El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

El juicio por la muerte del legendario astro del fútbol Diego Armando Maradona en Argentina fue suspendido este martes por una semana, luego de que una de las juezas a cargo fuera cuestionada por supuestamente haber participado en la producción de un documental sobre el caso.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”. La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.

Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento. Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.

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“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia. Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires. Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes. De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.

Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales. Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.

Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.

Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.

Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.

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Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.

A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.

• Caracas, Venezuela. AFP.

Venezuela anunció ayer lunes la suspensión de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de “mercenarios” por esa vía con el plan de “sabotear” las próximas elecciones. El chavismo gobernante denuncia constantemente planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro supuestamente planificados en Estados Unidos y Colombia con colaboración de la oposición.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, vinculó de hecho en esta nueva denuncia a la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad. La dirigente, que denuncia fraude en la reelección de Maduro en julio de 2024, llamó a no participar en las elecciones de gobernadores y legisladores del 25 de mayo.

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La medida llegó poco antes de la salida de un vuelo Bogotá-Caracas de la aerolínea Latam. Algunos pasajeros ya habían abordado cuando la tripulación anunció la cancelación de la ruta y que debían bajar. De vuelta en la terminal, llamaban a familiares para buscar más información y decidir qué hacer.

“Tienen que pensar en el pueblo y la gente que está afuera”, dijo a la AFP Gianlore Lorenzo, un comerciante de 64 años. “No nos (pueden) dejar a la deriva (...), esperamos que se solucione”.

“Yo tengo seis años que no piso Venezuela e iba a pasar vacaciones en mi país y me parece injusto que no pueda pasar”, indicó por su parte Thajois Leonetti, ingeniera de 50 años residenciada en Chile que hacía conexión en Colombia.

Reclamó que la medida no se hubiera anunciado con antelación para poder planificar.

Cabello no precisó por cuánto tiempo estará vigente la nueva suspensión, aunque el aviso en el sistema de información para pilotos (NOTAM) y las autoridades colombianas indicaron que es hasta el lunes 26 de mayo.

Venezuela ya tiene una reducida conectividad aérea, entre la ruptura de relaciones con otros países de la región y la decisión de algunas compañías de abandonar las operaciones por deudas sin pagar.

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La cancillería de Colombia dijo a la AFP que activó “canales diplomáticos” y pidió información a Venezuela. “No se nos había informado nada previamente ni conocemos pormenores de las alertas que dice el ministro”.

Cabello indicó que el supuesto plan perseguía generar “acciones de violencia” en el país tras la celebración de los comicios, así como atacar “embajadas acreditadas en Venezuela”, “hospitales” y “comandos policiales”.

Y la medida sobre los vuelos responde a que, según el ministro, los supuestos mercenarios llegaron al país “desde Colombia”, aunque partieron originariamente de otros países. Algunos fueron capturados en la frontera terrestre.

Los vuelos entre Venezuela y Colombia fueron reanudados en noviembre de 2022, con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro, que restableció las relaciones. Maduro las rompió en 2019, cuando el expresidente Iván Duque desconoció su primera reelección en 2018 y reconoció como presidente al opositor Juan Guaidó.

El activista de derechos humanos Eduardo Torres, de la organización Provea, fue detenido la semana pasada acusado de estar vinculado “con una trama conspirativa para generar violencia” durante las elecciones.

Cabello anunció además la activación de la llamada “operación tun-tun”, en referencia a la onomatopeya de los policías al tocar la puerta de las casas.

“El que se coma la luz y pecó, pecó. ¡Tun,tun! Todo el mundo mosca (atento), pues. ¡Pilas! Con serenidad que el equipo gana, pero mosca, pues”, dijo Maduro la noche del lunes.

“Quien se atreva nos encontrará hasta en el lugar más recóndito defendiendo el derecho constitucional a la paz, a la justicia y a votar (...) ¡Votos sí, fascistas criminales no!”, zanjó el mandatario.

La primera vez que se usó el término fue en julio pasado cuando al menos 2.400 personas fueron detenidas en 48 horas en medio de protestas contra la proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo. Unas 1.900 fueron excarceladas meses después.

La ONG Foro Penal contabiliza 895 “presos políticos” y estima que unos 72 extranjeros están presos acusados de conspirar contra el gobierno. El llamado de Machado a boicotear las elecciones fue desconocido por un ala de la oposición encabezada por el dos veces candidato presidencial Henrique Carpiles, que aspira a un escaño en el Parlamento. Lo vende como un intento por “reivindicar” el triunfo de la oposición ante Maduro el 28 de julio pasado.

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.

El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.

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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.

Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.

Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.

Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.

Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.

El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.

Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.

También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.

El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.

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