Joel Talavera, titular de Dinapi, expresó que la institución está en contra del proyecto de ley AntiSpotify que será tratado en la Cámara de Diputados este miércoles. Foto: ilustrativa
Dinapi en contra de aplicar 10 % de retenciones a plataformas digitales
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El titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Joel Talavera, expresó que la institución está en contra del proyecto de ley AntiSpotify que será tratado en la Cámara de Diputados este miércoles.
El mismo explicó que este proyecto, de ser aprobado, traería grandes conflictos para las plataformas digitales, ya que se pretende aplicar un 10 % de retenciones al servicio, entendiendo que si esto se promulga, la empresa y otras, podrían irse del país.
“Cuando lo estábamos analizando y elaborando ya el borrador de la posición institucional nos enteramos de que ya formaba parte del orden del día de la Cámara de Diputados. No estamos de acuerdo con este proyecto porque antes que traer soluciones realmente genera mayores conflictos”, precisó el titular de Propiedad Intelectual a la 1020 AM.
Mencionó que la empresa de streaming había agradecido mediante una nota a Dinapi por haberse mostrado en contra de la propuesta y expresaron su preocupación por el descuento del porcentaje en las transacciones que sufriría la entidad. “Manifestaron su preocupación por encarecer o descontar un porcentaje tan importante a las transacciones que se hacen con estas plataformas, sin que eso sea objeto de ser descargado en el usuario, podría determinar en que Spotify abandone el país”, expuso.
Sin embargo, aclaró que según su punto de vista el proyecto no prosperará y la entidad internacional se quedará eventualmente en el país. “Independientemente al tratamiento que se le dé al proyecto de Diputados, que abarca en ambas cámaras y desemboca en el Ejecutivo. Está bien dirigida la preocupación de la entidad, pero vamos a saber sortear esta situación. Hemos sentado nuestra posición en contra del proyecto”, sostuvo.
Los diputados solicitan datos sobre estudios procesados en un centro privado que tiene contrato con el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS).FOTO: GENTILEZA
Piden informes a IPS y Salud sobre servicios tercerizados
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Específicamente el pedido abarca cantidad de pacientes atendidos y especialidades médicas de los estudios.
La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS). El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.
El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.
Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.
Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.
Aprueban hasta 15 años de cárcel para cómplices de fugas de presos
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El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 294 del Código Penal Paraguayo para endurecer las sanciones por la liberación de personas privadas de libertad. Impulsada por el diputado Yamil Esgaib, la iniciativa completó su estudio en particular durante la sesión ordinaria de este martes y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
El texto aprobado sanciona con hasta cinco años de prisión o multa a quien libere a un interno, lo induzca a la fuga o le preste apoyo logístico para consumarla, extendiendo la punibilidad a la etapa de tentativa. Con este reajuste, el Poder Legislativo busca cerrar los vacíos legales de la normativa vigente e inhibir el auxilio externo que suelen recibir los reclusos de alta peligrosidad.
El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios con la obligación explícita de evitar la evasión. Para estos casos, en los que exista violación del deber de custodia, la pena privativa de libertad se eleva de 5 a 15 años de cárcel, eliminando la opción de multas sustitutivas.
La exposición de motivos señala que las evasiones registradas en el país responden mayoritariamente a esquemas de corrupción promovidos por organizaciones criminales. según el documento, los grupos delictivos aprovechan la baja expectativa de pena prevista en la legislación actual para cooptar mediante sobornos o amenazas al personal de seguridad y agentes del orden.
Asimismo, la propuesta introduce el concepto de “fuga masiva” como circunstancia agravante, definida como la liberación planificada o simultánea de más de un interno. Tras conseguir el respaldo del pleno en la Cámara Baja, el proyecto pasa a consideración del Senado, donde se evaluará la ratificación del nuevo marco punitivo contra la complicidad penitenciaria.
Diputados instan a garantizar fármacos para la salud mental
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública a “extremar sus recursos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas” frente a la escasez de fármacos destinados al tratamiento de la salud mental.
El proyectista, Arturo Urbieta, fundamentó la existencia de “escasez crítica” de medicamentos utilizados para el tratamiento de la salud mental. Expone que el mismo Ministerio de Salud reconoció a través de un comunicado oficial, esta problemática.
El legislador colorado citó específicamente los casos del haloperidol decanoato y el palmitato de paliperidona, fármacos indicados principalmente para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
A través de la propuesta, el diputado Urbieta subrayó la necesidad de garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos crónicos, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 7018 “De Salud Mental”.
En ese sentido, la declaración insta al Ministerio de Salud a extremar sus esfuerzos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas sustitutas disponibles, así como los protocolos clínicos de contingencia necesarios para asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes afectados.
Se busca establecer mecanismos que permitan que las disposiciones reglamentarias puedan aplicarse de manera efectiva.
La mesa directiva de la Cámara de Diputados analizó la posibilidad de introducir modificaciones al reglamento interno, con el fin de fortalecer las disposiciones relacionadas con la asistencia y puntualidad de los legisladores.
Al término de la reunión, explicaron que está en estudio una propuesta que contempla la revisión de los descuentos establecidos actualmente para los parlamentarios que registren llegadas tardías o ausencias injustificadas.
Según indicaron, el reglamento vigente establece descuentos de G. 300.000 por llegada tardía y G. 600.000 por ausencia. También comentaron que se están desarrollando un trabajo técnico orientado a evaluar la actualización de estos montos. Se busca establecer mecanismos que permitan que las disposiciones reglamentarias puedan aplicarse de manera efectiva.
“Es un tema que preocupa constantemente por el impacto que tienen las ausencias de los colegas en la imagen de la Cámara. El presidente Raúl Latorre dio instrucciones específicas para que un equipo técnico trabaje en una propuesta que permita actualizar los descuentos y garantizar su aplicación efectiva”, recordaron.