La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, manifestó que una de las prioridades que tendrán en el transcurso de su gestión será proteger y velar por la calificación de riesgo internacional de Ba1+ que se encamina hacia el grado de inversión.
“Tenemos que encaminar el fortalecimiento de la institución a través de instrumentos como la capitalización. Como nosotros tenemos que salir a endeudarnos, básicamente nos apalancamos sobre nuestro patrimonio. Y entonces ese patrimonio tiene que ser más fuerte y tenemos que tener más recursos para poder acompañar todo esto”, explicó Guillén a La Nación/Nación Media.
Destacó la relevancia de la calificación y que las labores girarán en torno a mantenerla y avanzar en un aumento. “Estamos cuidando como una joya también nuestra calificación. En el momento donde en otras latitudes del mundo, imagínate Estados Unidos, las calificaciones están bajando por la situación financiera”, comentó. Por eso hizo énfasis en la solvencia del balance y la robustez del patrimonio, además de un manejo responsable en las finanzas.
Leé también: Las consecuencias para Paraguay ante estrepitosa caída del peso en Argentina
Guillén también opinó acerca de cómo observan, desde la institución, el escenario económico actual, tanto local como internacional, en relación a los niveles de las tasas de interés. ”Hay un panorama económico bastante alentador, a diferencia de otras partes del mundo donde todavía están subiendo un poco a nivel internacional las tasas, ya a un ritmo menor”, expresó.
Acotó que están mirando atentamente las emisiones del bono soberano cuyas tasas ya están bajando, lo cual las expectativas hacia finales de año son buenas para una baja en las tasas de interés. “Vamos a decir que hacia finales de año esto se verá con mayor fuerza, la bajada de tasas”, reiteró.
Dejanos tu comentario
La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
Dejanos tu comentario
AFD garantiza que créditos de clientes de ueno bank no sufrirán cambios en sus condiciones
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) trabaja con el equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) para identificar los créditos otorgados a través de ueno bank con recursos de la banca pública y establecer nuevos canales de pago para los clientes. La presidenta de la institución, Stella Guillén, aseguró a Gen/Nación Media que el proceso administrativo no afectará las condiciones de los préstamos ni la calidad crediticia de los beneficiarios.
La medida alcanza tanto a los créditos de vivienda como a los destinados a otros sectores, entre ellos el productivo y forestal. Guillén explicó que el primer paso consiste en individualizar la cartera financiada con recursos de la AFD, para luego recuperarla mediante el mecanismo de privilegio de cartera previsto en la legislación de la entidad. Esto permitirá que la administración de esos préstamos vuelva a manos de la agencia.
“La ciudadanía tiene que tener la máxima tranquilidad: esto no va a implicar ningún cambio en las condiciones del crédito que hayan tomado, en plazos ni en tasas”, enfatizó la titular de la AFD.
Una vez recuperada la cartera, la institución deberá definir cómo continuará la administración de los préstamos. Entre las alternativas se contempla transferir los créditos a otros bancos o cooperativas interesados en adquirirlos, o recurrir a un fideicomiso. En cualquiera de los escenarios, la AFD tendrá la responsabilidad de comunicar a cada beneficiario dónde y cómo deberá realizar sus pagos, a través de los canales oficiales.
“En el medio de ese proceso, ninguna condición puede ser alterada para el ciudadano en términos de plazo, de tasa y tampoco puede implicar un costo adicional por retrasos”, afirmó Guillén. Asimismo, aclaró que las eventuales demoras en la habilitación de los nuevos mecanismos de pago no deberán perjudicar el historial ni la calificación crediticia de los clientes.
Respecto al plazo para restablecer estos canales, la presidenta evitó establecer una fecha concreta, aunque señaló que ya se remitió formalmente al equipo interventor la información sobre el tamaño de la cartera y los créditos involucrados.
La AFD estima que unas 2.500 personas mantienen operaciones con alguna de sus líneas a través de la entidad financiera. Finalmente, Guillén pidió a los beneficiarios no entregar datos personales a terceros y aguardar las comunicaciones oficiales sobre los nuevos procedimientos.
Dejanos tu comentario
Crisis corporativa pone presión sobre la confianza de los mercados internacionales
La crisis financiera que afecta al sistema corporativo paraguayo podría tener consecuencias directas sobre el acceso al financiamiento internacional. El economista César Addario advirtió que los recientes acontecimientos relacionados con ueno bank están debilitando la percepción de los inversionistas sobre el país y podrían dificultar futuras emisiones de bonos de empresas paraguayas.
