Las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y los Estados Unidos de América están en sus mejores momentos gracias a los numerosos acuerdos suscriptos y el propósito fundamental de marchar juntos hacia nuevos logros políticos y económicos mediante la relación amistosa de ambos gobiernos. En ese sentido, se puede afir­mar que la gestión del presidente Santiago Peña ha escalado a su punto más alto en su relacio­namiento con la más poderosa nación de Occi­dente y una de las más importantes del mundo. Un logro que hasta ahora no se ha podido obte­ner en el pasado y que remarca claramente el éxito de esta gestión gubernamental.

Se puede afirmar que la alianza estratégica entre nuestro país y la nación del norte ha adquirido su mejor posición en varios sectores bien específicos, que constituyen los mejores aciertos en el campo de la política internacio­nal de los últimos tiempos. La observación de lo acontecido en diversos renglones así lo están demostrando.

El encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país, Robert Alter, ha señalado que debido a los numerosos acuerdos entre ambos gobiernos se está viviendo un “momento de oro” en las relaciones entre las dos naciones. Y en esa feliz expresión se resume lo que se vive en la actualidad.

La alianza estratégica se ha profundizado durante el gobierno actual por los acuerdos realizados en varios asuntos de interés nacio­nal, lo que ayudará a mejorar en gran medida la situación de nuestro país.

Uno de los convenios se relaciona con la adqui­sición por Paraguay de un sistema de radar para la aviación con el propósito de fortalecer la vigilancia aérea y combatir el tráfico de los delincuentes. La compra de los radares se hará a través del programa norteamericano de Ven­tas Militares Extranjeras (FMS, por sus siglas en inglés).

En febrero último, nuestro país suscribió con EE. UU. un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. El documento hará posible la cooperación para el suministro de minerales especiales necesarios para tecnolo­gías avanzadas.

Otro tema de gran relevancia es el relacionado a la utilización de energía atómica. Para ello ambos gobiernos están entablando negociacio­nes sobre el uso civil de energía nuclear que se conoce como Acuerdo 123. Con este convenio las empresas estadounidenses podrán exportar a nuestro país equipos y materiales nucleares civiles de gran envergadura.

Paraguay albergará centros de datos de inte­ligencia artificial. Y para ello se estableció un convenio entre la firma estadounidense Crusoe y la empresa paraguaya Araico, que se alimen­tarán con energía de Itaipú y estarán ubicados en Alto Paraná. La producción de estos centros estará destinada a clientes de Estados Unidos y de países de Latinoamérica.

En diciembre pasado, el gobierno paraguayo y el de EE. UU. anunciaron un acuerdo denomi­nado SOFA, que permitirá que personal civil y militar norteamericano participe en activi­dades de cooperación en territorio paraguayo para el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional. Consistirá en entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y asistencia militar.

El Comando Sur de EE. UU. destinará una inversión cercana a 11 millones de dólares para fortalecer las fuerzas especiales paraguayas y la cooperación contra organizaciones crimina­les y terroristas. Incluye la entrega de equipos militares y dispositivos de visión nocturna.

Con la reciente visita a nuestro país del vice­canciller norteamericano, Christopher Lan­dau, se finiquitaron algunos acuerdos y su presencia de gran importancia política tuvo el toque afectivo de demostrar el cariño que tiene al Paraguay donde vivió varios años cuando niño.

Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista político, la presencia y los dichos de Lan­dau en nuestro país tienen suma relevancia, porque constituyen un espaldarazo más para la administración gubernamental encabezada por el presidente Santiago Peña.

Tener un estrecho relacionamiento con otro país, con acuerdos y convenios de gran impor­tancia para el Paraguay, es un logro de trascen­dencia. Y que la contraparte sea nada menos que una de las más importantes naciones del mundo, como Estados Unidos, constituye un acontecimiento de inmenso valor, muy cercano a una proeza.

De ese modo, aparte del gran crecimiento eco­nómico que está viviendo el país, se tiene tam­bién la conquista muy significativa en materia de relacionamiento diplomático con los países de mayor peso internacional. Lo cual es una ventaja de enorme alcance que se debe aprove­char para el mayor desarrollo de la nación para­guaya.

