Desde la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) indicaron que una de las medidas que llevarán adelante es el traslado de funcionarios de la estatal a otras instituciones públicas. Esto con el fin de reducir los gastos de esta empresa que continúa atravesando por una serie de crisis financiera.

“Lo que queremos es unir estas dos necesidades, empleados que no son necesarios en Copaco y las necesidades de otras instituciones para seguir en este proceso de optimizar al funcionariado”, explicó el presidente de Copaco, Óscar Stark, quien indicó que la compañía necesita reducir la cantidad de trabajadores en su nómina.

Stark señaló que existen varias instituciones con necesidad de contar con nuevos trabajadores, ya sea por que algunos se jubilan, otros renuncian o porque se adhirieron nuevas actividades al funcionamiento de las entidades, mientras que Copaco cuenta con una cantidad excesiva de empleados que hacen que el sostenimiento financiero sea casi imposible.

Lea también: Cancillería comunica a embajador de Venezuela pedidos de extradición del Clan Villalba

“Para que cuando soliciten permiso al Ministerio de Economía para hacer esas contrataciones, primero miren la posibilidad de ver si los funcionarios de Copaco reúnen las características del perfil que buscan. Acá tenemos muy buenos técnicos, administrativos, entre otros que pueden ser muy útiles en otras instituciones que buscan funcionarios”, expuso a la 780 AM.

El presidente de Copaco indicó que en primer lugar buscan regularizar la situación de unos 40 funcionarios que están comisionados a otras instituciones desde hace muchos años, pero a los que la compañía les continúa pagando el salario. Pese a que se han realizado acciones para la reducción de egresos, el déficit mensual se mantiene en unos G. 10.000 millones.

“Una de las salidas que tiene Copaco es disminuir la cantidad de empleados y ya empezamos con ese proceso. Desde que yo asumí salieron 350 funcionarios y en la compañía no ingresó ninguno nuevo, eso hizo que ahora tengamos menos funcionarios, lo que representa G. 22.000 millones de ahorro al año”, refirió.

Le puede interesar: Ministerio del Interior adjudicó la provisión de tobilleras al consorcio Track Group

Durante la sesión ordinaria de ese martes, el diputado Rodrigo Gamarra se refirió a la situación de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) e indicó que se deben aprovechar los activos de la institución de modo a generar los recursos necesarios y así honrar los compromisos que tiene, tanto con los proveedores como con sus trabajadores.

“Me parece que buscando las fortalezas que tiene Copaco podemos encontrar todavía una luz al final del día, no necesariamente en lo que la empresa debería ser fuerte que es la comunicación, por más que tenga tecnología y fibra óptica, también tiene otras fortalezas que es la parte inmobiliaria”, expresó el legislador colorado.

En este sentido, indicó que la compañía es una de las empresas estatales con las mejores ubicaciones en cuanto a sus propiedades, las que están situadas en todos los distritos del país, ventaja que debería ser aprovechada para generar recursos a través de la inversión y así producir ingresos que ayuden a contrarrestar la crítica situación financiera.

Lea también: Con tecnología, Ministerio de Desarrollo elegirá candidatos a la pensión universal del adulto mayor

“A lo mejor no tiene nada que ver con lo que debería ofrecer, pero tiene que haber una mirada para analizar una posible solución al déficit de Copaco. No me estoy refiriendo ni insinuando que vendamos o rematemos esas propiedades, sino que incursionen en el negocio inmobiliario a través de oficinas corporativas, o haga alianzas con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”, manifestó.

Gamarra señaló que se debe apuntar a negocios que sean rentables y ayuden a dar solución a los pasivos que se tienen en la empresa, los cuales afectan a los trabajadores que sufren por el pago tardío de sus salarios y en la antesala de las fiestas de fin de año, desconocen si van a percibir sus aguinaldos.

“Quiero acompañarles en este clamor, pero también que todos empecemos a buscar una solución definitiva a esta situación porque así como está el fracaso es cantado con los antecedentes que vamos viendo. Cuando una empresa deja de pagar salarios es categórico que va rumbo al fracaso”, advirtió.

Le puede interesar: Diputados sanciona ley que plantea erigir un “Panteón de Ilustres”

La empresa estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) constató el robo de 1.800 metros de cables multipares, que representa un daño patrimonial estimado en más de G. 700.000.000 por el cobre sustraído, en una verificación técnica en la central del barrio San Vicente de Asunción. La cifra podría incrementarse al considerar los costos de reposición y los trabajos técnicos necesarios para restablecer la infraestructura de telecomunicaciones afectada.

“El robo incluyó 1.800 metros de cable multipar, de los cuales se extraen aproximadamente 2 kilos de cobre por cada metro. Teniendo en cuenta que el kilo de cobre se comercializa en el mercado a G. 60.000, se estima que los responsables obtuvieron ganancias cercanas a G. 216.000.000″, explicó el ingeniero Francisco Machuca, gerente técnico de Copaco, en un comunicado de prensa de la institución.

Autoridades de Copaco, en colaboración con la Policía Nacional y agentes de Delitos y Criminalística, realizaron la intervención del sitio. Durante la inspección, se tomaron muestras y se registraron huellas en la cámara subterránea interna de la central, donde se realizaron parte de los cortes y la sustracción de cables de gran grosor, esenciales para la conectividad de los clientes.

Lea más: Operativo “Pó de Serra” detiene a una pareja que lideraría organización narco

“Ante esta situación, la empresa inició un sumario administrativo para los técnicos de las centrales de San Vicente y Lambaré, con el objetivo de esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades”, manifestó el asesor jurídico de Copaco, el abogado Rodrigo Lezcano. La empresa lamenta el impacto de este incidente en la calidad del servicio ofrecido a sus clientes y reitera su compromiso de solucionar la situación a la brevedad, garantizando una pronta restauración de los servicios afectados.

“Copaco S.A. reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en sus operaciones, implementando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables. La compañía continuará colaborando con las autoridades para aclarar los hechos y definir acciones correctivas adicionales, que serán evaluadas por el directorio en los próximos días”, agrega la nota de prensa.

Lea también: Anuncian refacción y ampliación del Hospital Regional de Concepción

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.