La vocera de Gobierno, Paula Carro, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó este miércoles el decreto n° 2921, por el cual se aprueba el reglamento para el establecimiento de oficinas consulares, que estarán dirigidos por funcionarios consulares honorarios. Igualmente, designó a los funcionarios consulares honorarios de la República del Paraguay.

Durante una conferencia de prensa convocada desde Mburuvichá Roga, Carro explicó que mediante este decreto se profesionaliza e institucionaliza y le otorga un marco de certidumbre a la carrera del cónsul honorario al servicio que presta.

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Indicó que si bien, las oficinas consulares existen desde hace varios años, no se contaba con un documento que reglamente las condiciones para su instalación, ni se contaba con detalles específicos sobre los requisitos para la designación de los cónsules honorarios.

“Esto es un reglamento general, que comienza a regir a partir de ahora. Esto no significa que van a cesar en sus funciones, aquellos funcionarios cónsules honorarios que ya fueron designados y están dispersos en el mundo. Este decreto reglamentario viene a aportar más certidumbre al proceso de incorporación, estableciendo los parámetros y requisitos para la función”, explicó.

Remarcó que la designación de los funcionarios cónsules honorarios se dará siempre a petición de la Cancillería Nacional, que luego deberá ser apoyada con el decreto del Poder Ejecutivo. Esta petición puede estar basada en los pedidos que presente la respectiva circunscripción que solicite una oficina consular.

Mencionó que este funcionario tendrá una responsabilidad de representar los intereses del Paraguay en el extranjero, dentro del ámbito de las atribuciones que están muy bien definidas en el nuevo reglamento. Además, indicó que implica la contrapartida del Estado paraguayo de establecer unos criterios estándares para la designación del funcionario cónsul honorario.

La vocera Carro remarcó que es importante aclarar que se tratan de unos cargos no remunerados, pero cuya labor es de una naturaleza muy delicada, ya que entre sus principales funciones está el de representar los intereses del Paraguay en el extranjero.

La vocera señaló las principales atribuciones que tendrá el funcionario cónsul honorario: en primer lugar, deberá promover el intercambio comercial, la exportación de productos nacionales al exterior, así como la identificación de oportunidades comerciales para el Paraguay.

“Además, tendrán como responsabilidad brindar asistencia consular a los connacionales dentro de su circunscripción, prestar apoyo a las delegaciones oficiales en su circunscripción, entre otras funciones”, acotó.

Agregó que el reglamento para el establecimiento de oficinas consulares también prevén algunas prohibiciones específicas. Pues las atribuciones y los deberes, así como las responsabilidades de los cónsules honorarios del Paraguay en el exterior, están muy bien definidas en el nuevo reglamento.

“Se trata de un cargo no remunerado, pero representa un alto honor y por ende, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo avanzar hacia el establecimiento de estándares para la designación”, mencionó.

• Ser de nacionalidad paraguaya o extranjera, que deberá contar con el consentimiento del Estado receptor.
• Ser mayor de 30 años.
• Residir en la circunscripción de la sede de la oficina consular.
• Contar con los recursos económicos que le permita vivir con independencia y decoro.
• Ejercer una profesión, comercio o actividad honrosa.
• Gozar de reconocida honorabilidad y prestigio
• Contar con la idoneidad necesaria para el desempeño de la función consular.

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Este martes, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció la reglamentación de la ley de universalización de la pensión para adultos mayores, con la cual se busca proteger a las personas de la tercera edad por parte del Gobierno. Con esta nueva normativa, unas 15.000 personas, adultas mayores, ya podrán recibir este beneficio este fin de año.

Para conocer mejor el plan de ejecución de esta nueva reglamentación el diario La Nación/Nación Media conversó con el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Raúl Ramírez, quien explicó que la implementación de esta normativa comienza a aplicarse desde este noviembre, teniendo en cuenta que la ley fue promulgada en el mes pasado.

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Indicó que este mes comienzan a realizar la elegibilidad de las personas adultas mayores, de acuerdo a la nueva ley que habla de la universalización de todos los beneficiados del programa de adulto mayores de las personas a partir de los 65 años y mas.

Al respecto explicó que usando la tecnología, cuentan con la base de datos del departamento de Identificaciones de la Policía Nacional como base, que luego hacer el cruzamiento de datos con otras bases de las instituciones respectivas para determinar quiénes podrán ser incluidos en el programa de la pensión universal de los adultos mayores.

