“Tengo dos frentes muy com­plejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contra­loría General de la República (CGR), sino también en zan­jar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.

“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregu­laridad la Contraloría y que ha sido causal de la interven­ción, pero también la Ley n.º 317 me exige de que tengo que encargarme de la administra­ción del municipio, con la limi­tación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entre­vista con el programa “Fuego cruzado” emitido por el canal GEN/Nación Media.

El interventor comentó que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculi­zada teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emi­tido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.

“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.

“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.

“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.

“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.

Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.

“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.

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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".

El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.

Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.

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El diputado liberal Pedro Gómez instó al Gobierno a actuar con mayor firmeza ante las medidas de fuerza del sector empresarial del transporte público, a la que recurren permanentemente desde el rubro, y se pronunció a favor de aplicar el sistema de subsidio por kilómetro recorrido, en reemplazo del modelo actual.

“El transporte público debe ser una solución para la gente. Este es un tema que no tiene bandería política ni debe ser tomado por un solo sector, es un tema de todos”, expresó Gómez, al señalar que existen empresarios que permanentemente amenazan con paros cuando se registran retrasos en el pago de subsidio.

A juicio del legislador, el esquema de subsidio por kilómetro permitiría mayor control y previsibilidad, ya que los transportistas cobrarían en función al servicio efectivamente prestado. “Entonces, el que está en la calle cobra su subsidio y evitamos todo este tema de la regulada”, sostuvo a la 1020 AM.

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Asimismo, reconoció que hay empresarios que cumplen con el servicio, tienen buses nuevos y no se adhieren a las medidas de fuerza. Sin embargo, consideró que la mayoría busca condicionar al Estado para obtener ventajas.

“Están todo el tiempo chantajeando. Esta vez se les debía un mes, pero cuando llegó Santiago Peña se les debía como un año. Todo el tiempo les das la mano y te agarran del codo”, criticó.

Gómez reiteró la necesidad de una respuesta más frontal por parte del Gobierno y advirtió que el problema del transporte seguirá sin resolverse si no se prioriza el interés ciudadano por encima de los intereses particulares del sector empresarial.

Hay que mencionar que el presidente Santiago Peña ya confirmó que la presentación del proyecto de reforma del transporte público ante el Congreso se materializará en los próximos días. Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, adelantó que la propuesta contempla el pago del subsidio basado en los kilómetros recorridos.

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Una joven pareja recibió las llaves de su primer departamento en el marco del programa Che Róga Porã 2.0 durante un acto realizado este sábado en la ciudad de Luque, encabezado por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Valeria Pavón, de 29 años, y Carlos Benítez accedieron a una vivienda ubicada en el edificio Zuba 10, como parte del plan gubernamental que busca facilitar el acceso a la vivienda propia para trabajadores de clase media. La unidad habitacional tiene una superficie de 38 metros cuadrados y está valuada en G. 481.800.000.

Según detallaron desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el departamento incluye un dormitorio, baño, sala y cocina integradas, además de un balcón. También ofrece acceso a espacios comunes como piscina, quincho, lavadero, gimnasio al aire libre, cafetería y áreas recreativas para niños.

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El programa permite que las familias beneficiarias inicien la ocupación de sus viviendas sin necesidad de pagos previos. En este caso, la pareja comenzará a abonar las cuotas mensuales una vez instalada, con un plazo de hasta 30 años para saldar el crédito y una tasa de interés anual del 6,5 %, considerada histórica por las autoridades.

Durante el acto de entrega Baruja destacó la continuidad de las adjudicaciones y mencionó que se prevé ampliar la cantidad de viviendas disponibles mediante nuevos llamados y convenios con desarrolladoras inmobiliarias.

Che Róga Porã 2.0 contempla créditos de hasta G. 525 millones y ha sido diseñado para cubrir parte del déficit habitacional en sectores medios de la población. Desde su implementación el programa ya ha beneficiado a 1.897 familias en diferentes puntos del país.

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Además de facilitar el acceso a la vivienda, esta política pública también apunta a dinamizar el sector de la construcción, generando empleo y movimiento económico a través de alianzas con empresas desarrolladoras y entidades financieras habilitadas.