La granja de criptominería intervenida ayer miércoles en Quiindy (Paraguarí) generaba una pérdida estimada en G. 800 millones al mes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). En el predio se hacían trabajar más de 700 máquinas con un transformador de 45 kilovoltamperios (kVA) que alimentaba a otro de 3.150 kVA, según lo denunciado.
“Se encontró una potencia de más de 3 megavatios y poco más de 700 máquinas de criptominería en el lugar intervenido, esto generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a esa zona”, expresó Hugo Rolón, gerente comercial de la Ande, a la 1000 AM.
Señaló que se trata de la intervención número 11 en lo que va de este 2024, mediante las cuales se evita una pérdida de G. 6.500 millones por mes a la Ande. Las pérdidas se dan debido al uso que las criptominerías emplean a través de una conexión directa en media tensión de manera irregular, ya que precisan de mucha más potencia para generar las monedas digitales.
Lo cuestionado en estos casos de criptominería, que cada vez más están más al descubierto, es el método de sustracción de energía o la conexión clandestina que perjudica al resto de los usuarios de las comunidades, dejándolos con bajas tensiones e incluso, ante las altas temperaturas, sin suministro.
Si bien hubo un proyecto de ley en 2021 que pretendía regular la actividad de la criptominería; por el potencial de negocios que también puede representar, el Ejecutivo vetó en el 2022 la normativa que buscaba reconocerla como una actividad industrial, ya que, para la Ande, la minería es una actividad de consumo electrointensivo.
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Ande confirma que no existe obra de G. 3.130 millones de Prieto
El jefe regional de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el ingeniero Juan Rozzano, aseguró que no existe ninguna línea de distribución para la cual la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto, comprometió G. 3.130 millones del presupuesto y desembolsó G. 645 millones.
“No existe oficialmente ninguna línea exclusiva de distribución para ese local a nombre de la municipalidad de Ciudad del Este”, afirmó el ingeniero en comunicación con La Nación/Nación Media. Rozzano aseguró que es imposible que la comuna haya podido erigir dicha obra sin la participación de la Ande.
La adjudicación de la obra fue realizada en el 2022 a la empresa Intec Ingeniería, la cual debía encargarse de construir una línea exclusiva desde la subestación de la Ande, en microcentro de la ciudad, de modo a alimentar la estación de carga de los buses eléctricos adquiridos por Prieto.
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Pese a que la municipalidad desembolsó un total de G. 645.820.233 y existe una nota de recepción definitiva de la obra, dicha construcción no existe y la Ande ni siquiera tiene conocimiento de la misma ya que en ningún momento recibieron ninguna nota oficial de parte de la comuna donde le comuniquen sobre la intención de llevar adelante el mencionado proyecto.
“Es imposible que hayan construido la línea exclusiva sin acompañamiento de la Ande porque es una obra de gran envergadura, es para uso industrial mayor, requiere mayor potencia y ciertas obras electromecánicas y civiles en la vía pública, eso sin acompañamiento y sin permiso de la Ande es difícil y más todavía en el microcentro de Ciudad del Este”, recalcó.
Cabe mencionar que la obra inicialmente iba a costar G. 2.619.115.108, no obstante, posteriormente se realizó una adenda al contrato por lo que la supuesta línea pasó a costar G. 3.130.552.791, la cual no existe según aseveraciones de la propia Ande, pero para la cual se desembolsó una parte de los recursos de la municipalidad, según se dejó constancia en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
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Intervención en CDE detecta presunta malversación por G. 29.000 millones
La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.
La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.
“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la confianza de las instituciones y por supuesto venimos a reportar el mal o buen uso de los recursos", indicó Ramírez a los medios de comunicación.
Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
Las irregularidades incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avances de obras, y la elusión de procesos legales de contratación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.
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Hechos documentados
El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.
Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.
Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir el Ministerio Público.
“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención", puntualizó.
