El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Ferreira, calificó como “un gran paso” la propuesta planteada por el gobierno de Santiago Peña que apunta a elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con la finalidad de resguardar las finanzas de la institución. Agregó a la vez que de lograrse la vigencia de la iniciativa se terminará con una “gran cantidad de injusticia”.

“Esto es un gran beneficio para el que es honesto y es una advertencia para el que quiere hacer trampa. Para mí esto es un gran paso que tenía que haberse dado hace tiempo”, sostuvo en una entrevista con la 1020 AM. Ferreira manifestó que hoy en día la previsional debe ser una de las últimas cajas jubilatorias del mundo donde el cálculo para percibir la jubilación se realiza promediando los 3 últimos años de aportes (36 meses).

“Muchos sistemas jubilatorios comenzaron con 3 años de promedio, pero muy pronto se dieron cuenta de que daba lugar para que la gente haga trampa. Nuestro actual cálculo genera una gran cantidad e increíbles injusticias”, indicó. Las afirmaciones de Ferreira surgieron teniendo en cuenta la llamada “avivada” que realizan algunos empleados con la anuencia de los empleadores en no sincerar sus aportes.

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Ferreira resaltó que otro de los puntos importantes del proyecto de ley que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social se centra en que el 9 % de las recaudaciones proveniente de los trabajadores y el 16 % proveniente de los empleadores se quede en la institución.

“Actualmente esta plata ingresa en el IPS, pero un 9 % de lo recaudado luego vuelve a salir y es remitido al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud. Se usa el aporte del IPS también como una recaudación de impuestos y este gobierno propone que no. Ahora con esta iniciativa se establece que esos recursos queden ya en el instituto de manera a poder fortalecer el fondo de salud, esto es muy importante porque el fondo de salud está reventado, está difícil de sostener y desde hace unos 15 años gobierno tras gobierno se han tirado la pelota”, dijo.

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“La sobredeclaración y subdeclaración existen y se dan en nuestro país lastimosamente”, sostuvo el titular de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Aguayo, al referirse sobre el proyecto que pretende elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con la finalidad de resguardar las finanzas de la previsional.

“Nosotros tenemos un acuerdo parcial con esta propuesta porque evidentemente no se puede desconocer los hechos que motivan la extensión del plazo para el cálculo. No desconocemos esa realidad y al elevar el cálculo se tornaría en un obstáculo para evitar las maniobras o distorsión que se realizan”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aguayo acotó que “por lo general las patronales distorsionan cuanto efectivamente ganan los trabajadores de una empresa, si tienen por ejemplo un ingreso equivalente entre G. 4 a 5 millones, hacen figurar que ganan el salario mínimo y en consecuencia cotizan menos a la previsional, esto básicamente es una evasión parcial de la seguridad social, pero cuando se llega a los últimos 3 años, se da lo contrario, hay una sobredeclaración, pasa de manera simulada a hacer figurar que ganan 2 o 3 veces el salario que efectivamente tienen para acogerse a una mayor jubilación”.

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No obstante, el representante del sindicato señaló que el problema de la iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social radica en que si se extiende el plazo del cálculo para la jubilación a 10 años, el monto final “sufrirá un deterioro y disminución muy notable”, afectando principalmente a aquellos aportantes que tuvieron un ingreso promedio o bajo durante su etapa laboral.

“Esto va a significar un detrimento a sus condiciones de existencia porque tendrá una jubilación paupérrima, ya que tendrá una jubilación que no alcanzará para costear el costo de vida. Al inicio cuando hablamos con la gerencia económica de la previsional, ellos nos señalaron que para evitar esto elaborarían una fórmula que tome como base al índice de precios al consumidor como indicador para que el monto final tenga como un anclaje a la realidad actual”, explicó.

Aguayo mencionó que en la iniciativa remitida días atrás al Congreso Nacional no se observa que el planteamiento haya sido finalmente introducido o tenido en cuenta. “El problema es que en este proyecto no dice absolutamente nada de esto. Incluso nosotros cuestionamos que el IPC no podría ser el único indicador para promediar, ya que según el propio ministro de Economía y Finanzas no refleja fielmente la realidad”, puntualizó tras abogar por la realización de audiencias públicas en el Legislativo para discutir la propuesta.

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“La seguridad social es algo tan sensible como el salario, se harán las reuniones que corresponda para escuchar a todos”, dijo el líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase tras referirse sobre la propuesta ejecutiva que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social.

El proyecto de ley remitido este último miércoles por el gobierno del jefe de Estado, Santiago Peña al Poder Legislativo pretende elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con el fin de resguardar las finanzas de la previsional.

“Normalmente los asegurados figuran con un sueldo menor durante los 25 años de aporte y luego en los últimos 3 años se ajustan el sueldo de modo a tener una jubilación mayor, esto es una avivada”, comentó a los medios de comunicación.

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Asimismo, el legislador sostuvo que teniendo en cuenta esta práctica habitual con la anuencia de los empleadores “correspondería” la aprobación del documento.

No obstante, aclaró que se interiorizará aún más sobre la propuesta teniendo en cuenta su reciente ingreso al circuito del Congreso Nacional, ya que deberá pasar previamente por las comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

“Es un proyecto de ley que requiere la participación de todos los sectores porque es un tema muy sensible”, dijo el legislador al ser consultado sobre el punto.

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.

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El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

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