En ese sentido, remarcó que podrán acceder a este beneficio los mayores de 65 años y mas, que no cuenten con salario público o privado, los que no gozan de una jubilación del IPS u otra caja de pensiones; y los que no cuentan con 30 ganados o más y los que no pagan impuesto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) o renta.

“Toda persona que no reúna alguna de estas condiciones citadas, podrá ingresar a la lista de espera de la base de datos del MDS, e iremos incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos. Para este noviembre ya hemos procesado y estaremos incluyendo en el programa unos 15.140 adultos mayores. De los cuales estamos haciendo con una estrategia de rango etario de mayor a menor de edad. Incluimos desde 106 años a 90 años ahora, en este noviembre”, precisó.

Al respecto, el viceministro brindo un informe detallado de como se distribuye estos 15.140 adultos mayores, señalando que los paraguayos latinos son 14.733 personas. Mientras que los adultos mayores de pueblos indígenas son 165 personas, al respecto, aclaró que la normativa establece que los indígenas acceden a este beneficio desde los 55 años.

Asimismo, indicó que la normativa incluye también a personas con discapacidad y/o discapacidad severa, que pueden ingresar al beneficio de la pensión universal desde los 60 años de edad y en este noviembre ya fueron incluidos 241 adultos mayores. Todos estos grupos son los que ahora desde noviembre han sido procesados y seleccionados para comenzar a recibir la pensión universal.

Indicó que este grupo comenzará a recibir sus pensiones a partir del miércoles 4 de diciembre en adelante a través de las ventanillas del Banco Nacional de Fomento. Señaló que todo el proceso de pago se hará por red bancaria, por lo que a mediados de diciembre los adultos mayores recibirán sus tarjetas de débitos.

“Para este año se prevé el pago de 660.057 guaraníes, que conforme a la ley es el 25 % del salario mínimo. Para el año que viene estarían recibiendo G. 699.577, por lo que se buscará la forma de redondear a G. 700.000. Es importante aclarar que el próximo año estaremos incluyendo unos 30 mil adultos mayores más, que ya está previsto en el proyecto de presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social”, acotó.

El viceministro Ramírez enfatizó que el Ministerio de Desarrollo Social es el que hace la elegibilidad de los adultos mayores utilizando la tecnología y llevando a cabo el cruzamiento de datos, para determinar quiénes son los abuelitos que califican para recibir el beneficio. Ubicando a los beneficiarios tanto por departamentos y por distritos.

“Es importante aclarar que no porque cumplió 65 años ya serán beneficiados para el cobro de la pensión, iremos incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria e iremos bajando de mayor a menor edad. Al mismo tiempo, pedimos que se cuiden este fin de año porque hay muchos avivados inescrupulosos, que están esperando el momento para estafar al adulto mayor, en el sentido de hacerle gestoría, o ayudarles a ingresar a la lista. Nadie necesita hacer ninguna gestión para ingresar, ni necesita ningún intermediario. Nosotros, usando la tecnología estaremos incluyéndoles y todo el proceso es gratuito” concluyó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la reglamentación de la ley de universalización de la pensión para adultos mayores. El mandatario sostuvo que es una acción para proteger a las personas de la tercera edad por parte del Gobierno.

“Hoy quiero compartir una noticia que me llena de alegría y esperanza, estamos avanzando juntos como país, cuidando a quienes tanto nos han dado, nuestros adultos mayores”, anunció el presidente a través de las redes sociales.

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Con esta nueva normativa, unas 15.000 personas, adultas mayores, ya podrán recibir este beneficio. “Este mes de noviembre, gracias a la nueva ley de la pensión universal para adultos mayores, que promulgamos, más de 15.000 abuelos y abuelas de todo el Paraguay se han sumado a este programa de forma fácil y ágil, como lo decíamos en campaña, solamente presentando su cédula”, señaló.

Así también, sostuvo que esta es una acción para honrar a abuelos y abuelas que tanto hicieron en su momento. “Un país que cuida a sus adultos mayores, es un país que honra su historia, protege a su gente y siembra esperanza para el futuro”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, indicó que esta nueva acción institucional se da gracias al trabajo del Gobierno, para asistir a las personas de la tercera edad. “Seguiremos trabajando para que este programa beneficie a más adultos mayores porque todos merecen vivir con dignidad y tranquilidad”, refirió.

Explicó además que, serán incluidas personas con discapacidad y miembros de los pueblos originarios, eliminando el censo y sin ningún tipo de discriminación. “Esto ha sido posible gracias a la decisión del Gobierno del Paraguay y al uso de la tecnología que nos permite llegar de manera más rápida y justa a quienes lo necesitan”, puntualizó.

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El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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