La gerente de Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF), Teo­dora Recalde de Spinzi, men­cionó que la obtención del grado de inversión por parte de Paraguay es una clara señal de confianza en la estabilidad y sostenibilidad de la gestión financiera del país, lo cual for­talece su estrategia de desa­rrollo sostenible. Lo dijo en el marco del 51.° Seminario Internacional de Presupuesto Público, que se desarrolla en Buenos Aires desde el martes hasta ayer, organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), con el apoyo de la Organi­zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Recalde fue parte de la con­ferencia “Desafíos para la gestión presupuestaria para mejorar la inversión pública en América Latina y el Caribe y la experiencia de los países de la OCDE”, ocasión en la que resaltó que la obtención del grado de inversión es resultado de un esfuerzo sostenido por mejorar la eficiencia y trans­parencia en la administración pública.

“Este no es solo un reconoci­miento, sino una oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo responsable y equitativo en el largo plazo”, dijo. Al tiempo de remarcar el impulso en la inversión pública, en sectores estraté­gicos como infraestructura, educación, salud y tecnología, que no solo elevan la calidad de vida de los ciudadanos, sino también potencian la econo­mía y reducen las brechas sociales.

En su ponencia, la funcio­naria expuso los avances de Paraguay en el contexto de las inversiones, mediante herra­mientas y reformas para mejo­rar la eficiencia como el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan 2050, que guiarán las prioridades estratégicas de la nación. Reconoció que persis­ten desafíos, como el fortaleci­miento del monitoreo de pro­yectos y la implementación de evaluaciones para la toma de decisiones.

Así también el Presupuesto por Resultados (PpR) y una nueva estructura presupuestaria, que permiten una asignación de recursos más efectiva, la Ley n.º 6380/19 de Modernización del Sistema Tributario Nacio­nal, y la Ley de Suministros y Compras Públicas de 2022, que impulsan el uso de tecnologías digitales para mejorar la traza­bilidad de los proyectos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el informe financiero de la Dirección de Presupuesto que indica que, a octubre de este año, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que componen la administración central ejecutaron un total de G. 49,2 billones, equivalentes al 70,1 % del presupuesto vigente.

El presupuesto inicialmente aprobado presentó una suba de 5,9 % al cierre del mes de octubre, es decir, de G. 66,3 billones se incrementó a G. 70,2 billones, explicado principalmente por el aumento en bienes de consumo e insumos y transferencias; respecto a lo último, la mayor parte se destinó a la alimentación escolar, transferencias a las municipalidades, y transferencias de la Administración Central a las entidades descentralizadas.

El 80 % del total ejecutado corresponde a gastos corrientes, principalmente para pago de salarios a las fuerzas públicas, personal de blanco, docentes, pagos por compra de medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluyendo el pago a adultos mayores y otros programas sociales del Estado.

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En cuanto al financiamiento, el 62 % (G. 30,7 billones) de la ejecución presupuestaria de los tres poderes del Estado y las demás entidades de la administración central, fue financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10); mientras que el 20 % (G. 9,7 billones) con recursos de crédito público (Fuente 20) y el 18 % (G. 8,6 billones) con recursos institucionales (Fuente 30).

Con recursos del crédito público se obligó G. 9,8 billones, de dicho monto, un 55 % fue con bonos soberanos, y entre los principales gastos se encuentran los pagos de productos farmacéuticos y medicinales; construcciones correspondientes a los proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aportes o subsidios al transporte público colectivo entre otros.

Del total de G. 49,2 billones obligados al décimo mes del 2024, el 76% corresponde al Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y Ministerio de Obras.

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El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, participó de la jornada relacionada al convenio para evitar la doble imposición entre Paraguay y España. El director catalogó dicha alianza como un acuerdo de última generación, sin mencionar que es el primero que firma la nación con un país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Esto demuestra el genuino interés de España en Paraguay”, expresó el titular de la DNIT durante el evento. El convenio otorga un marco jurídico internacional que busca fomentar las relaciones internacionales, facilitar el comercio transfronterizo y la inversión mediante la eliminación de los obstáculos impuestos a los mencionados flujos transfronterizos.

Por su parte, la embajada de España en Paraguay manifestó que el convenio, que se aplica por primera vez en el ejercicio 2025, tendrá gran impacto en las relaciones económicas, promoverá la apertura de la economía e incrementará las inversiones en ambos países, apelando a un intercambio de experiencias entre las naciones.

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El acuerdo desarrollado entre Paraguay y España tiene como origen al convenio firmado el 25 de marzo de 2023, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, donde se instalaron los marcos de trabajo a ser aplicados. Esto fue ratificado a través de una ley aprobada en el Congreso, que garantizaba el convenio entre ambos países.

El mismo está alineado con los estándares internacionales desarrollados por la OCDE y contempla medidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de utilidades. Del mismo modo, el acuerdo también establece un marco para el intercambio de información tributaria entre las autoridades competentes de Paraguay y España.

Nuestro país ya cuenta con convenios para evitar la doble imposición, acordados con otros países. De acuerdo a los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en América se instaló el acuerdo con Chile y Uruguay, mientras que en Asia se acordó con los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y la República de China (Taiwán).

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El Poder Ejecutivo remitió al Legislativo una iniciativa que apunta a que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y ya no del Ministerio Economía. Según explicaron, actualmente no existe la capacidad tecnológica ni de recursos humanos para enfrentar a la proliferación de juegos de azar clandestinos.

“Para el proyecto remitido a Diputados se ha solicitado el estudio con carácter de urgencia con el fin de concretar eso. Otra de las grandes novedades que presenta es que con esto se termina el monopolio de los juegos de azar”, expuso Carlos Liseras, presidente de Conajzar en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a un informe presentado el año pasado por el Ministerio Público, la explotación clandestina de tragamonedas genera ingresos ilegales por alrededor de G. 300.000 millones al año, esto sin tener en cuenta lo que mueve la explotación de quiniela mau, las apuestas deportivas, rifas, carreras de caballo, entre otras que operan sin autorización.

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Según Liseras, estas actividades ilícitas llegan a cifras siderales que privan de recursos a instituciones como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), al Fondo Nacional de Recursos Solidarios del Ministerio de Salud para Intervenciones Quirúrgicas de Alta Complejidad, entre otros programas que se financian con la recaudación de la Conajzar.

“Es una manera de fortalecer enormemente a la institución, debemos tener en cuenta que la DNIT tiene la capacidad técnica, la cantidad de personal necesaria para poder enfrentar el flagelo de la explotación clandestina de los juegos de azar. Preocupa enormemente al presidente de la República la proliferación desmedida de la explotación clandestina de juegos de azar en los 17 departamentos”, afirmó.

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