El ministro del Consejo Nacional de Defensa (Codena), contraalmirante Cíbar Benítez, anunció que el Gobierno de Paraguay ratifica toda cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) y que dicha cooperación incluso se extenderá a otras instituciones, como la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y otras.

El anuncio se dio a través de una conferencia de prensa, en la que se informó sobre la respuesta que recibió la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con relación a la primera nota remitida el 6 de diciembre pasado, respecto a la culminación de la participación de Senad en el programa.

La contestación de Estados Unidos a Paraguay menciona que se debe dar un proceso de 90 días antes de una interrupción. Ante esto, Paraguay pide mantener esa cooperación, dejando sin efecto la nota N° 712 de la Senad, y hacer un nuevo memorando.

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Al respecto, explicó que en respuesta a esta nota del organismo estadounidense que recibió ayer el titular de la Senad, Jalil Rachid, ya se remitió de vuelta una misiva a la DEA en la cual menciona que el memorandun de entendimiento entre el Ministerio Público, el Estado paraguayo, la Policía Nacional del Paraguay, la institución a su cargo por un lado, y la DEA por el otro, respecto a la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU Paraguay) que hoy día está vigente no fue contemplada en la nota enviada el pasado 6 de diciembre; por esa razón solicitaron dejar sin efecto.

El ministro Benítez remarcó que es un hecho que el citado memorandum de entendimiento del 2022, no obra en los registros de la Senad en la actualidad, por tal motivo esta institución estaba en desconocimiento del mismo.

“Ahora bien se ratifican plenamente todos los términos de aquel convenio del 2022, solicitando mantener una mesa de diálogo, para seguir potenciando la cooperación a fin de maximizar los resultados de la lucha contra el tráfico internacional de drogas y delitos conexos”, explicó el ministro.

Añadió que con esto, el gobierno de Paraguay ratifica el convenio 2022 válido hasta ahora. “Aparte de eso, seguimos con la misma intención que nosotros en principio habíamos dicho que se trataba de una reorganización, o una reprogamació, o bien una reconsideración de los términos de ese convenio”, dijo.

En otro momento, ratificó que la intención en todo momento fue fortalecer la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que incluye el narcotráfico, donde la Senad tiene un papel protagónico. Explicó que en este plan, es que se busca ahora, anexar a ese convenio con la DEA del 2022 a otras instituciones del Estado.

“Nos gustaría por ejemplo incluir a la Seprelad, que no forma parte de este convenio, de tal manera que podamos ser aun más beneficiarios de parte de esa ayuda que tenemos de la DEA. Esto va continuar con mayor fuerza seguramente”, enfatizó.

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Un grupo de indígenas se manifiesta en las inmediaciones de la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la avenida Artigas. Reclaman la entrega de víveres para las comunidades de varios distritos del departamento de Caaguazú.

Los manifestantes bloquearon el paso vehicular por esta arteria y su intersección con Gral. Santos. Llegaron anoche hasta ese lugar luego de que se cortara la provisión de alimentos a sus familias.

“Venimos de diferentes comunidades y nuestro pedido especial es la entrega integral de los alimentos correspondientes a este año 2024. Porque después las instituciones ya estarán paralizadas hasta marzo”, dijo Samuel Rivarola al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Según el líder de los nativos desde que asumió el Gral. (SR) Juan Ramón Benegas la presidencia del Indi no recibieron aún sus kits de alimentos. Denunció que incluso varias familias fueron borradas de la lista por lo que definitivamente quedaron fuera de la posibilidad de acceder a la ayuda estatal.

“Estamos acá trece líderes afectados por esta situación. Esperamos predisposición del presidente del Indi para acordar con nosotros para que podamos ir de vuelta a nuestras comunidades”, expresó.

Concretamente hace dos meses que se cortó el suministro de las provisiones, conforme afirmó. “Somos numerosos en nuestras comunidades y tampoco duran mucho los alimentos. Pero si nos dan ahora por lo menos vamos a poder esperar la próxima entrega. Esperamos su buena voluntad y nos entregue, así hoy mismo retornaremos a nuestras comunidades”, manifestó.

Más de cien personas acamparon en las cercanías del Indi, entre ellas mujeres y niños. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para resguardar la seguridad y ordenar el tránsito. Numerosos automovilistas se vieron con la sorpresa del cierre de la calzada, por lo que tuvieron que apelar a vías alternativas para ingresar hacia el microcentro de Asunción.