La herida más profunda del Chaco paraguayo comienza a sanar definitivamente. Después de 30 años de abandono, desamparo y promesas rotas, el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), asumió con firmeza su deber moral e inició el proceso de titulación formal de 30.000 hectáreas, un patrimonio valorado en 20 millones de dólares que hoy se transfiere como donación definitiva para amparar a las familias campesinas y trabajadoras de esta emblemática comunidad.

Durante años, las portadas de medios internacionales como BBC News denunciaban ante los ojos del mundo una paradoja dolorosa: en pleno corazón de Sudamérica, un pueblo entero había sido vendido junto con sus habitantes a conglomerados extranjeros, dejando a generaciones enteras en la condición de extraños en su propia tierra, a merced de la intemperie y la zozobra.

Hoy, gracias a la política social de la Corporación Atenil y al objetivo del presidente Santiago Peña reflejado en la Nueva Ruralidad, Puerto Casado recupera el alma y la dignidad, demostrando así que nada puede estar por encima del derecho sagrado de las familias a echar raíces en paz.

La concreción de esta donación histórica de USD 20 millones no es un simple asiento contable ni un trámite de oficina; encarna el escudo protector del Estado que pone fin a tres décadas de incertidumbre y restituye la soberanía a los humildes:

* Reparación moral y soberanía popular: se pone fin al mito de la indefensión campesina. El Estado se hace presente con rostro humano en el territorio para cumplir la palabra empeñada y sellar la paz social en una comunidad forjada en la lucha y el sacrificio.

* El arraigo definitivo: las 30.000 hectáreas dejan de ser objeto de litigios interminables para transformarse en el patrimonio seguro donde crecerán los hijos de Casado, protegidos por títulos legítimos que nadie les podrá arrebatar.

* Desarme de los modelos extractivos: frente a la inercia del pasado que toleraba la desprotección comunitaria a favor del lucro discrecional, la autoridad asume con coraje su función de velar por los más vulnerables, transformando la tierra en un bien social e inclusivo.

“Durante tres décadas, a los pobladores de Puerto Casado se les negó el derecho más elemental: la certeza de saber que el suelo donde duermen sus familias les pertenece. El Estado paraguayo no podía seguir mirando hacia el costado. Hoy venimos a abrazar a este pueblo noble, a devolverle el alma a su comunidad y a entregarles la garantía inviolable de que nunca más estarán solos ni desamparados frente al poder de nadie”, expresó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Con el inicio del catastro y la mensura que culminará en la titulación masiva y directa a favor de las familias, el Gobierno nacional reafirma que la verdadera autoridad es la que defiende, ordena y cuida el hogar común. Puerto Casado se levanta hoy como el emblema de la dignidad recuperada y la victoria de la justicia rural, gracias a la voluntad de la Corporación Atenil y a la política de titulación masiva del Gobierno.

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El titular de la Cámara Vial Paraguaya y director de Tecnoedil analiza las necesidades de inversión, los desafíos financieros de las constructoras y las condiciones que Paraguay debe generar para atraer industrias y consolidarse como un centro logístico regional.

El desarrollo de la infraestructura es uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico de Paraguay. El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y director de Tecnoedil, sostiene que el país necesita aumentar los recursos destinados a obras para reducir las brechas existentes en rutas, energía, agua y saneamiento, además de fortalecer los servicios públicos.

Al frente del gremio, Sarubbi impulsa el diálogo entre el sector público y el privado para promover proyectos que respondan a las necesidades del país. Entre sus prioridades figuran la previsibilidad presupuestaria, el cumplimiento de los pagos del Estado y el aprovechamiento de herramientas como las concesiones y las alianzas público-privadas (APP). También advierte que la falta de continuidad en las inversiones dificulta la planificación de las empresas, la capacitación de trabajadores y la generación de empleos. Aquí su charla con el espacio Hacedores LN de La Nación/Nación Media.

–¿Qué representa para usted estar al frente de Cavialpa y cuáles son sus principales objetivos?

