Al cierre de septiembre de 2026, las cuentas de la Administración Central registraron un déficit equivalente al 2 % del PIB. Aunque la recaudación tributaria aumentó, los ingresos de las binacionales cayeron y el gasto público creció 11,2 %.

El Estado paraguayo acumuló un déficit fiscal de G. 7,82 billones (USD 1.257,8 millones) hasta septiembre de 2026, según el Informe de Situación Financiera (Situfin) presentado por el Ministerio de Economía y Finananzas (MEF). Esto significa que los gastos del Gobierno superaron sus ingresos durante el periodo, en un escenario marcado por una recaudación moderada y mayores desembolsos en áreas prioritarias.

Los ingresos totales crecieron apenas 1,6 en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto público aumentó 11,2 %. La diferencia entre ambos ritmos explica la presión sobre las cuentas fiscales.

Más recaudación, pero menos ingresos de las binacionales. La recaudación tributaria aumentó 2,4 %, impulsada principalmente por los impuestos internos. Sin embargo, los tributos vinculados al comercio exterior disminuyeron, en parte porque la apreciación del guaraní redujo el valor en moneda local de los impuestos asociados a las importaciones.

También cayeron 17,3 % los ingresos provenientes de las entidades binacionales. En particular, los recursos por regalías y compensaciones de Itaipú disminuyeron 25,9 %, mientras que los ingresos de Yacyretá aumentaron 66,7 %.

Salud y programas sociales concentran más recursos. El gasto destinado a sectores estratégicos creció 13,4 %. Salud registró un aumento de 16,4 %; seguridad, 14 %; programas sociales, 13,9 %; y educación, 12,2 %.

Dentro de salud, el gasto en medicamentos subió 21,2 %. En septiembre también comenzó el pago de obligaciones pendientes con proveedores farmacéuticos mediante un mecanismo de cesión de derechos de cobro, por un total de G. 2,388 billones, que serán amortizados en 36 cuotas mensuales.

Las prestaciones sociales aumentaron 14,9 %, impulsadas especialmente por las transferencias para Alimentación Escolar, en el marco de Hambre Cero, que crecieron 85,5 %.

Obras públicas impulsan la inversión. La inversión pública alcanzó G. 4,998 billones (USD 807,3 millones), equivalente al 1,3 % del PIB, con un crecimiento acumulado de 17,1 %. El MOPC lideró este desempeño, con un incremento de 39,4 % en su inversión, asociado también a la regularización de pagos pendientes a empresas contratistas.

Pese a este avance, el déficit fiscal anualizado llegó al 3 % del PIB. Para el cierre de 2026, la estimación oficial apunta a un déficit de 3,2 % del PIB, una cifra que refleja el desafío de sostener la inversión y los servicios públicos sin perder de vista la estabilidad de las finanzas estatales.

La Administración Central registró un déficit fiscal acumulado de G. 7,82 billones (USD 1.257,8 millones) al cierre de septiembre de 2026, equivalente al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado estuvo marcado por el crecimiento moderado de los ingresos y el aumento del gasto público, destinado principalmente a sectores estratégicos, programas sociales y la regularización de obligaciones pendientes.

Los ingresos totales crecieron 1,6 %, impulsados por el aumento de 2,4 % en la recaudación tributaria, especialmente de los impuestos internos. Sin embargo, los ingresos no tributarios cayeron 1,3 %, mientras que los recursos provenientes de las entidades binacionales disminuyeron 17,3 %, principalmente por la reducción de las regalías y compensaciones de Itaipú, afectadas por la apreciación del guaraní frente al dólar.

Por el lado del gasto, se registró un incremento acumulado de 11,2 %, con aumentos en salud (16,4 %), seguridad (14 %), programas sociales (13,9 %) y educación (12,2 %). El gasto en medicamentos creció 21,2 %, mientras que las prestaciones sociales aumentaron 14,9 %, impulsadas por las transferencias para Alimentación Escolar, en el marco de Hambre Cero, que subieron 85,5 %, además de las pensiones para adultos mayores y las jubilaciones.

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En cuanto a las obligaciones con proveedores farmacéuticos, en septiembre se abonó la primera cuota del esquema de Cesión de Derechos de Cobro (CDC), por G. 66.300 millones. El mecanismo contempla la amortización en 36 cuotas mensuales de compromisos pendientes por G. 2,388 billones. Por otra parte, los salarios financiados con ingresos tributarios representaron el 54,2 %, mientras que el pago de intereses de la deuda pública disminuyó 6,8 %.

