La Dirección General de Personas y estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales dependiente del Ministerio de Hacienda emitió la Resolución N° 09/2022 por la cual se modifica la anterior para establecer los mecanismos para la emisión de dictámenes de modificaciones de estatutos por conversión de acciones.
En ese sentido, la nueva disposición establece que aquellas sociedades anónimas acogidas al régimen especial establecido en la Lay N° 6872/2021 que hayan realzado asamblea extraordinaria correspondiente a la reconducción hasta el 15 de junio del 2022, excepcionalmente podrán presentar su solicitud de dictamen de modificación de estatutos para conversión de acciones.
Para eso, manifestaron, tendrán en cuenta el edicto de publicación de la convocatoria a asamblea. Una vez inscripta la modificación de estatutos ante la Dirección de Registros Públicos, las sociedades anónimas podrán realizar el canje de acciones y deberán comunicar a la Dirección de Personas dentro del plazo de 15 días hábiles que se computarán desde la fecha de salida del pedido.
Te puede interesar: Producción de mandiocas sigue afectada por plagas, bacterias y hongos
Así también, indicaron que aquellas solicitudes de dictámenes de modificaciones de estatutos para conversión de acciones que hayan ingresado al 9 de diciembre del 2020 y, en donde la dirección encargada de este proceso haya emitido dictamen en fecha posterior al 15 de enero del 2021, podrán realizar el canje de acciones con multa y deberán comunicar a la institución.
De la misma forma, establecen que las sociedades que hayan realizado solicitud de dictámenes de modificación al 9 de diciembre del 2020 y que hayan obtenido el dictamen pero no realizaron el canje de sus acciones, excepcionalmente, también podrán realizarlo con multa y deberán comunicar posteriormente.
La medida refiere además que aquellas sociedades anónimas que hayan realizado la solicitud de dictámenes de modificación para conversión de acciones al 9 de diciembre y que hayan obtenido el dictamen y realizaron el canje de sus acciones hasta el 15 de enero del año anterior, podrán realizar la comunicación sin ningún problema.
Leé también: Destacan crecimiento del sector acuícola de Paraguay en producción y comercialización
Dejanos tu comentario
Jueza de EE. UU. ordena a Argentina entregar 51 % de acciones de YPF en caso de expropiación
Una jueza estadounidense ordenó este lunes a Argentina que entregue el 51 % de las acciones de YPF para saldar parcialmente el pago de 16.100 millones de dólares que beneficia a dos empresas afectadas por la nacionalización de la petrolera en 2012.
La jueza Loretta Preska ordenó la “transferencia del 51 % de las acciones Clase D de YPF (...) en satisfacción parcial de la sentencia del tribunal por un importe total de aproximadamente 16.100 millones de dólares, que permanece impagada” a las empresas Petersen Energía y Eton Park, anunció en su orden.
El estado argentino tiene 14 días de plazo para transferir el paquete de acciones a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM), tras lo cual se iniciará el cambio de titularidad para los beneficiarios de la sentencia o a quienes estos designen.
Argentina apelará el fallo anunció el lunes el presidente argentino, Javier Milei. “Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, escribió Milei en su cuenta de X.
En 2012, Argentina expropió el 51 % de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.
Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4 % del capital de YPF.
En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.
“Tarado”
El entonces ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, aseguró que este requisito hubiera sido una “trampa” y solo un “tarado” esperaría que Argentina e YPF lo cumplieran.
El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales. Ahora sería beneficiario del 38 % de la sentencia.
Lea más: Las torres de Notre-Dame de París volverán a abrir al público el 20 de setiembre
El 8 de setiembre de 2023 Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a estas empresas: 14.385 millones a Petersen y 1.714 millones a Eton Park.
Asimismo, la jueza determinó que las dos empresas debían recibir intereses posteriores a la sentencia del 5,42 % anual hasta que se cumpla el fallo.
Argentina ya ha apelado en dos ocasiones el caso de YPF. En 2024, ya con el gobierno de Milei, Argentina incumplió la orden de depositar una garantía mientras se resolvía el caso en apelación.
