Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El Ejecutivo anunció la promulgación del Decreto n.º 3699, mediante el cual se creará el Sistema Nacional de Tra­zabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y se tendrá acceso al primer catálogo nacional de medi­camentos.

Esta iniciativa cumple con la necesidad de digitali­zar y agilizar los proce­sos médicos y de abasteci­miento dentro del sistema de salud nacional, garan­tizando así que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a medicamentos e insumos al acudir a los cen­tros médicos.

“Con este sistema podemos controlar eficientemente toda la cadena de distri­bución de medicamentos e insumos, asegurando su uso adecuado en cada etapa”, explicó la minis­tra de Salud, María Teresa Barán, durante la conferen­cia de prensa en Mburuvi­cha Róga.

La secretaria de Estado reconoció también que con la implementación de este método de trabajo y un sis­tema organizado se mejo­rará la calidad del gasto y se podrán optimizar los recur­sos para poder comprar y planificar adecuadamente los medicamentos, según las necesidades de los pacientes.

“Este Sistema Nacional de Trazabilidad nos permite a nosotros hacer la intero­perabilidad, es decir, poder conectarnos con todos los otros sistemas públicos, pri­vados, IPS, Hospital Militar y Hospital de Clínicas”, des­tacó la ministra Barán.

Con la interoperabilidad, lo que se busca es contar con una mayor cobertura y capa­cidad de atención, teniendo en cuenta que en muchos casos en el sector público no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para ciertos procedimien­tos médicos, pero se puede apelar a otros organismos de salud que sí cuenten con las condiciones o los profesio­nales, garantizando siem­pre una atención de calidad.

El 90 % del comercio exterior de exportación de la producción paraguaya pasa por la hidrovía. El ministro de Relaciones Exteriores (MRE), Rubén Ramírez Lezcano, sostuvo que este es un tema prioritario en la agenda del Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña.

“Estamos trabajando con el sector privado que nos dice cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos, porque ellos tienen información acabada, detallada de todo lo que es la operación de barcazas, las cuestiones de seguridad, de certificación, además de los costos operativos del peaje”, dijo el jefe diplomático en entrevista exclusiva con La Nación/Nación Media.

Paraguay asumió la Presidencia Pro tempore del Comité Intergubernamental de la Hidrovía durante reunión ordinaria desarrollada en Brasilia, Brasil, entre el 19 y 20 de marzo pasado, donde Paraguay tuvo una participación importante. Sobre esto, el canciller destacó: “la responsabilidad que tenemos es construir institucionalidad, perfeccionar la institucionalidad, mejorar la institucionalidad es un tema clave”.

Desde el Gobierno de nuestro país, la Cancillería y otras instituciones trabajan con los demás países vecinos para la implementación de todas las herramientas y acciones necesarias para mejorar las condiciones de navegabilidad y la salida al comercio exterior.

“Con el Gobierno del presidente Javier Milei, la Argentina reenfocó el tratamiento de la hidrovía, es un tema que lo estamos negociando a la luz, que Argentina está organizando institucionalmente la administración de puertos de ese país”, indicó.

También se refirió a la cancelación de la licitación por parte de Argentina, para la administración de la parte operativa de la hidrovía Paraguay - Paraná, debido a que solo se presentó una sola firma oferente, para trabajos de señalización y dragado de la Vía Troncal Navegable de la Hidrovía quedó sin efecto a través de la Resolución 7/2025, publicada en el Boletín Oficial del vecino país. Lo que también está siendo aguardado por Paraguay una resolución.

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Detalló también que desde el sector privado de Paraguay, y otros países como Brasil y Bolivia, han manifestado su predisposición para invertir en las obras de mejoramiento de la navegación, mejoramiento de curvas, dragados y otros. “Recientemente, se aprobó una donación muy importante de una empresa de origen brasileño que va a mejorar los puntos en donde las rocas hacen que el calado, en la profundidad del río va a permitir que sea más profundo a través de la intervención en estos puntos de las piedras”, indicó.

Ya con Uruguay, nuestro país también trabajando fuertemente, ya que este país forma parte del Grupo de los Cinco países que integran el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que también tiene sus servicios portuarios que nos permiten que gran parte de nuestra producción salga de esa infraestructura, tanto en Nueva Palmira como en Montevideo.

Por otra parte, también se refirió al peaje de hidrovía del Gobierno Argentino, con el cual se llegó a acuerdo y siguen las conversaciones para establecer un costo que sea beneficioso para ambas partes.

“Es un tema que está en negociación, existe un acuerdo que hasta el mes de mayo vamos a tener una tarifa, como acordamos con el Gobierno argentino estamos trabajando entre el sector privado paraguayo y el sector argentino para alcanzar una tarifa que sea suficientemente competitivo para que no tenga un impacto sobre el transporte, tanto de exportación como importación”, sentenció.

Finalmente, explicó que estas negociaciones también tienen el objetivo que “permita el mantenimiento de la infraestructura y las intervenciones necesarias para que el río sea navegable las 24 horas, los 7 días de la semana”.

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El embajador paraguayo con representación ante la República Federativa del Brasil, Juan Ángel Delgadillo, mantuvo una reunión este jueves con el canciller Rubén Ramírez Lezcano, en la sede de la Cancillería Nacional, tras ser convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar información al Gobierno respecto a la acción de inteligencia de parte del Brasil contra el Paraguay.

De acuerdo a un informe de la Cancillería Nacional, señalan que, durante el encuentro, el embajador Delgadillo brindó informe detallado al canciller Ramírez sobre la acción de inteligencia ordenada por Brasil contra Paraguay. Asimismo, habló sobre cómo se está desarrollando esta información y las implicancias que está teniendo el tema en el país vecino.

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Informaron además que Ramírez Lezcano entregó instrucciones precisas al embajador y acordaron mantener un monitoreo constante del caso para seguir de cerca los avances de los resultados y el alcance que tiene el hecho.

Cabe recordar que, a raíz de la confirmación por parte del gobierno de Brasil, sobre la orden de una acción de inteligencia contra el Paraguay que se ejecutó entre junio 2022 y marzo del 2023, el gobierno paraguayo encabezado por el presidente Santiago Peña, tomó la determinación de poner en ejecución cuatro acciones concretas, entre ellas convocar al representante diplomático paraguayo en el vecino país a brindar información sobre todo el tema referente.

Igualmente, se le convocó al embajador de Brasil ante Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre este hackeo que realizó su gobierno, con el fin de conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora suspendidas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El diplomático brasileño mantuvo la reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, quien le entregó un documento en donde se requiere una explicación detallada sobre la acción de inteligencia ordenada a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), entre junio del 2022 y marzo del 2023.

Asimismo, las autoridades nacionales informaron que el Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos en la fecha de junio 2022 y marzo del 2023. Así como quedó totalmente suspendida de forma indefinida toda negociación relacionada al Anexo C de la Itaipú, hasta tanto el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva brinde las aclaraciones correspondientes al gobierno del Paraguay.

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