El reajuste salarial debe partir de encontrar un mecanismo que reduzca la informalidad, garantizando empleos de calidad, señala especialista. Conocé cómo se calcula actualmente el aumento.

Junio dio su entrada, con ello se acerca el cierre de la primera mitad del año y los balances empiezan a tomar nota. También es el mes en el que se calcula el reajuste del salario mínimo (SM) en Paraguay, de modo a que entre en vigencia a partir de julio según la ley 5764.

Actualmente, el salario mínimo legal vigente es de G. 2.798.309, con un jornal mínimo diario de G. 107.627, tras el aumento del 4.4% del año anterior.

Pero, cómo se calcula ese reajuste y qué se mide exactamente, o habrá forma de mejorar ese cálculo es la interrogante que se da siempre en esta época, atendiendo que el sector trabajador demanda un mayor reajuste.

El reajuste del salario mínimo en Paraguay se da alrededor del 4 %, en base al el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su variación interanual, es decir, la inflación.

Hay que mencionar que el reajuste del SM será efectuada por el Poder Ejecutivo según propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del IPC al mes de junio de cada año.

“Todo sube”, “todo está caro”, no alcanza”, “no se llega a fin de mes”, son algunas de las frases que más se escucha.

Y, lo que sucede, es que las personas de menor ingresos, gastan la mayor parte del salario en alimentos que el principal requerimiento para la subsistencia, pero a la vez son los productos más impactados con los aumentos de precios.

Esto lo explica Marta Coronel, coordinadora de economía de Mentu, para quien la problemática real no radica en el monto del salario mínimo o el reajuste, sino más bien en alto porcentaje de informalidad. Pues solo una proporción muy pequeña, 20 %, es a la que se le ajusta el salario o lo que sería el alcance.

“Ojalá se encuentre un mecanismo más apropiado para ajustar el salario, pero lo más importante es trabajar en mejorar la calidad del empleo, en generar más trabajos formales y que las personas tengan las capacidades para acceder a esos empleos”, expresó.

Mejora de la productividad. Para esto, es esencial mejorar la productividad de las personas, ya que el problema es más estructural, con el requerimiento de crear empleos más formales que puedan garantizar calidad de ingresos y seguridad social.

“Lo que hay que ajustar acá, más allá del porcentaje de aumento del salario mínimo, es reducir la informalidad del empleo y mejorar la productividad de las personas, y esto se logra garantizando educación, salud, e inversiones en capital humano”, remarcó Marta.

Para poner en contexto el problema de fondo, dijo, mencionó que el 60 % de la población es la que se encuentra actualmente en estado de informalidad, es decir, 6 de cada 10 paraguayos ocupados son informales.

Por lo tanto, recomendó avanzar en ambos procesos, tanto en que se pueda mejorar el cálculo del reajuste y, sobre todo, en optimizar la calidad del empleo, acotó. En tanto que el Conasam deberá reunirse en los próximos días para empezar a analizar el reajuste establecido por ley.

La situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fue debatido por Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, y el economista Daniel Correa, ayer domingo en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media. El sector es considerado como un importante motor en materia económica y en la generación de empleo, pero sigue tropezando con innumerables dificultades.

Pobreza, desprotección social y menor capacidad de recaudación tributaria son algunos de los costos de la informalidad en la que se desenvuelve este sector de la economía paraguaya. ¿Cómo ir superando esta situación que afecta a las Mipymes? ¿Cómo blanquear lo que hoy está en negro en un mercado que, además, está mostrando signos de deterioro en los ingresos reales de sus ramas más dinámicas?

“En el último boletín de formalización que estuvimos presentando hace unos meses, encontramos que hay 450.000 mipymes. La Ley de Mipymes define que vos sos formal con tres cuestiones básicas, el Registro Único del Contribuyente (RUC), estar inscripto tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess)“, dijo el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Giménez.

Detalló que, de 450.000 mipymes, que representa un 98 %, solo 40.000 son formales. “Tenemos una brecha enorme, pero yo siempre quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos que darle realmente herramientas a todas esas mipymes para que puedan percibir de que ser formal les conviene“, comentó.

