Este martes, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció la reglamentación de la ley de universalización de la pensión para adultos mayores, con la cual se busca proteger a las personas de la tercera edad por parte del Gobierno. Con esta nueva normativa, unas 15.000 personas, adultas mayores, ya podrán recibir este beneficio este fin de año.

Para conocer mejor el plan de ejecución de esta nueva reglamentación el diario La Nación/Nación Media conversó con el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Raúl Ramírez, quien explicó que la implementación de esta normativa comienza a aplicarse desde este noviembre, teniendo en cuenta que la ley fue promulgada en el mes pasado.

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Indicó que este mes comienzan a realizar la elegibilidad de las personas adultas mayores, de acuerdo a la nueva ley que habla de la universalización de todos los beneficiados del programa de adulto mayores de las personas a partir de los 65 años y mas.

Al respecto explicó que usando la tecnología, cuentan con la base de datos del departamento de Identificaciones de la Policía Nacional como base, que luego hacer el cruzamiento de datos con otras bases de las instituciones respectivas para determinar quiénes podrán ser incluidos en el programa de la pensión universal de los adultos mayores.

En ese sentido, remarcó que podrán acceder a este beneficio los mayores de 65 años y mas, que no cuenten con salario público o privado, los que no gozan de una jubilación del IPS u otra caja de pensiones; y los que no cuentan con 30 ganados o más y los que no pagan impuesto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) o renta.

“Toda persona que no reúna alguna de estas condiciones citadas, podrá ingresar a la lista de espera de la base de datos del MDS, e iremos incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos. Para este noviembre ya hemos procesado y estaremos incluyendo en el programa unos 15.140 adultos mayores. De los cuales estamos haciendo con una estrategia de rango etario de mayor a menor de edad. Incluimos desde 106 años a 90 años ahora, en este noviembre”, precisó.

Al respecto, el viceministro brindo un informe detallado de como se distribuye estos 15.140 adultos mayores, señalando que los paraguayos latinos son 14.733 personas. Mientras que los adultos mayores de pueblos indígenas son 165 personas, al respecto, aclaró que la normativa establece que los indígenas acceden a este beneficio desde los 55 años.

Asimismo, indicó que la normativa incluye también a personas con discapacidad y/o discapacidad severa, que pueden ingresar al beneficio de la pensión universal desde los 60 años de edad y en este noviembre ya fueron incluidos 241 adultos mayores. Todos estos grupos son los que ahora desde noviembre han sido procesados y seleccionados para comenzar a recibir la pensión universal.

Indicó que este grupo comenzará a recibir sus pensiones a partir del miércoles 4 de diciembre en adelante a través de las ventanillas del Banco Nacional de Fomento. Señaló que todo el proceso de pago se hará por red bancaria, por lo que a mediados de diciembre los adultos mayores recibirán sus tarjetas de débitos.

“Para este año se prevé el pago de 660.057 guaraníes, que conforme a la ley es el 25 % del salario mínimo. Para el año que viene estarían recibiendo G. 699.577, por lo que se buscará la forma de redondear a G. 700.000. Es importante aclarar que el próximo año estaremos incluyendo unos 30 mil adultos mayores más, que ya está previsto en el proyecto de presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social”, acotó.

El viceministro Ramírez enfatizó que el Ministerio de Desarrollo Social es el que hace la elegibilidad de los adultos mayores utilizando la tecnología y llevando a cabo el cruzamiento de datos, para determinar quiénes son los abuelitos que califican para recibir el beneficio. Ubicando a los beneficiarios tanto por departamentos y por distritos.

“Es importante aclarar que no porque cumplió 65 años ya serán beneficiados para el cobro de la pensión, iremos incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria e iremos bajando de mayor a menor edad. Al mismo tiempo, pedimos que se cuiden este fin de año porque hay muchos avivados inescrupulosos, que están esperando el momento para estafar al adulto mayor, en el sentido de hacerle gestoría, o ayudarles a ingresar a la lista. Nadie necesita hacer ninguna gestión para ingresar, ni necesita ningún intermediario. Nosotros, usando la tecnología estaremos incluyéndoles y todo el proceso es gratuito” concluyó.

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El ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tuvo oportunidad de hablar sobre los proceso de construcción de viviendas que lleva adelante la institución a su cargo. Recordó que actualmente existen dos programas, por un lado el que otorga las viviendas sociales para personas de escasos recursos. Por otro, el que adjudica planes de financiación para viviendas de la clase media, con el programa Che Róga Porã.

El secretario de Estado indicó en conversación con radio 1020Am, que el principal desafío del Gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, es superar las 80 a 100 mil viviendas en 5 años, que triplicaría la cantidad que se hizo en 10 años anteriores.

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“Nosotros veníamos ejecutando en los últimos 10 años, un promedio de 34 mil a 35 mil viviendas al cabo de 5 años. Nuestra expectativa ahora es llegar a unas 80 mil a 100 mil viviendas construidas, en el gobierno de 5 años de Santiago Peña, que prácticamente sería el triple de lo que se venía ejecutando y eso sí va permitir reducir el déficit habitacional”, explicó.

