Tras un año de preparación, finalmente este lunes 30 de diciembre se implementarán las tobilleras electrónicas, que estarán a cargo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec), dependiente del Sistema 911 de la Policía Nacional. Hernán Escobar, director del Sistema 911, explicó que se hará el lanzamiento oficial de una primera tanda de 20 dispositivos a petición de los juzgados.

Remarcó que este tiempo de espera sirvió para que la Policía Nacional cuente con la capacidad de brindar respuesta inmediata ante las alertas, gracias a los nuevas patrulleras, así como a la suma de los nuevos agentes policiales, así como el refuerzo de los efectivos del grupo Lince.

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“Hoy contamos con los recursos para brindar una respuesta adecuada. Porque la capacidad de reacción va ser el que determine el éxito del sistema. Por de pronto vamos a arrancar con 20 tobilleras electrónicas por mes. Nosotros ya contamos con un protocolo de reacción, porque más allá de la tecnología, el secreto está en la capacidad de reacción ante cada escenario que salte el alerta”, comentó a la 1020 AM.

Escobar explicó que la persona que está con el beneficio de prisión domiciliaria tendrá un perímetro del que no podrá salir; en caso que viole ese perímetro, la policía deberá actuar de manera inmediata, para todos los hechos que se puedan dar. “Se tiene protocolo de acción, porque debe haber efectivos protegiendo a la victimas y otro grupo detrás del infractor. En cualquiera de los casos, nosotros tenemos que tener la capacidad de reacción inmediata”, remarcó.

Recordó que el objetivo principal de la implementación de estos dispositivos es evitar que sucedan más casos de feminicidio, teniendo en cuenta que la cantidad de denuncias de violencia familiar alcanza niveles de pandemia. Aclaró que en este tema de la implementación de este nuevo sistema de uso de tobillares será como “bueyes arando”, ya que el Paraguay no cuenta experiencia directa en la implementación de este sistema.

“Nosotros no tenemos experiencia, hemos aprendido de las experiencia de Uruguay y Chile, pero no es lo mismo ver, que estar en el campo. Entonces, una vez que estemos en el campo de acción y veamos lo que vaya pasando iremos ajustando ese protocolo de acción e iremos creciendo”, comentó. Esto se irá tramitando de acuerdo a los pedidos que presenten las autoridades judiciales. Por la Ley 5863 se conformó el Simdec, con la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, ministerios de Justicia, Interior y Defensa Pública, y Policía Nacional. “Las 6 instituciones trabajamos en la misma mesa, y conversamos para que esto se desarrolle de manera efectiva”, acotó.

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El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, habló respecto a la implementación de las tobilleras electrónicas, cuya aplicación comenzará este lunes 30 en un plan piloto. La intención es que cada vez más personas puedan acogerse a este beneficio por lo que irán extendiendo los casos en que su uso podrá ser designado.

“Más adelante se podría utilizar también en las personas condenadas que tengan algún beneficio penitenciario como las salidas transitorias o la libertad condicional, a los efectos de tener un mayor control sobre estas personas”, explicó Benítez en conversación con la 650 AM.

El viceministro señaló que en medio del plan piloto, inicialmente unas 10 personas podrán acogerse al uso de las tobilleras y estará destinado exclusivamente a aquellos casos en los que exista un régimen de alejamiento o hechos punibles vinculados a los casos de violencia familiar. Posteriormente, se ampliará a otros hechos punibles.

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“Posteriormente van a tener la posibilidad de utilizar en todos los hechos punibles que sean delitos y que permitan aplicar una medida alternativa a la prisión. Por de pronto se iniciará aplicando en unas 10 personas y es el Ministerio el que está a cargo de todo esto, en tanto, es el Poder Judicial el que determina quiénes van a ser beneficiarios de estas tobilleras”, expresó.

El uso de las tobilleras tiene un costo mensual que debe ser abonado por la persona que la utiliza. En el caso de que no disponga de recursos, tendrá que declararse insolvente a los efectos de que el Estado pueda proporcionarle estos elementos. No obstante, se realizará una verificación de la vivienda de la persona, de sus ingresos económicos e historial comercial para determinar si efectivamente está imposibilitado a hacerse responsable del costo que supone.

“En principio toda aquella persona que cometa un hecho punible, que esté estipulado como delito y tenga como posible una medida alternativa a la prisión, van a poder utilizar estas tobilleras”, reiteró y a esto añadió, “es una parte más para asegurar el cumplimiento de las leyes, el fiel acatamiento de lo determinado por el juez y que no aprovechen más para la realización de hechos punibles”.

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El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, indicó que la implementación de las tobilleras electrónicas comenzará el lunes 30 de diciembre, con la finalidad de monitorear a las personas que cuenten con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción.

“El Ministerio del Interior es la institución encargada de llevar adelante esta iniciativa y nosotros como Ministerio de Justicia formamos parte del equipo. Estos aparatos no solo generarán beneficios para las personas que podrán acceder a las mismas, sino también para todo el sistema de justicia y el sistema penitenciario“, dijo al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde el lunes cualquier juez podrá disponer el beneficio de la tobillera electrónica para el procesado que reúna las condiciones. El precio del equipo es de G. 2.050.000, pero en caso de declararse insolvente, el magistrado puede determinar que el Estado asuma el costo.