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Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 650 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con una facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El 2 % son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

“Buscamos que la formalidad sea ágil, sea sencilla, no costosa y que sea digital para que no tenga que trasladarse a hacer trámites en entes públicos. Por el otro lado, tenemos el tema del acceso a financiamiento. El 60 % de esas 450.000 Mipymes no tienen una cuenta bancaria. Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar la forma de incluirlas financieramente para que puedan recibir el financiamiento oportuno", refirió.

Giménez siguió manifestando que “si te ayudo a formalizarte, te doy acceso a financiamiento, el objetivo también debe ser que puedas facturar más, queremos darte negocios. Y ahí tenemos varias herramientas que estamos empezando a experimentar".

Añadió que una de ellas guarda relación con las compras públicas. “En la nueva ley de compras y suministros públicos, las mipymes tienen una reserva de mercado del 20 %. La primera experiencia, quizás, que estamos haciendo en la implementación de esto, tiene que ver con el programa Hambre Cero, donde logramos que aquellas 25 empresas ganadoras de licitaciones, obligatoriamente tienen que comprar a las mipymes y a productores de la agricultura familiar”, puntualizó.

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Por su parte, el economista Daniel Correa sostuvo que “el primer dato que se debe tener en cuenta es que 3 de cada 4 empleos creados en Paraguay, están en las micro, pequeñas y medianas empresas. El empleo puede ser tanto formal o informal",

Manifestó que el sector continua enfrentando “una maraña demasiado grande de procesos administrativos” que impiden su formalización. Aproximadamente el 60 % de las mipymes no tienen una cuenta bancaria, lo que les priva de financiamiento.

“A pesar de que hay hoy una cuenta básica, todavía el impedimento administrativo para que puedan acceder, ya sea con procesos administrativos todavía presenciales o de papeles, impiden a que rápidamente uno pueda crear y formalizar una empresa. Y ni qué decir, pasar al segundo paso que es el tema de la obtención del crédito. Que ahí hay todo un tema a través de cuán especializado están hoy los el sistema financiero para poder atender a esta a este a este segmento”, comentó.

Ante esta situación, Correa manifestó que la banca pública que arbitra y abre las puertas al mercado, no puede ser el gran financiador del sector. “¿La banca pública puede hacer su trabajo? Creo que puede hacer su trabajo, pero es limitado en términos de lo que debe atender y lo que debe hacer para que el sistema les atienda”. mencionó.

Uno de los puntos más llamativos de la realidad paraguaya es la altísima cantidad de trabajadores que están en la informalidad. Es decir, personas para las que no rigen las normas establecidas en las leyes y que, por consiguiente, están en total precariedad legal, sin protección de ninguna laya.

Esto hace que la mayoría de la gente que trabaja en el Paraguay no tenga seguro social, estabilidad laboral ni respaldo jurídico. Sin ley vigente en el trabajo, la realidad depende de factores que pueden perjudicar al trabajador y comprometen su seguridad y su vida.

Por su importancia en la existencia de las personas, la formalización económica es uno de los desafíos más importantes que está enfrentando el Gobierno. Ya que es totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista el atropello al derecho de las personas y los abusos a que pueden dar lugar.

De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67 % de las personas ocupadas en el Paraguay está en la informalidad, es decir, está fuera de las normas que protegen al trabajador. Datos oficiales del Gobierno hablan de que la informalidad es del 63 %, una cifra levemente inferior a la de la OIT, pero igualmente un porcentaje muy elevado y que habla con elocuencia de la mala situación de las mujeres y hombres de nuestro país que trabajan.

Porque significa que tres de cada cuatro personas que laboran no tienen seguro social ni protección legal de ninguna laya, por lo que de hecho están a merced del capricho, la opinión y el manejo de sus patrones al margen de cualquier disposición jurídica.

