Las pequeñas y medianas empresas de ALC están preparadas para expandirse más allá de sus fronteras, pero enfrentan costos desproporcionados, demoras y falta de visibilidad en los pagos internacionales.

Las pymes (pequeñas y medianas empresas) representan el 98 % del tejido empresarial y el 60 % del empleo en América Latina y el Caribe- ALC, las cuales tienen capacidad para internacionalizarse, aunque enfrentan barreras transfronterizas como costos desproporcionados, demoras y falta de visibilidad en los pagos externos.

Es lo que revela un nuevo estudio de Mastercard titulado “Pequeñas empresas, grandes oportunidades: Liberando el potencial de las PYMES en el espacio transfronterizo de América Latina”, desarrollado en colaboración con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) y K2.

La investigación revela la necesidad de un rediseño estructural para impulsar la inclusión y la competitividad global de las pymes, ya que el sistema actual de pagos internacionales, está pensado para grandes corporaciones, y no satisface las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Devela que 3 de cada 5 pymes en la región ya trabajan con proveedores internacionales, y en mercados como México y Brasil, el 75 % planea ampliar sus alianzas globales incluso. Pero la problemática radica en que enfrentan comisiones elevadas, conversiones poco competitivas y demoras significativas.

“En Brasil, el 80 % de los pagos tarda más de 4 días, y 1 de cada 5 más de 10 días. Enviar solo USD 250 puede implicar comisiones promedio del 23,3 %, alcanzando hasta el 30 % dependiendo del país de destino”, explica el reporte.

La investigación explica que estas ineficiencias en los pagos no son solo fricciones, ya que pueden significar rupturas en la cadena de suministro o pérdida de oportunidades clave. El volumen de pagos B2B internacionales en América Latina crece un 12 % al año, el doble del promedio global, aporta el informe.

Asimismo, explica que los bancos conservan el 75 % de estos flujos, pero deben adaptarse para no perder terreno frente a nuevas soluciones tecnológicas que van copando. Ante esto, desde la entidad remarcan una estrategia, la de poner a disposición pagos transfronterizos más modernos parar las pymes.

En este sentido, difunden a Mastercard Move, el portafolio de capacidades de movimiento de dinero de Mastercard, que ofrece una solución a las principales barreras que limitan el crecimiento transfronterizo de las pymes.

Esta plataforma tiene como objetivo transformar la experiencia de pagos internacionales para las pymes con beneficios tangibles como pagos más eficientes en costos, al reducir intermediarios y comisiones ocultas. Aseguran también una transparencia total, con trazabilidad en tiempo real de costos y tiempos de entrega.

Otra de las ventajas son las liquidaciones más rápidas, incluso el mismo día o en tiempo real en más de 150 mercados, una integración digital que permite operar desde sistemas de facturación o apps móviles ya utilizadas por las pymes.

Un aspecto clave, la seguridad y cumplimiento automatizado, con tecnología avanzada y protocolos globales de la entidad que reducen el riesgo, mejoran la confiabilidad (rechazo menor al 2 %) y aseguran un entorno de pago seguro, detallan.

El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.

“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.

La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.

“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.

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Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.

“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.

El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.

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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que el órgano extrapoder halló puntos llamativos en el examen de correspondencia realizados a las empresas Aldia S.A. y Createc S. A. del rubro asfalto, vinculadas al exmandatario Mario Abdo Benítez.

“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remitían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas operativas”, dijo el funcionario en una entrevista con el programa “Mina en casa”. Torres detalló que, en el año 2023, Abdo Benítez había solicitado a la institución la realización de un examen de correspondencia, hecho que permitió el hallazgo de varias incongruencias.

“Esto no es ilegal (remitir ganancias a reservas operativas), pero quisimos profundizar y solicitamos un segundo informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ya que las reservas tienen que tener un fin y deben establecerse en las actas. Le consultamos a esta institución si tenía identificado el destino, si coincidían las ganancias con la facturaciones realizadas. La dirección nos contestó que ellos tampoco tienen el destino de las reservas, alrededor de USD 40 millones”, comentó.