–Creo que, por sobre todo, tenemos que trabajar para que se entienda la necesidad de invertir en infraestructura. No debemos mirar solamente los intereses particulares de las empresas constructoras, sino tener una visión más amplia y entender lo que necesita el país. A partir de eso, debemos definir qué obras hacen falta y qué mecanismos de financiamiento se pueden utilizar, ya sea mediante deuda pública, concesiones o alianzas público-privadas. Tenemos que crear las condiciones para aprovechar el potencial de crecimiento económico de Paraguay.

–¿Cuánto necesita invertir Paraguay en infraestructura para responder a sus necesidades?

–Es importante que se invierta a un ritmo de entre el 4 % y el 5 % del PIB por año. Hoy no estamos llegando ni siquiera a la mitad de ese nivel. Para el próximo año estamos hablando de un poco más de USD 1.000 millones, mientras que el 4 % del PIB representa más de USD 2.000 millones. Podría ser posible alcanzar esos niveles en el futuro si también se reducen los costos fijos del Estado y se utilizan herramientas como las APP y las concesiones, que pueden complementar la inversión pública.

–¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta actualmente el sector de la construcción?

–Uno de los principales problemas es la falta de previsibilidad sobre los volúmenes de inversión que habrá en los próximos años y los plazos de pago de las obras ejecutadas. Las empresas necesitamos saber cuántos proyectos habrá para dimensionar nuestros equipos, contratar personal y capacitarlos. También dependemos del financiamiento bancario para comprar maquinaria y materiales. Cuando el Estado no cumple con los tiempos de pago, los costos financieros aumentan mucho más de lo previsto y eso termina afectando la rentabilidad de las obras.

–¿Qué cambios consideran necesarios en el presupuesto para 2027?

–Estamos trabajando con el Parlamento para tratar de que el presupuesto sea acorde a las necesidades del sector. En 2026 tuvimos una de las mayores dificultades porque se aprobó un presupuesto bastante inferior a lo que necesitábamos. Para 2027 buscamos que no ocurra lo mismo. El proyecto presentado tiene un desequilibrio entre los fondos externos y los fondos locales, con una previsión bastante inferior a las necesidades en este último componente. Tenemos que trabajar para equilibrar esos recursos y contar con presupuestos acordes a las obras que se licitan.

–¿Qué importancia tiene la infraestructura para atraer inversiones privadas y generar desarrollo?

–La infraestructura genera condiciones para que haya inversión privada, y esa inversión produce mano de obra y mayores oportunidades para los ciudadanos. Una ruta no significa solamente transportar materias primas, sino también poder llegar al trabajo, a la escuela o a un hospital. Las obras mejoran la calidad de vida de la población y permiten que el país aproveche mejor sus oportunidades de crecimiento.

–¿Qué obras y servicios considera prioritarios para mejorar la competitividad del país?

–Paraguay tiene que transformarse en un centro logístico en el corazón de Sudamérica y aprovechar la cercanía con Brasil y Argentina para industrializar una mayor cantidad de productos y materias primas. Para eso necesitamos reducir los costos logísticos, desarrollar las hidrovías y pavimentar más caminos. También necesitamos energía en cantidad y calidad en todos los puntos del país. Es difícil atraer industrias si no podemos garantizar un suministro energético confiable, que permita a las empresas trabajar sin interrupciones.

–¿Qué alternativas existen para ampliar el financiamiento de los proyectos de infraestructura?

–Las concesiones y las alianzas público-privadas son herramientas muy importantes para complementar la inversión del Estado. Sin embargo, son proyectos complejos que requieren una buena estructuración y el compromiso de las instituciones públicas para avanzar de manera dinámica. También es fundamental que los riesgos estén bien distribuidos entre el Estado y el sector privado, de acuerdo con la capacidad de cada parte para administrarlos.

–¿Cuál es el impacto económico del sector y qué oportunidades ofrece para el empleo?

