La empresa fracciona­dora de la cadena Big­gie se encuentra bajo investigaciones tanto por la Dirección Nacional de Vigi­lancia Sanitaria (Dinavisa) y por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), quienes abordan el caso desde las perspectivas sanitaria y de defensa al con­sumidor, respectivamente. Aclaran que Dinavisa tiene la facultad exclusiva de rea­brir los locales.

Dinavisa abrió un sumario por cuestiones sanitarias y Sedeco se aboca a un procedi­miento ante posibles infrac­ciones de la Ley de Defensa del Consumidor, explicó Gus­tavo Benítez, asesor jurídico de la Sedeco, ayer viernes, en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez recordó que la resolu­ción del 12 de agosto dispuso la suspensión temporal de actividades y la prohibición de comercialización de pro­ductos regulados es exclusiva competencia de Dinavisa.

“Cuando hablamos de defensa del consumidor siempre nos referimos a la relación con el consumidor final. En este caso, se trata de un eslabón anterior de la cadena, por lo que no entra en nuestra com­petencia directa”, aclaró.

No obstante, la institución realizó fiscalizaciones previas en el marco de una denuncia ciudadana y, posteriormente, inspecciones aleatorias que detectaron irregularida­des en el 100 % de los locales visitados. Señaló que estos hallazgos fueron remitidos a Dinavisa y derivaron en una fiscalización conjunta.

“Son dos sumarios paralelos porque estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la vigilancia sanitaria y otra cosa que tiene que ver con la ley de defensa del con­sumidor. Cuando hablamos de derecho al consumidor está garantizado y se reconoce el derecho a la protección a la salud y la seguridad frente al riesgo provocado. Entonces son dos normativas distin­tas que pudieran haber sido infringidas”, dijo.

En cuanto a versiones que hablaban de un “cierre” defi­nitivo, Benítez remarcó que la medida es una suspensión temporal respaldada por un acto administrativo, cuyo alcance está claramente esta­blecido en la resolución.

La empresa fraccionadora de la cadena Biggie se encuentra bajo investigaciones tanto por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), quienes abordan el caso desde las perspectivas sanitaria y de defensa al consumidor, respectivamente. Aclaran que Dinavisa tiene la facultad exclusiva de reabrir los locales.

Dinavisa abrió un sumario por cuestiones sanitarias y Sedeco se aboca a un procedimiento ante posibles infracciones de la Ley de Defensa del Consumidor, explicó Gustavo Benítez, asesor jurídico de la Sedeco, este viernes, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez recordó que la resolución del 12 de agosto dispuso la suspensión temporal de actividades y la prohibición de comercialización de productos regulados, es exclusiva competencia de Dinavisa.

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“Cuando hablamos de defensa del consumidor siempre nos referimos a la relación con el consumidor final. En este caso, se trata de un eslabón anterior de la cadena, por lo que no entra en nuestra competencia directa”, aclaró.

No obstante, la institución realizó fiscalizaciones previas en el marco de una denuncia ciudadana y, posteriormente, inspecciones aleatorias que detectaron irregularidades en el 100 % de los locales visitados. Señaló que estos hallazgos fueron remitidos a Dinavisa y derivaron en una fiscalización conjunta.

“Son dos sumarios paralelos porque estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la vigilancia sanitaria y otra cosa que tiene que ver con la ley de defensa del consumidor. Cuando hablamos de derecho al consumidor está garantizado y se reconoce el derecho a la protección a la salud y la seguridad frente al riesgo provocado. Entonces son dos normativas distintas que pudieran haber sido infringidas”, dijo.

En cuanto a versiones que hablaban de un “cierre” definitivo, Benítez remarcó que la medida es una suspensión temporal respaldada por un acto administrativo, cuyo alcance está claramente establecido en la resolución.

Igualmente, señaló que las reinspecciones para la reapertura de locales estarán a cargo exclusivamente de Dinavisa, aunque Sedeco reiteró su disposición a colaborar en caso de ser requerido.

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El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).

“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.

Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.

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Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).

“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.

Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.

Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.

