El Ministerio de Hacienda (MH) aprobó el Plan Anual de Evaluaciones (PAE) para el ejercicio fiscal 2023 que detalla los programas e intervenciones presupuestarias que son objeto de evaluación por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE). Los resultados de las evaluaciones establecidas serán publicados en los portales institucionales de las entidades responsables.
La cartera económica indicó que este procedimiento se da como resultado de un proceso previo de coordinación y recopilación de intenciones o propuestas comunicadas durante el mes de febrero al departamento de Evaluación del Gasto Público. Se tendrán en cuenta detalles como el programa o proyecto de evaluación, estructura presupuestaria, tipos y periodos, financiamiento, costo aproximado del proyecto y los responsables.
Además, refirieron que el instrumento normativo es implementado por el MH desde el año 2017, en el marco del presupuesto por resultados, y tiene como principal objetivo coordinar los esfuerzos realizados a nivel nacional para la evaluación de programas e intervenciones de carácter público y que se encuentran en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Cada organismo deberá formalizar a través de una resolución institucional la comunicación al MH de los programas o intervenciones que serán objeto de evaluación durante este ejercicio fiscal 2023, en un plazo no superior al último día hábil del mes de febrero 2023, mencionaron.
Por último, refirieron que de esta manera buscan avanzar hacia la institucionalización sobre el uso de este sistema dentro de las dependencias o entidades como una herramienta fundamental para la provisión de información y toma de decisiones oportunas, con miras al logro de resultados y la mejora continua de las gestiones.
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UIP plantea cinco reformas para evitar el deterioro del sistema jubilatorio del IPS
El sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), enfrenta crecientes desafíos financieros y, ante este escenario, el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), presentó una propuesta de reformas orientadas a extender la sostenibilidad del fondo previsional y evitar un mayor deterioro de sus reservas.
El informe advierte que actualmente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones registra un déficit operativo anual superior a USD 70 millones, situación que obliga a utilizar parte de las rentas generadas por las reservas para cubrir el pago de jubilaciones. Según el análisis, si no se aplican medidas correctivas, el sistema podría comenzar a consumir directamente su capital acumulado en las próximas décadas. Ante esta situación, la UIP propone cinco pilares de reforma que apuntan tanto al fortalecimiento financiero como a la modernización institucional del IPS.
Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con el IPS, correspondiente al aporte del 1,5 % de la masa salarial establecido por ley. El gremio propone que esta deuda sea formalizada mediante un bono perpetuo y que el aporte corriente sea incorporado regularmente al Presupuesto General de la Nación (PGN) desde 2027.
La propuesta contempla además la creación de un fondo blindado, cuyos recursos no puedan ser utilizados para gastos corrientes durante los próximos 20 años, con el objetivo de fortalecer las reservas previsionales.
Otro de los cambios planteados apunta al pago del aguinaldo de los jubilados. El estudio sostiene que este beneficio fue financiado históricamente con recursos del propio fondo jubilatorio, afectando la acumulación de reservas. Para corregir esta situación, la UIP plantea un aporte previsional anual aplicado sobre el aguinaldo de trabajadores activos, compartido entre empleados y empleadores, destinado exclusivamente a financiar ese beneficio.
El documento también considera clave ampliar la cantidad de aportantes al sistema. Actualmente, la cobertura previsional alcanza a poco más de una cuarta parte de la población económicamente activa. Por ello, se propone avanzar en políticas de formalización laboral e impulsar el crecimiento industrial, bajo el argumento de que una economía con mayor generación de empleo formal fortalece automáticamente los ingresos del IPS.
El quinto eje se centra en una transformación de la gobernanza institucional. Entre las medidas sugeridas figuran la conformación de un directorio técnico, auditorías externas periódicas, digitalización de procesos y publicación constante de información financiera.
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CGR resalta avances en gestión y transparencia en la administración de la Cámara de Senadores
La Cámara de Senadores de la Nación dio a conocer los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) que lleva adelante la Contraloría General de la República (CGR), en la que destaca que la Cámara Alta logró alcanzar una de las mejores puntuaciones entre las instituciones evaluadas.
De acuerdo con el informe oficial, revelado por el órgano legislativo, destaca que el Senado de la Nación, obtuvo una calificación consolidada de 3,33, ubicándose en el nivel de madurez “Gestionado”, lo que refleja avances significativos en la implementación de herramientas de control, planificación y evaluación institucional.
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En el informe explica que el resultado señala además que el Sistema de Control Interno de la institución se encuentra desplegado e implementado en la mayoría de los criterios analizados, destacando el compromiso de las autoridades y de los equipos técnicos en el proceso de fortalecimiento institucional.
En ese sentido, señalan que el informe de la Contraloría resalta que “el nivel directivo, bajo el liderazgo de la Máxima Autoridad, ha demostrado un compromiso activo en la evolución del SCI en la Honorable Cámara de Senadores”, resaltando el acompañamiento institucional impulsado desde la presidencia de la Cámara Alta, encabezada por el senador Basilio Núñez.
Aspectos a mejorar
No obstante, el organismo de control también menciona que existen oportunidades de mejora que deberán ser consideradas para afianzar y consolidar este proceso de evolución institucional.
“Estos resultados constituyen un importante respaldo al trabajo desarrollado por la Honorable Cámara de Senadores en materia de gestión institucional, transparencia y mejora continua”, destaca el boletín informativo de la Cámara Alta.
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MOPC aclara que Costanera fue una obra del Gobierno y no de gestión municipal de Samaniego
El precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego divulgó a través de sus redes sociales, un video en el que se jacta de ser el que impulsó y ejecutó la construcción de la Costanera de Asunción, en su primera etapa y proyectó la construcción de las siguientes etapas. De esa manera, invocó asegurar que bajo su administración como intendente municipal se llevaron a cabo dichas obras.