Según el mencionado organismo internacional, Paraguay está en el tercer lugar entre las naciones con mayor tasa de empleo informal en esta región latinoamericana, y está superado por Perú y Ecuador que tienen números más altos. La mayor tasa de informalidad en nuestro país se encuentra en el comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el Ministerio de Trabajo revelaron que a inicios del 2024 había 704.000 trabajadores formales del sector privado inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), cifra que aumentó al cerrar el año a 757.852 personas, un alza de 53.852 nuevos empleados legales. El aumento registrado es superior al que a principios de año se había puesto como meta el gobierno, un 4,5 %, ya que llegó al 6 %.

La otra cara de la moneda es que también creció el número de individuos en situación informal, ya que se registró un aumento de 87.408 personas entre julio y setiembre de 2024, con un incremento del 27,7 % en el sector de la enseñanza del 8,7 % en el área comercial.

El elevado número de trabajadores informales es un fiel reflejo del alto porcentaje de empresas irregulares que existe en el país, lo que se manifiesta también en la fuerte evasión fiscal, otro capítulo de la lucha que están teniendo los organismos estatales para lograr una mayor formalización en todos los campos.

En los casi dos años de trabajo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se han obtenido fuertes alzas en las recaudaciones impositivas, en gran medida por el incremento de las empresas formalizadas.

En 2024, el aumento de las recaudaciones tributarias alcanzó el 20,6 % frente al año anterior, un crecimiento récord, que refleja, entre otras cosas, la alta formalización de empresas alcanzada. Teniendo en cuenta la importancia de que las entidades comerciales e industriales vayan ingresando a la formalidad con el cumplimiento de las leyes, se aguarda que este año se incremente fuertemente el número de trabajadores que salen del mundo de la economía negra y la informalidad.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, refirió que desde el Gobierno se está trabajando un mercado laboral diversificado y sostenible para promover la inserción de los trabajadores en los empleos formales. “Para lograrlo, hemos implementado medidas clave como la simplificación de trámites, la reducción de costos, la modernización administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en inspección y fiscalización”, manifestó la secretaria de Estado para explicar la tarea que realiza para que haya más trabajadores en la legalidad.

La formalidad laboral es una tarea que involucra muy fuertemente al sector patronal, por lo que las empresas tendrían que incrementar su esfuerzo en ese sentido.

En 2024 se sancionó la Ley 7235/23 de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones para el pago de futuras pensiones. Según la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en términos prácticos, aún no está operativa la norma porque falta que finalice el proceso de reglamentación.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, Mónica Recalde explicó que aún no firmó el decreto que conforma oficialmente a los representantes de jubilados y trabajadores. Contó que desde la cartera laboral ya remitieron al Poder Ejecutivo las ternas correspondientes. Tuvieron 29 candidatos entre los jubilados, mientras que entre los trabajadores se logró un consenso.

“Aún falta la reglamentación que permitirá avanzar con la institucionalidad de la superintendencia. Entre otras cosas, debe seleccionarse, una vez conformado el Consejo, quién será el Superintendente de Jubilaciones”, refirió.

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El Consejo, según la Ley, deberá estar integrado por seis miembros: un representante del Banco Central del Paraguay (BCP), el ministro de Economía y Finanzas (MEF), la ministra de Trabajo, representantes de los trabajadores y uno de los jubilados. El superintendente será elegido por el Consejo a partir de una terna. Debe ser una figura externa al consejo, y tener un título universitario en derecho, economía o contabilidad con experiencia técnica en pensiones.

“Las representaciones de trabajadores y jubilados ya presentaron sus candidatos: los trabajadores lo hicieron a través de la Coordinadora Sindical mediante una asamblea, y los jubilados, desde distintas asociaciones. Como existen muchas más asociaciones de jubilados que centrales obreras, hubo más candidatos del sector, lo que nos obligó a revisar estatutos y representatividad”, reiteró.

Acerca de las funciones del Consejo, explicó que tendrá la responsabilidad de definir las primera acciones que se deben tomar sobre los estados financieros de las cajas, como auditorías, balances y análisis en general.

Finalmente, dijo que según lo conversado con el ministro Carlos Fernández Valdovinos, se espera que en la brevedad se concrete la conformación del Consejo, dado que el funcionamiento de la superintendencia es una prioridad del gobierno, teniendo en cuenta la situación de varias cajas.

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