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Torres detalló que el examen de correspondencia inició en el 2024 y que, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, las incongruencias fueron remitidas al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez.

“No hubo disminución en las reservas y se detectó que la mayor cantidad de esas reservas estaban constituidas por deudores por venta. El punto llamativo era que esos deudores informaban que no tenían deudas con las empresas. Aunque no es nuestra competencia indagar a las empresas privadas, no podemos pasar por alto esta situación y no informar al Ministerio Público”, comentó.

Señaló que la petición de informes también fue realizada a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Todas las ganancias iban a reservas, pero, sin embargo, en el 2023 aparece una inversión a largo plazo de G. 40.000 millones que no tenía origen. Como Contraloría no pudimos detectar el origen de esos fondos teniendo en cuenta que todas las ganancias iban a reserva", indicó.

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El 90 % de las ganancias de ambas empre­sas de Abdo Benítez, equivalentes a G. 292.000 millones, fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movi­mientos que avalen la utili­zación para los fines constituidos, según el informe preliminar del organismo de control.

El 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operati­vas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia S. A. y Createc S.A. de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasi­vas declaradas por sus clien­tes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análi­sis de sus estados financieros.

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“Estamos explorando Paraguay como una opción estratégica para instalar una fábrica de dispositivos de seguridad industrial”, manifestó a La Nación/Nación Media Manuel Marín, CEO de la empresa española HaloTech Digital Services.

Precisó que la empresa, con gran presencia en Latinoamérica, está interesada en potenciar la fabricación de sus dispositivos de seguridad en Paraguay, por varias razones, en primer lugar por la política fiscal 10-10-10 (impuestos), los incentivos a la exportación y especialmente el régimen de maquila.

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“Como empresa, estamos creciendo mucho en toda Latinoamérica, y por eso buscamos opciones para fabricar directamente en la región, en lugar de enviar nuestros productos desde España. Estamos analizando distintas ubicaciones: Brasil, Chile y Paraguay. Este último nos resulta especialmente interesante por las condiciones que ofrece”, manifestó el empresario a LN.

Según Marín, la idea que tienen es instalar una fábrica de dispositivos tecnológicos de seguridad industrial. Se trata de sensores que permiten monitorear en tiempo real cualquier parámetro que pueda afectar al trabajador: temperatura, humedad, calidad del aire, estrés térmico, entre otros. También tienen botón de SOS, geolocalización, detección automática de caídas y sistema anticolisión, para prevenir atropellos.

Explicó que estos dispositivos están siempre conectados a través de una red de telecomunicaciones, por lo que también les interesa analizar las posibilidades de infraestructura IoT en el país, que es manejado por una empresa de telecomunicaciones (Tigo).

“Apuntamos a empresas grandes. Nuestros contratos mínimos arrancan con 100 trabajadores. A partir de esa escala, la plataforma cobra sentido: se vuelve más eficiente y el modelo de suscripción que ofrecemos, que incluye la sensórica y el software, se vuelve más accesible. Por debajo de esa cantidad, el costo por trabajador puede parecer elevado, pero a medida que el volumen crece, la cuota baja considerablemente”, señaló.

Por eso, buscan a multinacionales o grandes industrias con muchos operarios, como Itaipú o empresas del rubro agroindustrial, minería o siderurgia. “Nuestro objetivo es fabricar desde Paraguay para exportar al Mercosur, pero también abastecer al mercado local y, eventualmente, instalar una oficina de innovación”, indicó.

Actualmente, HaloTech está moviendo alrededor de 90 millones de euros a nivel global. De ese total, aproximadamente 30 millones corresponden a su operación en Latinoamérica. El resto se distribuye entre Europa y Oriente Medio, con unos 60 millones de euros en esos mercados. Además, recientemente comenzaron a operar en Estados Unidos, un mercado en el que están dando sus primeros pasos.

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