El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra siete directivos de ueno bank, en el marco de la crisis financiera que derivó en el procedimiento de resolución de la entidad dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La presentación fue realizada el 5 de noviembre de 2026 por Juan Fernando Lebrón González, director general de Asuntos Jurídicos del Senave, por instrucciones del presidente de la institución, Luis Ramiro Samaniego Montiel.
Según consta en el documento, la institución pública mantenía G. 40.000 millones depositados en ueno bank, distribuidos en una caja de ahorro a la vista y un depósito a plazo fijo, cada uno por G. 20.000 millones.
La denuncia solicita investigar presuntos hechos punibles relacionados con la administración de los recursos depositados y las irregularidades detectadas en la entidad bancaria.
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El Senave identificó a siete personas vinculadas con la administración de ueno bank:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Juan Manuel Gustale Cardoni.
- Julio Daniel Rey Fernández.
- Diana Leticia Mongelós González.
- Mariana Isabel Torres Rubiani.
- Miguel Ángel Almada Frutos.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller.
- Alejandro Gómez Abente.
La denuncia también fue formulada contra otras autoridades o personas vinculadas con el banco o sus sociedades relacionadas cuya eventual responsabilidad pudiera surgir durante la investigación. En el escrito, los representantes legales del Senave solicitaron investigar los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situaciones de crisis, sin descartar la posible existencia de otros delitos.
El documento pide al Ministerio Público iniciar las diligencias correspondientes y formular imputaciones en caso de reunir los elementos necesarios.
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En su presentación, la institución argumenta que decidió depositar los recursos tomando en consideración la información financiera y las condiciones de solvencia que presentaba ueno bank en ese momento.
El escrito señala que las irregularidades detectadas posteriormente por el Banco Central habrían comprometido los fondos institucionales. “Los hechos anteriormente indicados demuestran un evidente daño patrimonial al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas”, sostiene la denuncia.
El Senave considera que la verdadera situación financiera del banco no habría sido comunicada oportunamente, circunstancia que, según su planteamiento, habría influido en las decisiones de inversión. Estas afirmaciones constituyen los fundamentos de la denuncia y deberán ser verificadas por el Ministerio Público.
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El documento detalla que la colocación de recursos se realizó en dos etapas. En noviembre de 2025, mediante la Resolución Senave N.º 598, se autorizó la apertura de una caja de ahorro a la vista en ueno bank.
Posteriormente, en marzo de 2026, la institución aprobó una nueva colocación de recursos a plazo fijo. La denuncia señala que previamente se efectuó una evaluación comparativa de tres entidades bancarias, considerando criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
El análisis contempló la distribución de G. 60.000 millones entre las tres, con una asignación de G. 20.000 millones para cada una en depósitos a plazo fijo. De esta manera, los G. 40.000 millones denunciados por el Senave corresponden a la suma mantenida en ueno bank mediante dos modalidades de depósito.
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En el apartado de peticiones, el Senave solicita a la Fiscalía admitir la denuncia, iniciar la investigación penal y realizar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes. También requiere que, en caso de reunirse elementos suficientes, se formulen imputaciones y posteriormente se promueva la acusación contra quienes resulten responsables.
Esta denuncia suma un nuevo frente de investigación al caso ueno bank y pone nuevamente bajo la lupa el destino de los recursos públicos depositados en la entidad financiera, mientras continúa el proceso para recuperar los fondos de los ahorristas y las instituciones afectadas.