En virtud del derecho que otorga la legislación estadounidense, los beneficiarios del fallo buscaron embargar las acciones de YPF.
Ante el incumplimiento de Argentina, la jueza ahora ha ordenado entregar este paquete de acciones a los beneficiarios de su sentencia.
El caso de expropiación se presentó en tribunales estadounidenses porque YPF cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.
En marzo de 2023 la jueza Preska determinó que Argentina era responsable de las pérdidas sufridas por la nacionalización de la petrolera.
En junio de 2019 la Corte Suprema de Estados Unidos ya había rechazado el pedido de Argentina para que el litigio se dirimiera en tribunales argentinos.
En otro fallo este lunes, Preska ordenó a Argentina que entregue acciones de YPF al fondo especulativo Bainbridge como pago por 95 millones de dólares más intereses por una sentencia relacionada con deuda en default.
Dejanos tu comentario
Ley de Sistema de Pagos: proyecto fue socializado y los ajustes se realizaron en el Ejecutivo, afirman
El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado por el que señala que el proyecto de ley de Sistema Nacional de Pagos busca dotar al BCP de facultades regulatorias sobre servicios y sistemas de pagos del país, a fin de lograr un ecosistema de pagos moderno, eficiente y competitivo. Señaló que los cambios en la ley se realizaron en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado, el BCP informó que su proyecto sobre Sistema Nacional de Pagos fue debidamente socializado con los sectores y actores involucrados en los pagos digitales, desde el 18 de diciembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2025. Luego de la recepción de los comentarios y análisis por parte de los sectores involucrados, se realizaron ajustes que fueron posteriormente remitidos al MEF.
Leé también: Cómo hacer más rentable la mandioca: cinco claves para potenciar el cultivo
En dicha cartera estatal, afirman que el proyecto nuevamente fue revisado y modificado, para luego ser remitido al Poder Ejecutivo, donde se repitió el proceso de revisión y modificación, a fin de colocarlo en línea con las normas constitucionales y las leyes vigentes. Sin embargo, afirman que las modificaciones se encuentran en línea con el objetivo del proyecto.
Tal objetivo es que el BCP tenga facultades regulatorias sobre los servicios y sistemas de pagos del país. Con esto, se pretende lograr un ecosistema de pagos moderno, eficiente y competitivo, acorde a un país con grado de inversión, y un entorno financiero cada vez más digital e interconectado, que promueva la innovación y la inclusión financiera.
La banca matriz aclaró que el proceso de socialización de un proyecto de ley o reglamento, previo a su estudio por el Congreso Nacional, no obedece a ningún procedimiento legal preestablecido, sino que se trata de una buena práctica institucional participativa que acostumbra a implementar en los procesos que impulsa.
Adicionalmente, señalaron que la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, de la Honorable Cámara de Senadores, remitió a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) la nota, de fecha 06 de mayo de 2025, por la cual se le solicitaba su parecer institucional respecto al proyecto. Esta nota fue recepcionada por la Asoban en tal, pero señalan que no remitió una respuesta al respecto.
Un sistema de pagos innovador y competitivo
El BCP destacó, finalmente, la relevancia del proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados, señalando que tiene como base las mejores prácticas internacionales y busca disminuir los costos para pequeños comercios y consumidores, reafirmándose en la necesidad de impulsarlo en toda su extensión.
En ese sentido, la banca matriz afirma que se busca llegar a un ecosistema nacional de pagos más accesible y eficiente, con costos más bajos para los comercios y consumidores, más justo y transparente, sin concentración y abuso de poder, más innovador, con espacio para nuevas tecnologías y modelos de negocios.
Asimismo, se busca un sistema más competitivo, donde diferentes empresas, incluso las que aún no operan en el país, puedan participar sin desventajas, y, por sobre todo, garantizar la gratuidad de las transferencias simples de los usuarios.