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Con control tecnológico, Ande reduce hurto eléctrico en un 2%
La aplicación de tecnologías avanzadas y el fortalecimiento de las acciones de control y monitoreo permitieron la estabilización y reducción de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas en 2 % al cierre del 2024 en el sistema eléctrico, según informó la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Es así que las pérdidas eléctricas totales en distribución se redujeron de 23,4 % a 21,9 % al cierre del año 2024, donde el control tecnológico fue protagonista para lograr tales números. “Invertimos en equipamiento de punta para el monitoreo, seguimiento y operación del sistema eléctrico de distribución, la reparación de puntos de pérdida en la red eléctrica”, detalló en su informe la institución.
En dicho periodo, señalaron que también se logró la modernización de la infraestructura eléctrica y el empleo de software de control e inteligencia artificial. Además, se incrementó en un 318 % la cantidad de verificaciones de suministros en el terreno, lo que permitió la detección de clientes irregulares, conexiones directas y desconexión de redes precarias.
Otro factor que contribuyó al logro fue la promulgación de la Ley 7300/2024 que protege la integridad del sistema eléctrico y dispone la incautación y comiso de bines asociados al hecho punible y modifica el Art. 173 de la Ley 1160/1997 Código Penal. Con esto se criminaliza el hurto de energía eléctrica, pudiendo castigar con pena privativa de libertad de hasta 10 años.
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Plan maestro de reducción de pérdidas eléctricas
En ese sentido, detallaron que mediante contribuciones de consultoras internacionales se elaboró el “Plan Maestro de Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución”, que comprende al periodo 2025 al 2028 y en el cual se establecen diferentes acciones operativas, inversiones en infraestructura, y mejoras en los sistemas de medición.
Esto permitirá el despliegue de 200 cuadrillas de verificación de manera diaria, la regularización de suministros y la supervisión y monitoreo, mediante recursos tecnológicos de vanguardia, con el objetivo de reducir las pérdidas totales en distribución a 15 % para finales del año 2028, siendo este un valor promedio para la región en Latinoamérica.
“Esta acción permitirá a la Ande obtener mayores recursos para las inversiones en el sector eléctrico, y posicionarse entre las mejores empresas del sector eléctrico en la región”, destacaron el informe.
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Con tecnología y controles, la Ande contrarresta hurto de energía por criptominerías
Con el auge de la criptominería en el país, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tiene que lidiar con una problemática que va en crecimiento: el hurto de energía eléctrica con conexiones clandestinas en todo el territorio nacional.
Esta situación no solo ha generado pérdidas económicas significativas para esta empresa, sino que también ha generado una sobrecarga a la infraestructura existente, afectando la calidad del suministro para los consumidores regulares.
Con el objetivo de disminuir el hurto de energía, se ha implementado tecnología avanzada y análisis de datos para identificar los puntos de alto consumo; así también se utilizan drones para inspeccionar las líneas de distribución, buscando anomalías y conexiones directas, y se han desarrollado proyectos de detección automática con inteligencia artificial.
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Según los informes presentados por la empresa, solo en el 2024, la Ande ha ejecutado la intervención de 33 conexiones irregulares del tipo criptominería en varios departamentos del país, en las que se pudo desconectar 89.424 kVA de potencia instalada en los sitios y, ya haciendo uso de lo establecido en la Ley 7.300/2024, ha procedido a la incautación de los equipos que eran utilizados para el hurto de energía.
En el período 2019 a 2025, fueron incautados 13.358 procesadores y 66 transformadores de distribución de diversas potencias. De estas cantidades, 2.462 procesadores y 21 transformadores se encuentran resguardados en la Ande, mientras que 4.213 procesadores y 27 transformadores se encuentran resguardados en el Ministerio Público.
Finalmente, señalaron que se encuentran en la Fiscalía 91 causas penales por sustracción de energía eléctrica. Gracias a la utilización de tecnología avanzada, la modificación de marcos legales y la colaboración interinstitucional, desde la Ande anunciaron que han logrado un resultado auspicioso en la reducción de las pérdidas eléctricas en 2 % en el último año.
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