“En este plan piloto tengo entendido que se iniciará con unas 10 o 20 personas que se encuentran dentro de un proceso y cuenten con ordenes de alejamiento, restricciones. Serán implementadas para que las mismas cumplan con un arresto domiciliario o para aquellas personas que ya se encuentren con el arresto domiciliario y tengan que ir a trabajar, estarán siendo monitoreadas”, explicó el viceministro.

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En una primera etapa prevén un total de 1.000 tobilleras, que estarán disponibles de manera gradual, estimativamente para mediados de año en su totalidad. El 30 de noviembre desde la cartera de seguridad interna se informó que la provisión de las tobilleras fue adjudicada al consorcio Track Group.

“Será una herramienta más para los fiscales y jueces para poder otorgar esta medida alternativa a la prisión. Anteriormente, el problema es que no se podía tener mayor seguridad y control, razón por la cual los jueces no se animaban a otorgar medidas alternativas a la prisión. Este aparato cuenta con batería, en ningún momento debe quedar sin carga, en el caso de que quede sin batería esto va a disparar una alarma para que sean buscados”, dijo Benítez.

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• Por Aldo Insfrán, aldo.insfran@nacionmedia.com.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, brindó su informe de gestión del 2024 donde resaltó el avance tecnológico en el Poder Judicial, el récord de resoluciones judiciales, las innovaciones para protección de los niños, niñas adolescentes; y el carnet digital para auxiliares de justicia. Así también, el primer juicio oral y público en lengua de señas, que marcó un importante precedente en accesibilidad judicial, fortaleciendo la inclusión en el sistema judicial.

Benítez Riera, destacó los esfuerzos realizados para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial paraguayo. Acompañaron al titular de la Corte, los vicepresidentes primero y segundo de la máxima instancia judicial, Gustavo Santander Dans y Alberto Martínez Simón, respectivamente, así como los ministros César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.

El alto magistrado mencionó los logros alcanzados durante el año 2024 y se refirió a las medidas adoptadas para enfrentar los desafíos, entre ellas la expansión de la implementación del Expediente Judicial Electrónico, la puesta en funcionamiento del Carnet Digital para los Auxiliares de Justicia, el cumplimiento de metas de producción de resoluciones judiciales y el mejoramiento de las oficinas técnicas de apoyo, entre otros.

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La Corte Suprema de Justicia emitió este año 57 decretos, de los cuales 13 corresponden a designaciones de magistrados, defensores y agentes fiscales. Asimismo, se dictaron 668 resoluciones y 25 acordadas. Se realizaron 49 sesiones plenarias ordinarias y 4 sesiones plenarias extraordinarias. A octubre de 2024 prestaron juramento 3.587 profesionales.

A nivel país se registraron un total de 752.611 resoluciones, superando en un 101% la meta planificada de 744.857 resoluciones. A través de sus tres Salas (Constitucional, Civil y Comercial, y Penal) y sus cuatro secretarías, la Corte registró durante este año un total de 4.481 juicios iniciados, 4.317 autos interlocutorios y 2.144 acuerdos y sentencias. Asimismo, el Tribunal de Cuentas reportó la apertura de 852 juicios, junto con la emisión de 1.001 autos interlocutorios y 302 acuerdos y sentencias.

La gestión de este periodo estuvo guiada por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, que permitió implementar proyectos prioritarios, cumpliendo objetivos en todas las áreas estratégicas, indico el alto magistrado. También puntualizó que en dicho informe se observan avances trascendentes en el proceso de consolidación y modernización del sistema justicia paraguaya para brindar un mejor servicio a la población.

Además, resaltó la importancia de continuar robusteciendo el sistema judicial de Paraguay a través de la incorporación de herramientas tecnológicas, la capacitación continua del personal y la colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Añadió que un ejemplo tangible de este avance es la expansión del Expediente Judicial Electrónico en circunscripciones judiciales como Alto Paraguay, siendo la primera en operar 100% digitalmente.

Igualmente en lo que respecta al acceso a la justicia de manera pronta, ágil y eficaz, se desarrolló el Sistema de Expedición de Carnet Digital para Auxiliares de Justicia, que incluye todos los datos necesarios para la identificación del profesional, además de sistemas de seguridad que garantizan la protección de la información contenida.

El proceso para la implementación de la gestión digital en la Secretaría Judicial II de la Sala Civil y Comercial de la máxima instancia judicial. Se destaca la expansión del trámite judicial electrónico en segunda instancia en diversas circunscripciones. Innovación sobre la generación de informes sobre agresores sexuales, también en línea, facilita la obtención gratuita del documento.

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Se celebró el primer juicio oral y público en lengua de señas, que marcó un importante precedente en accesibilidad judicial, fortaleciendo la inclusión en el sistema judicial. Reafirma el compromiso del Poder con el acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, alineándose con las 100 Reglas de Brasilia.

Se llevó a cabo el lanzamiento de una plataforma en línea que permite obtener de forma gratuita el Certificado de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes (RAS). Se elimina la necesidad de acudir a una sede judicial. En el año se emitieron 68.848 certificados a través de esta plataforma.