El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pablo Loblein, contó que, luego de las irregularidades constatadas en la Cooperativa San Cristóbal, entre ellas las concesiones crediticias sin que los socios cumplan con los requisitos, se comenzó a fiscalizar a otras entidades para controlar el buen funcionamiento de las mismas.
“Con el caso de San Cristóbal, ocurrido el primer trimestre del año pasado, fueron momentos difíciles donde tuvimos que hacer mucho esfuerzo para estabilizar el sector. Son varias las que están siendo fiscalizadas porque consideramos que es importante dar seguimiento a su funcionamiento”, explicó Pablo Loblein a la 1020 AM.
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Sobre ese punto, también mencionó que hoy San Cristóbal tiene un nuevo proceso luego de haberse levantado la intervención. Cuentan con un plan de acción de vigilancia localizada mediante un técnico que monitorea las actividades de la cooperativa. Además, precisó que luego de la intervención se constató un 30 % de morosidad crediticia. “La vigilancia localizada tiene una duración de 180 días, si se evalúa y hay todavía alguna irregularidad se renueva otros 180 días”, agregó.
Asimismo indicó que, respecto a las quejas de los socios que decidieron renunciar y solicitaron su aportes, aclaró que esto se resuelve en cada asamblea anual. Es decir, quienes renunciaron en el 2022 recibirán sus aportes este año y quienes lo hagan este 2023, serán puestos en análisis en la asamblea de 2024.
“Uno tiene que hacer una evaluación y ver qué se pudo haber hecho para prevenir estos hechos y eso se está haciendo. Tenemos dentro del plazo los informes de las cooperativas de cómo van cerrando mes a mes”, resaltó Loblein.
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Sector cooperativo desempeña un papel clave en la inclusión financiera, afirma MEF
El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, resaltó la importancia del sector cooperativo dentro del sistema financiero nacional, durante una conferencia magistral realizada en el VII Congreso Cooperativo, organizado por la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop).
“El sector cooperativo es un actor fundamental en el sistema financiero paraguayo y desempeña un papel clave en la política de inclusión financiera, un componente esencial para el crecimiento y desarrollo de nuestro país”, afirmó González Soley.
Durante su exposición, el viceministro González Soley compartió datos relevantes del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), destacando que de las 576 cooperativas registradas, el 66 % (382) son de ahorro y crédito; el 21 % (118), de producción; y el 13 % (76), de otros tipos.
Señaló además que las cooperativas concentran el 17 % de los activos del sistema financiero paraguayo, lo que equivale a una parte significativa del total, que supera los USD 38 mil millones.
“Esto demuestra que las cooperativas no tienen un rol menor. Desde su creación, especialmente las de ahorro y crédito, han crecido y se han consolidado como canales fundamentales para movilizar el ahorro de los socios y transformarlo en crédito, contribuyendo activamente al dinamismo del sistema financiero”, explicó.
Otro aspecto destacado por el viceministro fue la amplia presencia territorial de las cooperativas, lo que permite acercar servicios financieros a zonas del país donde los bancos y financieras no están presentes, debido a la falta de incentivos para instalar sucursales.
Finalmente, instó a las cooperativas a seguir profundizando su contribución al desarrollo económico, enfocándose en tres pilares fundamentales: fomentar la bancarización mediante productos financieros adecuados, educar a los consumidores en su uso responsable y protegerlos a través de normativas claras establecidas desde el sector público.
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En carta abierta al presidente Peña, socios de Poravoty apelan a evitar el cierre de la cooperativa
A través de una carta pública, los socios ahorristas de la Cooperativa Poravoty Ltda. pidieron este jueves al presidente de la República, Santiago Peña, que intervenga para evitar la liquidación de la entidad, alegando que aún es posible salvarla y evitar que miles de familias pierdan sus ahorros.
En la misiva, firmada por los afectados, se apela directamente a la sensibilidad del mandatario: “Nos dirigimos a usted desde lo más profundo del corazón de miles de paraguayos que hoy se sienten abandonados, dolidos y al borde del abismo”, inicia el texto.
Los firmantes relatan que la cooperativa fue fundada sobre la base del esfuerzo y la solidaridad, y lamentan que la decisión de liquidarla haya sido tomada sin dar oportunidad a los socios de presentar alternativas.
“No somos banqueros, no somos empresarios poderosos. Somos padres, madres, abuelos, jóvenes trabajadores”, expresan, solicitando al jefe de Estado una chance para reconstruir la institución con control estatal si es necesario.
Lejos de negar los errores administrativos, los ahorristas se mostraron abiertos a una reestructuración. “No pedimos impunidad, pedimos la posibilidad de volver a empezar con transparencia, con una nueva administración”. Finalmente, ruegan a Peña que interceda para evitar lo que consideran una sentencia injusta: “No nos deje en el olvido. Aún podemos recuperar lo que nos pertenece”.
