La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) comunicó su decisión de separarse de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) argumentando no sentirse representada en la toma de decisiones, así como en las políticas y los lineamientos de la UGP.

A través de un comunicado, la APS manifestó que dejará de formar parte de la UGP, prohibiendo el uso de sus logos para las comunicaciones de dicho gremio y que su decisión fue presentada formalmente ya el pasado viernes 1 de agosto de 2025.

Leé también: “Paraguay debe consolidar logros y proyectarse hacia nuevas formas de negocios”

En el comunicado, la APS argumenta que no se siente representada adecuadamente por las políticas, decisiones y lineamientos de la UGP. Además, señalaron que tiene una visión de ser un gremio dinámico, participativo y representativo como referente del sector productivo a nivel nacional e internacional, reconocido por su compromiso con el desarrollo del país.

“Defendemos los derechos de los productores de soja, cereales y afines; influimos en la construcción de políticas económicas y sociales para garantizar la estabilidad y seguridad en el desarrollo de los trabajos en el campo. Somos una asociación donde la toma de decisiones se hace en forma democrática, dando participación real a todos los asociados que serán afectados por las acciones que se llevarán adelante”, se lee en el documento.

La APS recuerda que cuentan con más de 6.000 productores, grandes, medianos y pequeños unidos por su trabajo y por la meta de alcanzar el desarrollo social y económico del país, pese a las dificultades y desafíos.

“Por todas estas razones, y por que la APS actualmente no se siente representada adecuadamente por las políticas, decisiones y lineamientos de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el Consejo Directivo de la APS ha tomado la decisión de no seguir siendo miembro de la UGP”, manifestaron.

Igualmente, refirieron que realizarán las gestiones necesarias para solicitar al Gobierno el espacio de diálogo necesario para que el productor esté debidamente representado.

“Somos el eslabón de la cadena fundamental que provee de materias primas necesarias para que las demás cadenas, como los exportadores de materias primas y las industrias aceiteras puedan trabajar”, remarcaron.

Te puede interesar: Productores de azúcar denuncian incremento descontrolado del contrabando

La miel de abeja producida en los humedales de Ñeembucú es el primer producto paraguayo con Indicación Geográfica (IG), un logro que es símbolo de calidad, identidad y un trabajo conjunto entre la Unión Europea y Paraguay.

Así lo informó el bloque europeo, destacando que este producto nacional se destaca por una calidad única gracias a la exuberante flora de la zona y el compromiso de los apicultores.

“La apicultura cumple un rol muy importante como alternativa de generación de ingresos para las familias rurales. Ya sean pequeños o medianos productores con quienes estamos trabajando aquí en el departamento de Ñeembucú”, mencionó Atilio Benítez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Este rubro brinda buenos ingresos, ya que por ejemplo, de unas 20 cajas se puede producir 300 a 400 kilos al año. Asimismo, los productores actualmente son capacitados para que puedan manejar el aspecto biológico y el comportamiento de las abejas.

Desde el gobierno también se está apuntando a conseguir un documento de Denominación de Origen de Ñeembucú en su condición de humedales, y este contribuirá con el posicionamiento local e internacional.

Puede interesarle: Supermercados se ratifican como tomadores de precios e insisten a proveedores rever sus costos

El logro fue posible entre los apicultores de la zona y los técnicos del proyecto AL-Invest Verde, en el marco de su programa de mentoría AL-INVmentor, ejecutado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El apoyo brindado por la Unión Europea se da además a través del programa Procadenas, teniendo el objetivo de reducir la pobreza rural, impulsando la diversificación económica y la mejora de la competitividad pecuaria no tradicional.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) fue la encargada de otorgar dicho reconocimiento protegiendo así la identidad del producto, su reputación, calidad excepcional y sus características únicas vinculadas a su lugar de origen.

Con este estatus, los productores de la miel no solo obtuvieron protección jurídica y un mejor posicionamiento en el mercado, sino que también contribuyeron a mejorar la economía local, a través del desarrollo sostenible del mercado y del turismo en la zona.

Leé también: Supermercados se ratifican como tomadores de precios e insisten a proveedores rever sus costos

La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que modificaba el artículo 3° de la Ley n.° 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Hambre Cero), con el objetivo de permitir el uso de recursos del Fonacide para la adquisición de buses destinados al transporte escolar.

Tras el rechazo, la propuesta volvió a la Cámara de Diputados, donde previamente ya había sido aprobada. Durante el tratamiento en el pleno, el senador Basilio “Bachi” Núñez explicó que su posición por el rechazo no es una oposición al proyecto en sí, sino a la necesidad de debatir más ampliamente sobre una reforma del sistema de transporte público.

“Estoy convencido de que los 45 senadores queremos una mejor educación, un plato de comida para nuestros niños, escuelas de primer nivel y un transporte público óptimo. Pero esto no fue bien digerido”, manifestó Núñez, al tiempo de anunciar que el próximo martes se dará inicio al debate en torno a la reforma del transporte público.

Lea también: MEC defiende proyecto de ley de transporte escolar

El legislador también mencionó como una alternativa que las municipalidades y gobernaciones podrían asumir la responsabilidad de llevar adelante licitaciones para que buses operen como transporte escolar, tal como algunas ya lo hacen con el traslado de estudiantes universitarios.

El proyecto rechazado proponía destinar parte de los recursos del Fonacide, tradicionalmente utilizados para infraestructura educativa, es decir, construcción, reparación y mantenimiento de escuelas, y destinar parte de esos recursos para solventar la compra de vehículos que sirvan como transporte para alumnos de zonas con dificultades de acceso.

El rechazo del proyecto se dio pese a que contaba con el dictamen positivo de parte de varias comisiones como de Legislación, Hacienda, Familia; Niñez y Adolescencia, y Educación.

Le puede interesar: Fernández Valdovinos respalda a Peña y pide reducción de precios de la canasta básica

• Lourdes Torres - periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

Diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en que endureciendo las penas no ayudará a reducir la criminalidad, al hablar del proyecto de Ley del diputado Rubén Rubin, quien propone la prisión permanente revisable.

Señalaron que el planteamiento es inconstitucional, pese a que se plantea con un nombre diferente, pues en esencia es una cadena perpetua que va contra la Constitución. La diputada Abed, líder de la bancada oficialista, dijo a La Nación que si bien los casos de crímenes donde fueron víctimas una niña y una adolescente han destrozado a la comunidad y verdaderamente interpela a todos como sociedad, fue porque el sistema falló y no se las pudo proteger.

Esta situación genera un sentimiento colectivo e impulso de tomar justicia por manos propias; lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo, sobre todo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el derecho penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de prisión permanente revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua, simple y llanamente bajo otro título”, explicó la diputada Abed.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó que tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, justamente están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas, e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas; atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a la corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

Coincidió que aquí lo que se debe trabajar más profundamente son los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, acotó.

Considera también que el planteamiento de su colega Rubin va en contraposición a lo que establecen las leyes. “Debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, dijo.