El Ministerio de Agricul­tura y Ganadería (MAG) dio a conocer los datos del Censo Agropecuario Nacional, a tra­vés de la presentación oficial del ministro Carlos Giménez. El secretario de Estado pun­tualizó que, al entender que USD 3 de cada USD 4 ingre­sados en el país provienen del sector agrario, se puede observar la importancia de contar con un censo de tal magnitud.

“Este censo es lo que nos va a permitir tener mayor información y dispo­ner de esos datos para tener un portafolio de inversio­nes. Esto aparte de tomar los datos que nos ayudarán a dirigir las inversiones, tanto de gremios como del sector privado, herramientas para mostrar al Paraguay lo pro­ductivo que es”, había mani­festado el titular del MAG tras la presentación del censo.

Calificó además el men­cionado registro como una herramienta de suma prepon­derancia, de la cual podrán hacer uso diferentes técni­cos por las características que podrá ofrecer al recopilar datos estratégicos. Remarcó así que el censo queda a dis­posición de los investigadores, de la academia y de la ciencia, aparte del sector. “Vamos a seguir con este tipo de traba­jos, para continuar con reco­pilaciones importantes para nosotros y así poder planifi­car proyecciones para el sec­tor, con objetivos claros: que el pequeño productor sea también agroexportador. Ese es el deseo que tenemos para el potencial productivo”, subrayó el ministro.

Giménez remarcó que se pre­tende identificar a cada uno de los productores de diferentes puntos del país, con sus diver­sas cosechas, para ayudarlos a potenciarse dependiendo de sus respectivas necesida­des y objetivos a largo plazo, logrando colocarlos además en el mercado nacional e incluso regional.

El 6° Foro Nacional de Agua y Saneamiento Adecuado se realizó el pasado 19 de noviembre con el lema Inversiones en agua potable y saneamiento: Soluciones sostenibles frente al cambio climático. El evento reunió a más de 660 participantes en formato híbrido, que incluyó una audiencia presencial y virtual.

Profesionales de diversas áreas, instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y líderes comunitarios participaron en tres paneles temáticos donde se discutieron los principales desafíos y soluciones ante el cambio climático, así como la importancia de fortalecer la inversión en infraestructura sostenible.

Se realizaron paneles para abordar distintos temas, entre ellos el desafíos de los efectos del cambio climático en el sector de agua y saneamiento, que fue moderado por Ana Margarita Ramos de Unicef. Allí se analizaron los impactos del cambio climático en los sistemas de agua y saneamiento.

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Los expertos destacaron las variaciones en los recursos hídricos, la necesidad de una gestión integrada y la inequidad en el acceso al agua, resaltando las diferencias significativas en el uso de agua entre las regiones oriental y occidental del país.

El segundo tema fue las “experiencias regionales en resiliencia climática y agua y saneamiento”, moderado por Paula Burt, coordinadora programática de la Fundación Avina. Allí se presentó los casos exitosos y buenas prácticas en adaptación climática.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de expandir estas soluciones a escala, más allá del área metropolitana de Asunción, asegurando el acceso al agua potable para todas las personas. Se resaltó la importancia del diseño participativo de soluciones de agua y saneamiento considerando las condiciones sociales, culturales y ambientales del lugar.

En tanto, en el panel “Planes, programas e inversiones públicas en adaptación climática para el sector agua, saneamiento e higiene (ASH)”, moderado por Raquel Bertrán, gerente de recursos de Hábitat para la Humanidad Paraguay, se abordó el financiamiento público y las estrategias necesarias para fortalecer el sector con infraestructura resiliente.

Los expertos discutieron la importancia de adaptar los proyectos a los contextos locales y de involucrar a todos los actores en la implementación de soluciones sostenibles.

El foro concluyó con un llamado a la acción, instando a aumentar las inversiones, priorizar soluciones concretas y fortalecer la cooperación para garantizar el acceso al agua de calidad y saneamiento adecuado para todas las personas. El evento estuvo organizado por Hábitat para la Humanidad Paraguay, en colaboración con el Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento (OCASH) y el auspicio de Unicef.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PRODesarrollo llevaron a cabo este martes el Foro de Formalización de la Economía, Empleo y Empresas en Paraguay, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector pujante que enfrenta grandes barreras que lo someten a la informalidad. Los altos costos es una de ellas.

Fue uno de los aspectos conclusivos de la actividad realizada en las instalaciones del BID, en Paraguay, con exponentes internacionales y nacionales renombrados, que compartieron los mecanismos para acompañar el proceso de formalización.

Previo a los paneles, el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri, mencionó que la formalización no es tarea de un solo sector, pues requiere del compromiso de todos, por lo que la idea del foro es justamente identificar proyectos transformadores y soluciones integrales.

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Desde PRODesarrollo, Jorge Garicoche y Carla Linares, compartieron datos de la economía subterránea en Paraguay, que al 2023 es de unos USD 23.595 millones, 47 % del PIB local. También que 6 de cada 10 paraguayos están en la informalidad, y que la mitad de los asalariados informales ganan menos de un salario mínimo, con la principal conclusión de que “resulta muy caro ser formal”, según el relevamiento que derivó estos números.

Ante este panorama es que el especialista líder de mercados laborales del BID, Manuel Urquidi, compartió las principales políticas de promoción de formalización recopiladas por el organismo, las cuales tienen que ser paso a paso, mediante programas de emprendimiento.

“No es lo mismo ayudar a nacer que ayudar a crecer, y los programas tienen que ser específicos, enfocados a los emprendedores correctos o identificando a los de mayor potencial. Los programas tienen que estar ajustados a problemas que se quieran resolver”, expuso.

Urquidi resumió que los emprendimientos son formas de inclusión laboral, ofrecen soluciones a problemáticas no atendidas tradicionalmente, y pueden aumentar la productividad, por ende generar empleos de calidad.

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A su vez, el presidente de Cambridge Business Association, Guillermo Ramírez, desarrolló el tema Cómo impulsar negocios y empleo seguro en Paraguay con estrategias probadas por la Universidad de Cambridge, quien arrancó con la pregunta de por qué la informalidad representa el 64 % de la fuerza laboral.

Explicó que la formalidad tiene el estigma de que reduce los márgenes, además de ser costosa, por lo que requiere de capacitación continua para enseñar las ventajas de la formalización, y que el mejor retorno a la inversión es la educación.

Básicamente, en Paraguay existe mucha informalidad por los altos costos en los impuestos y gastos administrativos, que es en lo que se tiene que trabajar para reducirlos, además de aprender a adaptarse a los cambios.

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Seguidamente, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, compartió las buenas prácticas de promoción de emprendimientos en Paraguay, los datos estadísticos del ecosistema y las acciones previstas para aportar a la formalización. De 366.000 mipymes, solo 41.000 son las inscriptas en el Ministerio del Trabajo y el IPS.

Mencionó la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, para que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar. Así también la modificación de la Ley Mipymes, que ven como favorable su aprobación prevista para la próxima semana, para ser más ágiles, afianzar la institucionalidad y reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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