Dejanos tu comentario
Mafia de los pagarés: Salud tomará acciones para evitar dobles descuentos
La ministra de Salud, María Teresa Barán, participó de la reunión de la Comisión Especial creada para investigar la trama conocida como “Mafia de los pagarés”. La secretaria de Estado anunció que desde la cartera tomarán medidas de modo a coadyuvar con la causa y evitar la duplicación de descuentos.
“Para nosotros es una oportunidad para dar soluciones definitivas, debemos entender que estos descuentos son órdenes judiciales y como ministerio no tenemos otra opción que cumplir la orden judicial, pero vamos a tomar otro tipo de medidas para salvaguardar el bienestar del personal de Salud Pública”, expresó la ministra.
En un diálogo con la prensa al término de la reunión, Barán señaló que los más afectados por la “mafia de los pagarés”, son las enfermeras, técnicos y personal de apoyo, por ende, el ministerio tomará ciertas medidas desde su dependencia de Administración y Finanzas a través de la capacitación en educación financiera, y una acción preventiva.
Lea también: MEC recomienda priorizar la educación y la prevención ante medidas punitivas a menores
“Pero haremos que se cumpla lo que dice la ley con respecto a los descuentos, que superen el 25 % del salario y buscar la manera de interconectarnos con el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Universidad Nacional para poder evitar que se hagan los dobles descuentos”, expuso.
Otra de las alternativas que mencionó Barán es respecto a los descuentos que no se realizan por vía judicial, sino que simplemente con la autorización del funcionario y ante esta situación, mencionó que el trabajador puede solicitar a la cartera que no se haga efectivo el descuento y que sea él quien resuelva de manera directa con la empresa con la que se tiene la deuda.
La Cámara de Senadores conformó una Comisión Especial con el objeto de dar una respuesta a la ciudadanía ante los miles de casos que saltaron de personas víctimas de esta trama, por lo que en esta instancia legislativa, se convoca a diferentes actores, entre ellos el ministro y autoridades del Poder Judicial, de manera a dar con una solución a esta problemática.
Le puede interesar: Confían en que fallo judicial a favor de la EBY desalentará acciones similares
Dejanos tu comentario
Senado analizará este viernes proyectos que plantean la modificación del Código Electoral
El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, firmó la resolución 2.837, por la cual convoca a sus pares a una sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de junio, a las 9:00. Los únicos puntos a ser analizados serán dos proyectos de Ley que modifica algunos artículos del Código Electoral.
El plenario analizará dos iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer término está el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 130 de la ley N° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley N° 2.858/2006”, presentado por varios diputados.
Le puede interesar: Mitic: cuenta de Peña en X fue hackeada para un intento de fraude
El objetivo principal de esta propuesta es permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-administrativo, a fin de que los ciudadanos inscriptos hasta una fecha determinada por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.
Asimismo, el proyecto establece un cronograma electoral que incluye la fecha de cierre de inscripciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución.
Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.
Además, se posibilitará el cruce de datos con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de precandidaturas y la determinación, por departamento, del número de bancas correspondientes a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales.
Este lunes, la comisión de Legislación Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, analizó la propuesta y finalmente emitieron dictamen en mayoría por la aprobación sin modificaciones del proyecto. Mientras que un segundo dictamen en minoría fue por el rechazo y se registró además un voto por la aprobación con modificaciones.
Reconocimiento de movimientos
Como segundo tema a ser analizado en la extraordinaria está el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la ley N° 834/1996 ´Que establece el código electoral’, modificado por leyes N° 4743/2012 y 6167/2018”, presentado por varios diputados.
La propuesta busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. La propuesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solo en formato digital y de manera individual por cada candidato.
Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.
También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por 10 años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario.
Sobre este punto, la comisión de Legislación, igualmente ya emitió dos dictámenes; en mayoría aconseja la aprobación con modificaciones, considerando las sugerencias que presentaron las autoridades del TSJE y de sus asesores técnicos. También se dictaminó por el rechazo en minoría.
Siga informado con: Las relaciones entre Francia y Paraguay son excelentes, ratifica embajada