“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

La gestión de Mario Abdo Benítez vuelve al centro del debate por el funesto legado en las finanzas del Estado y en la credibilidad institucional. Con el paso del tiempo, los datos permiten reconstruir un patrón: abundancia de recursos en momentos clave, pero resultados que hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Diversas investigaciones periodísticas documentaron irregularidades en la ejecución de esos fondos: compras fallidas de insumos médicos, procesos licitatorios observados y cuestionamientos por sobrecostos.

La Cámara de Senadores rechazó este lunes, en su sesión extraordinaria, la solicitud de permiso por tiempo indefinido realizada por Javier “Chaqueñito” Vera tras la difusión de audios que le fueron atribuidos y lo involucrarían en delitos como abuso sexual en menores.

La decisión fue tomada de manera unánime por el pleno, con un total de 29 votos. “Los representantes de bancadas están trabajando en la redacción del libelo acusatorio contra Vera que se tendrá hoy antes del mediodía. Una vez que se tenga esto, se procederá a convocar a otra extraordinaria y se le notificará de la situación”, afirmó antes de la sesión el presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, a los medios de comunicación.

La Cámara de Senadores trata hoy el proyecto de ley que elimina las bonificaciones por este año para los cargos de conducción política en los tres poderes.

La sesión extraordinaria de la Cámara Alta se desarrolla en reemplazo de la ordinaria que debía realizarse el miércoles. En el punto tres del orden del día aparece el proyecto de ley que suprime, durante todo el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a los funcionarios que ocupan cargos de conducción política de mayor jerarquía

Si bien Gustavo Alfaro adelantó que va a esperar más para determinar el once que va a arrancar ante Marruecos, el seleccionar de Paraguay aclaró que la idea es no modificar demasiado la base del equipo que paró ante Grecia, el viernes último en Atenas.

Y así como están las cosas, de no surgir algún inconveniente físico, el “Cazador de Utopías” solamente meterá 4 cambios para el duelo con los africanos. A los que ya mencionó; Orlando Gill, Juan José Cáceres y Gabriel Ávalos, se sumaría el ingreso de Braian Ojeda en el medio sector.

“Yo creo que el Paraguay tiene una deuda con la ciudad de Luque, que posee el sentimiento de identidad más marcado, fue de hecho capital de nuestro país y ha crecido muchísimo urbanísticamente", manifestó este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, al encabezar la verificación de la ampliación y mejoramiento de la ruta General Elizardo Aquino, conocida como Tape Tuja.

“Luque hoy es la ciudad del Paraguay que recibe el mayor número de inversión inmobiliaria y esto no es al azar, esto no es suerte, esto es gestión y la toma de decisiones en los momentos difíciles. Esta obra tiene un enorme impacto social con un retorno económico muy importante”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.

“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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Luego de una extensa reunión se llegó a un acuerdo entre las partes y se levantó la medida, que se extendió durante dos días para sufrimiento de la ciudadanía.

Después de más de dos horas de diálogo entre representan­tes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC), ayer autorida­des de Petropar y empresa­rios del transporte público finalmente anunciaron que se levanta la medida de fuerza.

“Tendremos colec­tivos desde mañana (por hoy). Están dados los térmi­nos de acuerdo con el sector del transporte, el combustible está garantizado y mañana con total normalidad vamos a restablecer el servicio de transporte público”, comentó la ministra del MOPC, Clau­dia Centurión, durante una conferencia de prensa.

La misma remarcó que era de interés del Gobierno poder lle­gar a un punto en el cual todos los sectores se vieran benefi­ciados, atendiendo a que una de las prioridades nacionales es precautelar y velar por el bienestar de los ciudadanos.

“Quiero enfatizar algo que es muy importante: el Estado paraguayo está al día con sus obligaciones con el sector de transporte; hemos pagado el mes de enero y el mes de febrero; también ya hemos acordado en esta negocia­ción fecha para el pago del mes de marzo, que será la primera semana del mes de abril. Esto es en función de un calendario y da total pre­visibilidad”, mencionó Cen­turión.

Igualmente, explicó que el pago de las compensa­ciones, otro compromiso con los transportistas, está pre­visto que se efectivice hoy directo a la cuenta de cada empresa, asegurando que el tratamiento de este pago se había dado en el trans­curso de la semana pasada.

Por otro lado, la ministra del MOPC exteriorizó que se cuenta con el apoyo total de Petropar para que la pro­visión de combustible esté garantizada, atendiendo el escenario internacional que se está viviendo por los conflictos en Medio Oriente, que afectan a la provisión de petróleo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fustigó la medida adoptada por el sector transportista, que dejó sin servicio durante dos días a los usuarios. El congresista pidió a los empresarios dejar de castigar a la ciudadanía.

“Dejar a la gente sin transporte no es la manera de solucio­nar los conflictos”, cuestionó el parlamentario a través de una publicación en X. Lamentó que una vez más la ciudadanía haya sufriendo las consecuencias de un paro de transporte.

“No más huelgas de transporte, el bienestar de las familias paraguayas debe ser el fin de todas nuestras acciones, dejen de usarlas como rehenes para sus objetivos”, cuestionó en alusión a la medida adoptada por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

La ruta PY10 contempla más de 60 km de extensión, incluye travesías urbanas que impactarán directamente en varias localidades.

El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentra actualmente en etapa de diseño y estu­dios técnicos, donde se defi­nen aspectos como el trazado, las intervenciones urbanas y la planificación de las obras. Esta fase resulta determi­nante para asegurar la via­bilidad técnica y el impacto económico de la iniciativa.

En paralelo, el Gobierno avanza en un enfoque partici­pativo. El pasado 25 de marzo se realizó una jornada de socialización en la Goberna­ción de Caazapá, con la pre­sencia de autoridades locales y representantes de comuni­dades. El objetivo fue presen­tar los avances del proyecto y recoger aportes para ajustar su ejecución a las necesidades del territorio.

Los gobernadores Chris­tian Acosta, Cesarito Sosa y César Torres coincidieron en la importancia de la coordi­nación entre instituciones y ciudadanía, como base para garantizar que la obra res­ponda a la realidad local y genere beneficios concretos.

La ruta PY10 contempla más de 60 kilómetros de exten­sión, incluyendo travesías urbanas que impactarán directamente en varias loca­lidades. La ejecución estará a cargo de dos consorcios, y se prevé que las obras en pista comiencen hacia finales del segundo trimestre del año, con un plazo estimado de 24 meses.

La pavimentación de esta vía apunta a reducir costos logís­ticos, mejorar el transporte de producción y facilitar el acceso a mercados, factores clave para dinamizar las eco­nomías regionales. Además, la obra tendrá impacto en el empleo durante su ejecución y en la actividad comercial una vez finalizada.

La Ruta de la Integración se perfila así como un proyecto estratégico que no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la integra­ción territorial y abre opor­tunidades de desarrollo sos­tenido en el interior del país.