Este miércoles, la Policía Nacional logró detener al exfuncionario de la Cooperativa San Cristóbal que estaba prófugo desde hace varios años. El hombre ya cuenta con una condena de 6 años de cárcel por estafa, pero logró huir y contaba con una orden de detención nacional, además, de código rojo por la Interpol.

Se trata de Fernando Germán González Alonso, quien fue detenido en una vivienda ubicada en la ciudad de Asunción. La detención se logró luego de que la Interpol en Paraguay emitió una alerta por el ingreso de esta persona al país, desde ese momento inició el trabajo para dar con el paradero del hombre.

Según la fiscal María Pérez, el hombre cuenta con una condena desde el año 2015 por estafa, pero que hasta el momento no se pudo dar cumplimiento porque se dio a la fuga y estuvo prófugo por unos 10 años. González se desempeñaba como gerente y por un tiempo también fue tesorero de la citada cooperativa.

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En el mismo año los abogados apelaron al dictamen y fueron a una casación, finalmente se confirmó su condena en el año 2018, pero el hombre nunca se presentó. Durante todo este tiempo estuvo en el exterior y para las fiestas de fin del año 2023 retornó al país. “Procedimos a su detención tras un allanamiento y el hombre no opuso resistencia”, explicó la interviniente en entrevista con Unicanal.

Señaló que ahora deberá cumplir con la condena de seis años por estafa. “Esta es una causa que se probó y acreditó el daño patrimonial de G. 1.038 millones de la Cooperativa San Cristóbal. Se desempeñaba como tesorero y era un funcionario de alto cargo, tenia control operativo de todos los fondos de los socios”, apuntó. El hombre permanece detenido en el departamento de Investigación de Delitos.

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El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pablo Loblein, contó que, luego de las irregularidades constatadas en la Cooperativa San Cristóbal, entre ellas las concesiones crediticias sin que los socios cumplan con los requisitos, se comenzó a fiscalizar a otras entidades para controlar el buen funcionamiento de las mismas.

“Con el caso de San Cristóbal, ocurrido el primer trimestre del año pasado, fueron momentos difíciles donde tuvimos que hacer mucho esfuerzo para estabilizar el sector. Son varias las que están siendo fiscalizadas porque consideramos que es importante dar seguimiento a su funcionamiento”, explicó Pablo Loblein a la 1020 AM.

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Sobre ese punto, también mencionó que hoy San Cristóbal tiene un nuevo proceso luego de haberse levantado la intervención. Cuentan con un plan de acción de vigilancia localizada mediante un técnico que monitorea las actividades de la cooperativa. Además, precisó que luego de la intervención se constató un 30 % de morosidad crediticia. “La vigilancia localizada tiene una duración de 180 días, si se evalúa y hay todavía alguna irregularidad se renueva otros 180 días”, agregó.

Asimismo indicó que, respecto a las quejas de los socios que decidieron renunciar y solicitaron su aportes, aclaró que esto se resuelve en cada asamblea anual. Es decir, quienes renunciaron en el 2022 recibirán sus aportes este año y quienes lo hagan este 2023, serán puestos en análisis en la asamblea de 2024.

“Uno tiene que hacer una evaluación y ver qué se pudo haber hecho para prevenir estos hechos y eso se está haciendo. Tenemos dentro del plazo los informes de las cooperativas de cómo van cerrando mes a mes”, resaltó Loblein.

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La tan prolongada y tediosa deuda del Estado para con las empresas constructoras y vialeras ya lleva casi 3 años, y pese al tiempo siguen prácticamente en las mismas condiciones, pues se fue arrastrando desde el inicio de la pandemia en 2020 y se convirtió en la “sequía” del sector de la construcción y obras.

Esto, a raíz de la falta de disponibilidad del Gobierno, que si bien se endeudó por más de US$ 1.200 millones, estos recursos fueron direccionados preferentemente al sector salud, dejando de lado a otros segmentos como lo fue el de obras, que todavía arrastra una deuda de US$ 300 millones.

Al respecto, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, conversó con el programa “Así con las cosas” de Universo 970/ Nación Media y destacó que se haya tenido que priorizar el componente salud durante la pandemia, que ocasionó a la vez un descalce financiero afectando sobremanera al rubro.

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Por ello es que solicitaron al Banco Central del Paraguay (BCP), a través de una nota petitoria, que se emita una resolución que no modifique al sector de la construcción la categoría crediticia, tal y como se realizó con el sector agrícola cuando se presentó la sequía.

“Lo que para el sector agrícola la falta de agua es una sequía, para nosotros la falta de cobro es nuestra sequía”, expresó el titular de Cavialpa. Explicó a la vez que dicha solicitud es vital, porque las constructoras y vialeras se apalancan con los bancos. Al tiempo de agregar que al cortarse la cadena de pagos, tiene mucha implicancia porque la cartera del sector de la construcción es muy importante por la cantidad de proveedores de materiales, de servicios, de los equipos y maquinaria que adquieren a largo plazo, dijo.

En cuanto a los pagos, Sarubbi señaló que se aprobaron dos créditos programáticos, que con una parte de la disponibilidad de este fondo se pagó cierto monto que disminuyó de alguna manera el total, pero las obras deben seguir ejecutándose mes a mes, con lo que el monto de la deuda sigue aumentando.

“Ahora estamos con un compromiso que nos paguen un remanente del año pasado. También está previsto otro crédito programático que se está gestionando, pero lo cierto es que seguimos con una deuda de más de US$ 300 millones”, sostuvo Sarubbi.

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El exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, arrebató nuevamente contra el sistema y manejo de la entidad con relación a la millonaria deuda acarreada con los proveedores, así como el origen de la garantía del crédito absorbido para cumplir con cierta parte de los compromisos.

Mencionó que en el sistema financiero todo está regulado, por lo que para acceder a un préstamo necesariamente se tiene que ofrecer una garantía, y cuyo origen es la interrogante con la fuerte sospecha de que se hayan utilizado los fondos de la pensión de jubilaciones para el efecto, según denunció en reiteradas ocasiones ya previamente.

“Tienen que mostrar cuál fue la garantía para el préstamo, nosotros denunciamos eso para que nos muestre el documento porque en el sistema bancario todo está regulado, para acceder a préstamos se tiene que ofrecer garantía, y la garantía en este caso está en la pensión de jubilaciones”, acusó Halley en contacto con la 680 AM.

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Es así que, según el exgerente de Prestaciones Económicas del IPS, la situación se está manejando con un ocultismo absoluto, lo cual lamenta bastante. Dijo, pues según él, eso es lo malo en la administración de Vicente Bataglia, que además sea el firmante de la deuda pero que luego en poco tiempo se tendrá que ir, pero la deuda seguirá.

Remarcó que, por todos los antecedentes, se había accionado de forma judicial incluso para que el titular del IPS demuestre la documentación referente a la garantía que ofrecieron para acceder al primer crédito, pero que hasta ahora no se cuenta con ninguna evidencia, lo que hace suponer la utilización de los fondos de pensiones para ello.

Hay que mencionar que, tras una serie de objeciones, los senadores habían sancionado en noviembre el proyecto de ley que habilita a la previsional a generar créditos de hasta US$ 240 millones para el pago a proveedores de medicamentos e insumos, mientras que existe el miedo de los asegurados de que esto perjudique a los fondos de jubilados y pensionados, además de que todo esto se ejecutó en pleno periodo electoral.

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