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El curso Promotores Jurídicos Indígenas celebró su clausura con el lanzamiento del Manual de Procedimientos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, el pasado 13 de diciembre en el aula magna de la Universidad Católica. El grupo de cantores mbya guaraní de la comunidad Tarumandymi de Luque abrió el evento con el momento espiritual denominado Tangara.

Este manual será una herramienta vital para la defensa de los derechos de las comunidades originarias, que ha sido elaborado con el fin de guiar a las comunidades y promotores jurídicos indígenas en el conocimiento y la aplicación de los procedimientos legales que competen a los pueblos indígenas, señalaron durante el acto.

El manual es un testimonio de la importancia de fortalecer los conocimientos y habilidades jurídicas, para así poder defender mejor los derechos en los tribunales, en los procedimientos administrativos, y en todos los espacios donde se resuelven cuestiones que afectan a las comunidades indígenas.

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El P. Dr. Enrique Gaska, de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) de la Conferencia Episcopal Paraguaya, dio las palabras de bienvenida y apertura oficial, seguido por las palabras del representante de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la vicerrectora de la Universidad Católica, las palabras de una de las docentes. Y luego, las palabras del alumno Napoleón Torales del pueblo aché.

En un ambiente de emoción y gratitud se realizó la entrega de certificados a los estudiantes, que estuvieron acompañados por familiares y referentes de las comunidades. Los certificados son otorgados por la Universidad Nacional de Pilar, conforme a la resolución N.° 104/2018, a través del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (Inecip), con colaboración de Conapi y el apoyo de la Aecid.

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El curso contó con un total de 240 horas para indígenas de diferentes pueblos. Los docentes que acompañaron este proceso fueron los abogados Juan Antonio León, Ilsa Rubi Figueredo, Dahiana Alonso, Ananio Benítez, y el P. Enrique Gaska. Se destacó que el curso surgió por la falta de acceso a la justicia de las comunidades, especialmente en lo que respecta al conocimiento y defensa de nuestros derechos, así como las dificultades administrativas y judiciales, especialmente en temas de tierra y territorio, que son una constante.

Las dificultades que contribuyen a un entorno de violaciones permanentes de los derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la educación acorde a las culturas, y la discriminación. Por ello, la capacitación culminada es un paso importante hacia la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, con el fin de incidir en las políticas públicas del Estado paraguayo.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en su rol de ente de asistencia a sectores productivos, presentó este lunes último una serie de acciones direccionadas a los rubros orgánicos y agroecológicos, los cuales representan oportunidades económicas para este segmento, especialmente para la agricultura familiar.

El objetivo es la promoción de estas actividades, reafirmando el compromiso de atender las oportunidades de negocio que puedan hacer competitivo al sector, por el potencial que tiene de conquistar al mundo, más aún con el reciente acuerdo logrado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

“Presentamos una serie de instrumentos diseñados para impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector orgánico y agroecológico. Nuestro compromiso es apoyar a los productores y fomentar prácticas sostenibles que beneficien tanto a la comunidad como al medio ambiente”, expresó el ministro Carlos Giménez.

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Mencionó que están convencidos de que la agricultura orgánica y agroecológica es clave para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país, considerando que este segmento está en permanente crecimiento a nivel mundial. Destacó las oportunidades económicas que representa, además del cuidado del ambiente y la salud.

Los instrumentos presentados son políticas elaboradas en el marco del Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica (CTPPO) y perfiles de proyectos específicos para la promoción de rubros que tienen como protagonista principal a la agricultura familiar.

La serie de instrumentos fue elaborada en un proceso participativo, con datos e ideas claves para la construcción de herramientas orientadas al crecimiento del sector orgánico y agroecológico, encaminadas a lograr un ministerio más versátil y desburocratizado.

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La constante es que, Paraguay debe insertarse al mundo y seguir conquistando mercados, para lo cual una de las acciones es la posibilidad de otorgar créditos con años de gracia a los pequeños productores de modo a que puedan tener ese oxígeno. El titular del MAG destacó la calidad de la producción que hoy se está exportando a países vecinos.

La actividad es liderada por el CTPPO, con apoyo del proyecto “Desarrollo inclusivo y sostenible en poblaciones rurales vulnerables de la región Oriental de Paraguay, a través de iniciativas productivas innovadoras”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementado por la Fundación ETEA (España) y Alter Vida como socio local.