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El caso
El lnstituto Nacional de Cooperativismo (Incop) confirmó un descalabro financiero y administrativo de la intervenida cooperativa, cuyo perjuicio patrimonial ascendió a unos G. 295.000 millones. Poravoty es una entidad solidaria a cargo de un grupo de policías.
Las irregularidades corresponden a diversas áreas, como ser:
- la violación de la ley antilavado (Seprelad)
- compra de armas, aparentemente con precios inflados
- compra de propiedades con precios exorbitantes
- movimiento de dinero en efectivo dentro de la creación de un sistema de crédito sin documentaciones que avalen la viabilidad de esa operativa
Toda esta situación permitió a las autoridades del Incoop a proceder al retiro de la licencia para que la cooperativa Poravoty pueda seguir operando dentro del mercado, como ser: captar recursos del público y entregar créditos.
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Incoop urge a Fiscalía investigar millonario fraude en cooperativa Poravoty
El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incop) Carlos Romero Roa, confirmó el descalabro financiero y administrativo de la intervenida Cooperativa Poravoty, cuyo perjuicio patrimonial ascendió a unos G. 295.000 millones.
Romero informó sobre el final del proceso de intervención de la entidad solidaria que duró 180 días y pidió que la Fiscalía proceda a la investigación de los hechos irregulares detectados durante la administración de la mencionada cooperativa.
El directivo del ente regulador de cooperativas fue entrevistado por el programa “Arriba Hoy” emitido por Universo 970, y presentó los resultados de la intervención de la cooperativa Poravoty.
Poravoty es una entidad solidaria a cargo de grupo de policías que registró un perjuicio millonario, según los interventores del Incoop.
Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.
El presidente del Incoop refirió que el viernes pasado se realizó la asamblea para notificar a los socios de Poravoty, el estado financiero y administrativo, tras la finalización de la intervención con los hechos irregulares encontrados y las resoluciones adoptadas por el Incoop.
Detectaron cuatro puntos irregulares, cuya documentación y denuncia respectiva fue presentada ante la Fiscalía para la investigación penal correspondiente.
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Las irregularidades corresponden a diversas áreas: como ser la violación de la ley antilavado (Seprelad); compra de armas, aparentemente con precios inflados; compra de propiedades con precios exhorbitantes, y movimiento de dinero en efectivo dentro de la creación de un sistema de crédito sin documentaciones que avalen la viabilidad de esa operativa.
RETIRO DE LICENCIA
Toda esta situación permitió a las autoridades del Incoop a proceder al retiro de la licencia para que la cooperativa Poravoty pueda seguir operando dentro del mercado, como ser: captar recursos del público y entregar créditos.
La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.
Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.
ELECCIÓN DE COMITÉ DE CIERRE
Romero informó que tras la asamblea de los socios, se procedió -conforme a la ley- a la elección de un comité de cierre de liquidación de la cooperativa para la administración de los bienes. Dijo que este comité está integrado por tres socios y dos funcionarios del Incoop, para lo cual se habilitó una cuenta bancaria a nombre del ente regulador para que los activos no sean embargables y se pueda empezar a negociar los procesos de eventuales devoluciones de ahorros, etc.
“Hay varias rutas a a seguir, según los activos estos no dan para cubrir la totalidad de los ahorros”, dijo.
Mencionó que hay propuestas de los socios, como la reapertura de la cooperativa, lo que sería muy difícil debido a la nueva capitalización de la misma.
PRÉSTAMOS FICTICIOS
Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.
“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.
Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.
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Sedeco fiscalizará el acatamiento de la nueva normativa sobre combustibles en estaciones de servicio
La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) socializó la actualización de la normativa sobre combustibles que obliga a los emblemas a informar de forma clara y visible tanto los tipos como los precios de los hidrocarburos. Realizarán fiscalizaciones para controlar el acatamiento de la resolución, dando un plazo de 4 meses para la adecuación de carteleras y publicidades.
Alejandro Apuril, director de Transparencia de la Sedeco, afirmó que la nueva resolución busca un comercio más transparente de los combustibles y también que se ofrezcan productos de la mejor calidad, en línea con el decreto presidencial 3.241/2025, que establece nuevas especificaciones técnicas para los combustibles líquidos derivados del petróleo.
Entre los principales cambios que estipula el nuevo decreto, figura la recategorización de las gasolinas comercializadas, que ahora estarán identificadas como RON 88 (Rojo), 93 (Amarillo), 97 (Azul) y 98 (Verde); la reducción del contenido de MTBE (Éter Metil Tert-Butílico) al 1% v/v; la disminución del contenido de azufre a un máximo de 100 ppm en promedio, entre otros aspectos.
Según explicó Apuril a la 920 AM, Sedeco publicó la resolución 871/2025 en junio pasado y los emblemas tendrán 4 meses de tiempo para ajustarse a la nueva disposición y actualizar sus carteleras y publicidades.
“Se realizarán las fiscalizaciones y se estará advirtiendo a los emblemas que no estén cumpliendo, pero no podrán ser sancionados porque tendrán cuatro meses para adecuar su cartelería y la publicidad que están realizando”, dijo el funcionario.