Entre los primeros puntos que serán analizados durante la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, por la Cámara de Diputados, está el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

El titular de Diputados, Raúl Latorre, determinó que el orden del día estará integrado por 24 puntos.

El proyecto del RUN ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Según la exposición de motivos, este nuevo RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.

Por otro lado, también analizarán el proyecto de ley “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Honorable Cámara Diputados Nº 1336/2024, Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. La Cámara de Senadores, ya aprobó esta semana, prorrogar por 60 días más la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero.

El plenario de la Cámara Baja también tiene previsto estudiar el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP). Según la exposición de motivos, el ISEMP, anteriormente, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, constituye un organismo de apoyo fundamental para la carrera fiscal.

Como instancia académica, ejecuta los programas de formación para funcionarios de la institución, alineados con los ejes del plan estratégico de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de un Fiscal Adjunto, según el documento.

La Cámara de Diputados analizará también, en la ocasión, el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

Esta iniciativa, que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos, contempla la creación de un Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Otro documento que forma parte del orden del día de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007, ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”.

Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales. El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal.

Para constituir una concertación nacional, según la exposición de motivos, los partidos y movimientos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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La mesa directiva de la Cámara de Diputados, liderada por Raúl Latorre, fijó un total de 23 puntos en el orden del día para la sesión ordinaria del estamento, prevista para el 19 de noviembre. Entre los puntos destacados a ser analizados figuran el proyecto que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) y la propuesta que plantea extender el mandato de la Comisión Bicameral de Investigación.

Con relación a la primera iniciativa, ya cuenta con media sanción del Senado y propone unificar la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

El proyecto indica que el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado.

En cuanto a la extensión de mandato de la comisión bicameral para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, sus miembros solicitan un nuevo plazo de 60 días hábiles con la finalidad de continuar con las indagaciones.

La propuesta inicialmente debió ser analizada por el pleno en la sesión ordinaria de este último martes, sin embargo, quedó pendiente. “Yo soy del criterio de que toda comisión que se instala, se integra, tiene que tener una conclusión de su trabajo. Al entender de los integrantes, ellos piden una prórroga porque entienden que no tienen el tiempo suficiente para expedirse sobre los temas que convocó a esta comisión”, dijo el diputado Hugo Meza, vocero de la reunión.

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