La inversión pública alcanzó G. 4,998 billones, equivalente al 1,3 % del PIB, con un crecimiento acumulado de 17,1 %. El desempeño estuvo impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya inversión aumentó 39,4 %, hasta G. 3,356 billones, en el marco de la regularización de obligaciones pendientes con empresas contratistas.

En los últimos doce meses, el déficit fiscal anualizado se ubicó en el 3 % del PIB, mientras que el déficit primario, que excluye los intereses de la deuda pública, alcanzó el 1,3 %. Para el cierre de 2026, el Gobierno estima un déficit fiscal equivalente al 3,2 % del PIB. Los resultados fueron presentados durante la exposición del Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), correspondiente a septiembre.

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En las últimas décadas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue un importante aliado de Paraguay en la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo. En la actualidad sigue apoyando al país de manera decisiva en su expansión en términos de obras públicas y otros proyectos. En ese sentido, el representante del organismo plantea ciertos mecanismos para sostener el ritmo de inversiones y mantener la disciplina fiscal.

Para el representante del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, la disciplina fiscal y la inversión en infraestructura no deben verse como objetivos contrapuestos. “Pero el reto no significa solo invertir más, sino invertir mejor; priorizar proyectos de alto impacto, fortalecer la planificación plurianual, mejorar la coordinación entre presupuesto, contratación y ejecución y asegurar recursos para mantenimiento”, manifestó.

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Mencionó la cooperación multilateral, las concesiones, las asociaciones público-privadas (APP), los instrumentos de garantía y los recursos del mercado de capitales. Explicó que, bajo mecanismos adecuados de participación, las empresas pueden asumir riesgos de construcción y sobrecostos, además de aportar capital, financiamiento, innovación y capacidad de gestión. Agregó que el Grupo BID puede acompañar esta combinación mediante el trabajo del BID con el sector público, de BID Invest con empresas e inversionistas y de BID Lab con soluciones innovadoras.

Chaverri-Suárez reconoció avances en las asociaciones público-privadas (APP) en Paraguay, aunque identificó desafíos vinculados con los largos tiempos de preparación y la necesidad de contar con proyectos técnicamente maduros. Indicó además que se necesita contar con contratos equilibrados, reglas previsibles, una adecuada distribución de riesgos y capacidad pública para estructurar, licitar y supervisar compromisos de largo plazo.

Añadió que otro desafío consiste en ampliar la aplicación de las APP hacia sectores de infraestructura distintos de las carreteras, con esquemas adaptados a cada actividad. “También es importante generar espacios permanentes de diálogo entre el Estado, las empresas, el sistema financiero y los organismos multilaterales”, sostuvo.

Adicionalmente, se expidió sobre el mercado de capitales paraguayo y destacó su potencial para financiar en moneda local a instituciones financieras y empresas en marcha. Como antecedente, señaló que BID Invest realizó 10 emisiones en guaraníes desde 2018, por un total de G. 1,2 billones, equivalentes aproximadamente a USD 200 millones, mediante las cuales canalizó ahorro interno hacia inversiones productivas.

“El Grupo BID quiere seguir siendo el puente entre el sector público, las empresas y los inversionistas para que Paraguay pueda financiar más infraestructura sin abandonar la responsabilidad fiscal ni el objetivo fundamental de mejorar la vida de su gente”, concluyó.

Como se sabe, se espera que el déficit fiscal cierre el presente ejercicio con una cifra de alrededor de USD 3,2 %, mientras que para 2027 se estima un número superior, trepando hasta 3,9 %, retornado al tope legal del 1,5 % del PIB en 2028, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo mencionado pone presión sobre el margen para la inversión pública, necesaria para continuar con la senda del desarrollo.

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La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados organiza una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “Que regula la utilización de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el territorio nacional”.

La convocatoria es para el miércoles 28 de octubre a las 13:00, en la sala de sesiones de la Cámara Baja.

La propuesta legislativa busca establecer un marco legal actualizado para el uso de drones en Paraguay y acompañar el crecimiento de esta tecnología.

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Además se quiere garantizar condiciones adecuadas de seguridad, responsabilidad y respeto a los derechos de las personas.

Según los proyectistas, la iniciativa parte de la creciente utilización de estos equipos tecnológicos en actividades agrícolas, comerciales, recreativas, de seguridad, logística, comunicación, investigación y entretenimiento.

Uno de los puntos principales alude al registro obligatorio de los drones, su identificación y la determinación de responsabilidades sobre sus propietarios y operadores.

El proyecto también contempla requisitos de capacitación y certificación para quienes los utilicen, además del cumplimiento de las normas de circulación aérea y la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños ocasionados a terceros.

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