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El consumidor se queja con razón cuando se percata de que el etique­tado de vencimiento sobrepasó con creces el plazo de vigencia del pro­ducto y más cuando no son escuchados ni aten­didos sus legítimos reclamos.

Resulta todavía más grave si se refiere a un bien a ser consumido en los hogares. Los riesgos de intoxicación están latentes pudiendo provocar severos daños a las personas de todas las edades y más si se trata de niños y ancianos.

Aquí no hacemos apología del sentimentalismo. Creemos que antes de lamentar lo peor, es mejor prevenir antes que curar, como sabiamente dice aquel antiguo y vigente refrán. Y si los proble­mas son sistemáticos y graves afectando a toda una cadena de locales de cualquier comercio, se hace necesaria la prevención a favor del consu­midor dado que se está ante un escenario ries­goso que amerita una acción rápida y, insisti­mos, antes de lamentar lo peor.

En el caso suscitado horas atrás y que guarda relación con la suspensión de las actividades de la cadena Biggie Express por parte de la Secre­taría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), la medida toma en cuenta y valora al consumidor. Los motivos expuestos en las resoluciones administrativas que hacen al citado caso expresan haberse detectado la comercialización irregular de productos venci­dos y reetiquetados.

Para tal efecto fueron creados los organismos arriba citados. De igual modo se procedió en otras ocasiones con establecimientos que fue­ron notificados con similar medida de suspen­sión de sus actividades. La aplicación de la legis­lación en materia de bienes de consumo es una manera de precautelar la salud de la población.

La venta de productos vencidos y reetiquetados suele ocurrir en los comercios, de manera que lo acaecido en la cadena Biggie no es una excep­ción. Si hay evidencias de riesgo para la salud de los consumidores en los productos que guardan relación con la alimentación, llámense cárni­cos y embutidos en general, por citar algunos, entonces se procede de acuerdo a la normativa correspondiente. Se está ante un riesgo inmi­nente. Se podría desencadenar no solo a la hos­pitalización por grave intoxicación de una o de varias personas que de buena fe compran el producto colocado a la venta, sino que también podrían darse casos de fallecimiento, lo que es todavía más grave.

La responsabilidad es suprema. Ya sea que una persona quede intoxicada y hospitalizada con altos gastos de atención médica costea­dos a su cuenta y hasta puede fallecer; o que el negocio haya incumplido con el deber de cui­dado o que las autoridades en su tarea de velar por la seguridad de los productos no cumplan con sus funciones.

Tampoco se trata de una persecución hacia un específico establecimiento. Si se aceptara esta variable para aplicar la ley, se estaría desoyendo el deber del funcionario público e igualmente se dejaría de hacer lo que tanto se predica.

Si se deja a la ley como cuestión secundaria sin el debido rigor, se hace lugar al favoritismo. Esto solo es de provecho para los que cuentan con mayores recursos, los fuertes económica­mente hablando. De ese modo unos cuantos se salen con las suyas en perjuicio de los con­sumidores quienes muchas veces no son escu­chados como tampoco encuentran un modo de hacer valer sus legítimos reclamos.

Y cuando hablamos del consumidor, insisti­mos, nos referimos a las personas que diaria­mente disponen de su dinero en sus compras y que en muchas ocasiones se quejan de la salu­bridad de los productos y del local de expen­dio. La apertura de un sumario es lo mínimo que se podría dar en este caso. Esto no signi­fica que la suspensión de las actividades del mencionado comercio no pueda ser revisado mediante el recurso de reconsideración y luego corregido con la reinspección corres­pondiente.

Por lo demás, y para que no haya dudas al res­pecto, en el caso sobre el que nos estamos refi­riendo, los derechos de los trabajadores están protegidos debido a que se está ante un tema de índole sanitario.

Este es el motivo por el cual no pueden darse despidos laborales ante una situación sanita­ria en un local determinado puesto que serían injustificados, más aún si por las resultas investigativas se probara –siempre garanti­zando el debido proceso– que las irregularida­des provienen de la negligencia e irresponsabi­lidad de los gerentes de los locales en cuestión.

Cuando se trata de la venta de productos de consumo, un modo de proteger al consumidor es previniendo la salud de la población, san­cionando a aquellos comercios que infringen medidas de salubridad.