Gobiernos y pueblos mencionados, en medio de un ataque de represalia que realiza el ejército iraní en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos en el país, ordenado pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington, destinadas a evitar un conflicto.

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En tanto, la Embajada de Paraguay en Qatar exhortó a la máxima precaución a los compatriotas residentes en este país. El embajador José Agüero, que igualmente es concurrente ante Kuwait, Omán y Egipto, instó a todos los compatriotas a no salir de sus casas bajo ninguna circunstancia.

A través de las redes sociales, igualmente se emitieron sendos comunicados, de diversas representaciones diplomáticas de varios países, en los que insta a sus connacionales a tomar máximas medidas de seguridad, y procurar el resguardo correspondiente.

Cabe señalar que este sábado, Qatar fue objetivo de ataques iraníes en respuesta al bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán lanzó misiles balísticos y drones dirigidos principalmente a la base aérea Al Udeid.

No obstante, el ministerio de Defensa de Qatar confirmó que interceptó múltiples oleadas de misiles iraníes antes de que impactaran en territorio qatarí, según un plan de seguridad coordinado.

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En un comunicado a la opinión pública, ante la serie de declaraciones del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM) propaladas en diversos medios de comunicación, el Centro de Maquinistas Navales pone a conocimiento de la opinión pública en general cuanto sigue:

Nos encontramos ante una campaña de manipulación de los medios masivos de comunicación por parte del CAFYM, donde bajo la apariencia de entrevistas informativas hay una campaña de publicidad tendenciosa y malintencionada con una única finalidad: la de elevar exponencialmente la oferta laboral en el sector naviero, particularmente en el área de máquinas, con la inocultable intención de reducir los ya mermados y desfasados salarios de los oficiales de máquinas calificados y habilitados conforme la legislación fluvial y marítima que actualmente se encuentran sin empleo y en condiciones de ser contratados.

Desde el Centro de Maquinistas Navales queremos ser bien claros: No existe escasez de mano de obra en el sector de máquinas en nuestro país. Esta nucleación cuenta con una lista de profesionales titulados e idóneos para cubrir las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

En su afán de sobrecargar el mercado laboral para forzar una disminución salarial, el CAFYM propone medidas completamente fuera de lugar, como la implementación de “cursos de nivelación” para ingenieros electromecánicos. Tal planteamiento desconoce un aspecto esencial de la carrera fluviomarítima: la formación de un maquinista naval no se limita a la preparación académica, sino que exige tiempo efectivo de navegación y el cumplimiento de los períodos mínimos requeridos para cada ascenso.

La idoneidad profesional en el área de máquinas se construye no solo en el aula, sino fundamentalmente a bordo, enfrentando contingencias reales y asumiendo progresivamente mayores niveles de responsabilidad. Pretender equiparar, mediante simples cursos teóricos, a profesionales que no cuentan con el tiempo de embarque exigido implica desconocer la naturaleza misma de la carrera naval y los estándares técnicos que la rigen.

Asimismo, corresponde señalar que la Prefectura General Naval establece los tiempos mínimos de embarque, experiencia y formación requeridos para cada ascenso conforme a las disposiciones de la Organización Marítima Internacional y, en particular, del Convenio STCW (Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar), Cualquier intento de acortar o eludir los tiempos de embarque y experiencia requeridos vulnera no solo la normativa nacional, sino también conveniosinternacionales.

A través de mucho sacrificio, formación profesional y años de embarque, los maquinistas navales paraguayos son considerados los más calificados de la Hidrovía Paraguay Paraná. Esta reputación ganada no tardaría en desmoronarse si por la avaricia de los armadores fluviales se habilita a personas que no conocen la actividad fluvial a dirigir el sector de máquinas de un remolcador.

El Centro de Maquinistas Navales no rehúye la competencia; su verdadera preocupación es la seguridad de tripulación, el buque y la carga transportada, lo que no está garantizado si se autoriza a embarcar a personas que a pesar de su formación como ingenieros desconocen por completo la actividad fluviomarítima por no contar con la pericia y experiencia necesarias para hacer frente a las numerosas contingencias propias de esta actividad tan particular.

De ahí que el resultado de la iniciativa del CAFYM impactará de manera negativa en la imagen de todo el sector y sobre todo elevará el riesgo de accidentes, contaminaciones y sanciones de otros países.

Todos los ingenieros electromecánicos que deseen dedicarse a la profesión de maquinista naval son bienvenidos a hacerlo; sin embargo, su ingreso debe cumplirse mediante el inicio en la carrera fluviomarítima; es decir, a través de los cursos en la escuela náutica e iniciando su carrera como personal subalterno, para luego ir ascendiendo progresivamente hasta llegar al grado de oficial de máquinas.

Únicamente esa experiencia acumulada es la que permitirá conocer a fondo las contingencias que se presentan día a día durante las travesías, garantizará la seguridad de la navegación y permitirá que Paraguay continúe enarbolando el título de país con los mejores maquinistas navales de la Hidrovía Paraguay Paraná.

Para finalizar, el Centro de Maquinistas Navales reitera y enfatiza que el ejercicio responsable de la libertad de prensa presupone dar espacio a todas las partes involucradas, incluso a aquellas que no compran espacios en los medios; no solamente a corporaciones poderosas que tan solo buscan desinformar a la opinión pública y a las autoridades para obtener saturar el mercado laboral del sector de máquinas con personas inidóneas para desempeñar esta actividad.