En entrevista con la 780 AM, sostuvo que el historial corporativo nacional en los mercados internacionales quedó golpeado y que, como consecuencia, la posibilidad de que nuevas compañías coloquen bonos en el exterior se encuentra prácticamente cerrada. “La ventana de emisión para cualquier empresa paraguaya hoy está cerrada”, afirmó.
Addario explicó que la situación afecta la imagen que Paraguay construyó ante los mercados internacionales, especialmente en torno a la solidez de su sistema financiero y la estabilidad macroeconómica, dos de los principales argumentos utilizados para atraer inversiones.
El impacto, según indicó, también comienza a reflejarse en el riesgo soberano. Detalló que el spread de los bonos paraguayos pasó de ubicarse entre 100 y 105 puntos básicos a aproximadamente 122 puntos. Aunque consideró que el incremento todavía no es significativo, advirtió que ya evidencia una transmisión de la incertidumbre corporativa hacia la República.
En ese contexto, señaló que el escenario podría encarecer futuras operaciones de financiamiento, incluso para el Estado. Paraguay tiene prevista una importante emisión de bonos dentro del Presupuesto General de la Nación 2027, por lo que salir actualmente al mercado podría implicar mayores tasas de interés y una menor cantidad de inversionistas dispuestos a prestar al país.
No obstante, diferenció la situación de las empresas privadas de la capacidad de financiamiento soberano. A su criterio, la República debería esperar a que se resuelvan los acontecimientos y se conozca el alcance de sus consecuencias, ya que una emisión en este momento podría trasladar directamente al costo de la deuda pública la incertidumbre generada.
Como referencia, mencionó el caso de una entidad bancaria de Guatemala, que atravesó una crisis y fue intervenida por el banco central de ese país. Según explicó, el proceso de cierre y pago a los ahorristas se desarrolló de manera ordenada, lo que permitió que posteriormente el soberano volviera a los mercados internacionales sin experimentar un impacto significativo.
Finalmente, Addario advirtió que mantener formalmente el grado de inversión no necesariamente significa que el mercado continúe percibiendo al país bajo esa misma categoría. Explicó que existe una diferencia entre conservar una calificación crediticia y contar efectivamente con la confianza de los inversionistas, por lo que será determinante cómo se gestione la crisis actual y si se evita que sus efectos se extiendan a otros sectores.
Leé más: BCP suspende temporalmente retiro de dinero de los fondos mutuos vinculados a ueno bank
Dejanos tu comentario
UIP Joven insta a planificar la demanda energética y atraer inversión privada
La necesidad de anticiparse al crecimiento de la demanda energética y generar condiciones para atraer inversiones privadas se perfila como uno de los principales desafíos para sostener la expansión industrial en Paraguay. Desde el sector empresarial advierten que la planificación debe comenzar con anticipación, considerando que la instalación de nuevas centrales de generación requiere varios años.
Francisco Martino, referente de la UIP Joven, señaló que la energía constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, por lo que considera fundamental establecer condiciones que permitan ampliar la capacidad de generación en el país y responder a las necesidades futuras de las industrias.
“Tenemos que adelantarnos a eso y no esperar a tener el problema, porque son procesos largos”, manifestó al referirse a la posibilidad de que la demanda supere la disponibilidad energética. En ese sentido, explicó que la instalación de una planta de ciclo combinado puede tomar entre cinco y seis años, lo que refuerza la importancia de comenzar a trabajar desde ahora en alternativas que garanticen el abastecimiento.
El empresario sostuvo que la generación de energía no debería depender exclusivamente del Estado, sino que también debe abrirse espacio a la participación del sector privado. Para ello, consideró necesario contar con un marco regulatorio que brinde seguridad a las empresas interesadas en invertir, producir y comercializar electricidad en Paraguay.
Martino indicó que existe capital disponible a nivel internacional que podría orientarse hacia proyectos energéticos en el país, siempre que se establezcan reglas claras y condiciones que permitan desarrollar estas iniciativas. A su criterio, facilitar la participación de nuevos actores contribuiría a fortalecer la capacidad de generación y a preparar al país para los requerimientos de una economía en crecimiento.
La disponibilidad de energía también representa un elemento relevante para la competitividad industrial, debido a que la expansión de las actividades productivas requiere condiciones que permitan operar y proyectar nuevas inversiones a largo plazo. En ese contexto, anticiparse a las necesidades futuras será clave para evitar que las limitaciones de infraestructura energética condicionen el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Leé más: Búfalos: un rubro que crece 15% al año impulsado por sus ventajas productivas