–Más de 120.000 personas trabajan actualmente en el sector vial, dentro de las aproximadamente 270.000 que se desempeñan en la construcción. Además, las empresas asociadas a Cavialpa están diversificadas y trabajan en distintos rubros, como rutas, movimiento de suelos, energía y puertos. Es un sector que genera muchas oportunidades para los jóvenes y en el que también aumenta la participación de las mujeres. Por eso, es importante sostener las inversiones, profesionalizar las empresas y fortalecer la capacitación.

–¿Cómo repercute la falta de continuidad en las inversiones sobre el empleo y la capacitación?

–La mano de obra paraguaya tiene mucha calidad. El problema es que, si no existe una política de Estado a largo plazo y no sabemos cuáles serán los volúmenes de inversión de los siguientes años, se vuelve difícil planificar. Hoy contratamos personal porque hay obras, capacitamos a los trabajadores y después, cuando disminuye la inversión, a veces tenemos que dejarlos ir. Esa capacitación es una inversión que no quisiéramos perder, pero no siempre tenemos otra alternativa.

–¿Cómo ve el futuro de las empresas constructoras paraguayas?

–Creo que las empresas van a seguir creciendo, profesionalizándose y diversificándose mientras el país mantenga su crecimiento. También aliento a que comiencen a mirar hacia el exterior y busquen ejecutar obras en otros países. Ya hay empresas paraguayas que están trabajando en mercados vecinos y en otros destinos, lo que demuestra que tenemos capacidad para competir fuera del país. Para seguir avanzando, necesitamos previsibilidad, proyectos bien estructurados y una visión de largo plazo para la infraestructura nacional.

Tiene 50 años y es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Cuenta con una maestría en ingeniería vial, realizada mediante un convenio entre universidades paraguayas y la Universidad Católica de Chile, además de otra en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Austral de Argentina.

Es director de la empresa constructora Tecnoedil y presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), gremio desde el cual representa al sector constructor y promueve el desarrollo de infraestructura de gran porte.

La obra fue adjudicada al Consorcio GHA, que tendrá a su cargo la construcción del nuevo hospital.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó ayer el acto oficial que da inicio a las obras del Gran Hospital General de Asunción, en el barrio Sajonia. El mandata­rio señaló que esta obra repre­sentará mejorar la calidad de vida de los bañadenses y los pobladores de la zona, dando condiciones de vida digna y oportunidades, principal­mente en una zona donde históricamente sufre con el fenómeno de la crecida del río.

“Habíamos tenido una expe­riencia, en una de las creci­das, habíamos construido un barrio hermoso, el barrio Las Colinas que estaba en el departamento Central, ale­jado de Asunción, con toda la infraestructura, y cuando entregamos las viviendas nos encontramos con muchas de estas familias que nos decían que las casas son hermosas, pero son asuncenos y no que­rían salir de Asunción”, contó el presidente en su discurso.

Agregó que esta situación llevó a un cambio de percep­ción sobre las políticas públi­cas de mejoramiento de las condiciones de infraestruc­tura de los barrios más vul­nerables. “Fue un cambio en el abordaje ya en el periodo del presidente Horacio Car­tes, dijimos que ya no le vamos a mudar a nadie de Asunción, nosotros vamos a mejorar las condiciones en Asunción”, refirió.

El proyecto del Gran Hospital de Asunción es financiado con el apoyo del Gobierno de Tai­wán, con una inversión total de USD 62 millones, obra que estará ubicada en el predio del excapitán Bozzano en la Costanera Sur, un terreno de cinco hectáreas y contará con un edificio de aproxima­damente 38.000 m².

La obra fue adjudicada al Consorcio GHA, que tendrá a su cargo la construcción del nuevo hospital. La proyec­ción es que esta infraestruc­tura hospitalaria será uno de los hospitales más grandes y modernos del país con capa­cidad para ofrecer servicios de alta complejidad y aten­ción integral a miles de ciu­dadanos.

Contará con: 481 camas, inclu­yendo 88 camas de Unidad de Terapia Intensiva; 11 quiró­fanos totalmente equipados; 67 consultorios para diversas especialidades; áreas de urgen­cias, hospital de día, hemodiá­lisis y una atención especiali­zada para los usuarios.