Sin embargo, nobleza obliga recordar que este proyecto fue impulsado primeramente por la ex intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, que presentó el proyecto de Ley al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y se encargó de elaborar el proyecto y ejecutar el mismo con fondos provenientes del Estado paraguayo a través del Presupuesto General de la Nación y no con recursos de la comuna.
Al respecto, desde la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC confirmaron a La Nación/Nación Media, que la Avenida Costanera de Asunción, se inició durante la administración municipal de Arnaldo Samaniego, pero que la misma fue una obra impulsada y ejecutada por el Gobierno nacional, a través del MOPC.
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Mencionaron que la primera etapa de la Costanera Norte comenzó en 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, bajo conducción del entonces ministro de Obras Públicas Efraín Alegre. No obstante, señalaron que la Municipalidad de Asunción acompañó y participó en aspectos urbanísticos, coordinación técnica y aprobación de los proyectos complementarios.
Proyecto de Franja Costera
La construcción de la Costanera de Asunción (etapa Norte) fue uno de los proyectos de infraestructura urbana más transformadores para la capital paraguaya, marcando el inicio del reencuentro de la ciudad con el río Paraguay. Formó parte del Plan Maestro de la Franja Costera, una visión urbana que se venía gestando desde la década de los 90.
Pero el impulso definitivo llegó con la administración del MOPC para conectar el tráfico y recuperar la zona ribereña. Esto, teniendo en cuenta que el diseño y la ingeniería estuvieron a cargo del MOPC, bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de Proyectos, con la colaboración de técnicos municipales y consultoras privadas.
En cuanto a la inversión aproximada para esa primera etapa fue de 21,5 millones de dólares, cuya forma de financiación fue con fondos estatales, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Nacional, gestionados a través del Presupuesto General de la Nación asignado al MOPC, y que luego se fueron sumando créditos internacionales y bonos soberanos en las distintas etapas posteriores del proyecto.
Aportes del municipio
Por tanto, es relevante hacer una distinción en este punto, con relación al aporte de la Municipalidad de Asunción que no fue la entidad ejecutora principal de la avenida, ya que la dirección técnica y contractual estuvo a cargo del MOPC.
Pero sí la comuna asuncena estuvo a cargo de coordinar obras urbanas complementarias, elaborar y aprobar planos para infraestructura en la zona costera, impulsar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano alrededor de la Costanera y participar en planes de reconversión de la Bahía de Asunción.
Por ejemplo, en 2015 la Municipalidad entregó al MOPC planos elaborados por técnicos municipales para comisaría, cuartel de bomberos, guardería y sede de PMT en la zona de la Costanera.
Tensiones con la comuna
De hecho, recurriendo a los archivos periodísticos de la época se puede encontrar que durante el gobierno municipal de Arnaldo Samaniego hubo varios roces institucionales con la administración Central. Esto, considerando que desde la intendencia reclamaba no conocer completamente algunos detalles de la segunda etapa de la Costanera Norte.
En 2013, Samaniego incluso pidió suspender la apertura de ofertas de una licitación hasta que el municipio aprobara el proyecto urbanístico. Además, se reportaron algunos fuertes cruces entre el MOPC y el municipio por la titularidad de las tierras y el mantenimiento. La Municipalidad puso reparos sobre quién debía hacerse cargo de la limpieza, la seguridad y la iluminación una vez terminada la obra.
El mayor freno fue el proceso de reubicación de las familias que vivían en las zonas de relleno (bañados). La Municipalidad exigía planes de vivienda social claros antes de avanzar, pero que finalmente, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes se realizó la entrega de las primeras 120 viviendas sociales.
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Itaipú transfirió USD 165 millones y fortalece financiamiento estatal
La Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 165 millones entre enero y abril de 2026 en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), recursos contemplados dentro del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Los desembolsos representan una de las principales fuentes de ingresos externos del país y tienen un impacto directo en el financiamiento de obras públicas, programas sociales y planes de inversión de gobiernos locales.
Del total transferido, USD 87 millones corresponden a royalties, mientras que USD 45 millones fueron remitidos por cesión de energía. Además, la Ande recibió USD 33 millones por resarcimiento de cargas de administración y utilidades del capital, además de otros USD 28 millones vinculados a resarcimientos y utilidades.
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Solo en las últimas remesas, Itaipú desembolsó USD 21 millones en royalties y USD 9 millones por compensación de energía cedida.
Municipios y gobernaciones
Estos fondos son considerados estratégicos para el funcionamiento financiero de gobernaciones y municipios, ya que permiten ejecutar obras de infraestructura, inversiones sociales y mejoras en servicios básicos.
Parte de los royalties son destinados al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras otra porción es distribuida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a administraciones departamentales y municipales.
En paralelo, los recursos provenientes de la cesión de energía alimentan el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), además de beneficiar también a municipios y gobernaciones.
Las transferencias de Itaipú representan uno de los pilares financieros más importantes para el Estado paraguayo, especialmente en un contexto donde las administraciones públicas dependen de estos ingresos para sostener proyectos de inversión y gastos operativos.
Además de fortalecer las finanzas públicas, estos recursos generan previsibilidad presupuestaria, permitiendo planificar obras y programas a mediano plazo.
El flujo constante de ingresos provenientes de la hidroeléctrica también refuerza el peso estratégico de Itaipú dentro de la economía nacional, no solo como generadora de energía, sino como fuente central de financiamiento para el desarrollo.
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