El titular del MUVH señaló que hay que dividir en dos partes el programa de construcción de viviendas, ya que por un lado están las viviendas sociales que están dirigidas a sectores más vulnerables y comunidades indígenas. Mencionó que con este programa ya están llegando a 4.253 viviendas entregadas, y con las familias beneficiadas ya vivienddo en ellas.

Indicó que esperan llegar a 6.000 viviendas entregadas para el próximo 31 de diciembre, de las 17.082 carpetas gestionadas en este primer año de gestión.

“Estos números representan prácticamente el triple de lo que se venía llevando adelante en gestiones anteriores y esto es un gran impulso para un sector muy necesitado y que es uno de los puntos más importantes de la propuesta electoral del presidente Santiago Peña”, acotó.

Igualmente, indicó que están trabajando con el programa de “Che Róga Porã”, que es una respuesta a la clase media trabajadora, que está dirigido a los que tienen desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos. Recordó que este programa, hoy está empezando a dar sus frutos. Señaló que ya existen 4 proyectos que están en ejecución y que son 118 viviendas que ya están en proceso de construcción.

Asimismo, explicó que a partir de mediados de enero de 2025 se viene el “Che Róga Porã 2.0″, dirigido a aquellos que ya cuentan con un terreno, o estén pagando por su terreno, o que tengan pensado comprar el terreno que sea de su agrado. Explicó que se les va a financiar para la construcción de sus viviendas.

“Che Róga Porã 2.0 es una evolución escuchando a la gente, que en cualquier punto de la República del Paraguay, llámese Yvy Ya’ú, Cnel. Oviedo, llámese Loreto, Humaitá. Aquel que tiene un terreno propio o que ya esté pagando podrá acceder a este financiamiento que le permitirá cancelar por el terreno, y por otra parte contar con el corte que le permita construir su propia vivienda, a un financiamiento a 30 años de plazo, hasta 500 millones de guaraníes, y con la tasa más baja del mercado del 6,5 %”, precisó.

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Con el objetivo en común de velar por la ciudadanía y la correcta ejecución de sus derechos, desde la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron este lunes un acuerdo, a través del cual se comprometen a trabajar de manera recíproca para garantizar que todos los paraguayos reciban la mejor atención en el área de salud bajo todos los controles y estándares más altos de calidad.

En representación del Ministerio de Salud firmó este acuerdo el doctor Roberto Melgarejo Palacios, Superintendente de Salud, mientras que como representante de la Defensoría del Pueblo estuvo el abogado Rafael Ávila Macke.

Ambos destacaron la importancia de contar con un sistema de control cruzado que permita a las dos instituciones estar en constante comunicación, para evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda dañar a los usuarios del servicio de salud; teniendo ya una experiencia con varias intervenciones y visitas de la Defensoría Pública a establecimientos de salud.

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Este acuerdo se da atendiendo a que una de las funciones de la Defensoría Pública es la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, siendo la institución que recibe diariamente denuncias y reclamos presentados por los ciudadanos de todo el país y se comprometió, como parte de su misión promover, proteger y defender los derechos humanos.

Por su parte, la Superintendencia de salud tiene como misión principal regular, fiscalizar y supervisar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS), para garantizar que brinden servicios de calidad, cumplan con las normativas legales y protejan los derechos de los usuarios; continuará con su trabajo por medio de controles de auditoría médica, legal y contable, aplicando sanciones y medidas correctivas ante incumplimientos detectados.

Desde ambos estamentos de control se destacó que gracias a este convenio se podrá desarrollar planes, programas y proyectos de interés común dentro del ámbito de sus competencias, conforme al marco legal que las rige, además de propiciar el intercambio de datos e informaciones de manera amplia y redundará en favor de la ciudadanía.

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El vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Apodaca, habló acerca de la decisión tomada por una cadena multinacional de supermercados, de suspender la compra de carne procedente del Mercosur, lo cual estaría ligado a una medida proteccionista.

Es lo que mencionó el referente del rubro ganadero, ante una posible presión del sector productivo de Francia, país de origen de la cadena en cuestión, Carrefour, atendiendo además la negativa de este país de llegar al postergado acuerdo de libre comercio Unión Europea (UE) - Mercosur.

“Es una medida totalmente traída de los pelos por los franceses, de los productores que habrán presionaron y Carrefour seguramente se solidarizó con ellos, a más de que Francia está en contra del acuerdo UE - Mercosur por una cuestión totalmente proteccionista”, expresó al programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

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Respecto a la balanza comercial de ambos bloques, Apodaca mencionó que la región compra un importante volumen de productos europeos, pero que lastimosamente ellos no aplican lo mismo de modo a que se dé un balance justo comercialmente hablando.

Solo en el caso de Paraguay y la carne, el mercado europeo es ínfimo con un restringido 5 % aproximadamente, ante las altas exigencias que establecen, punto en el que remarcó que pese a ello, el país ingresa a estos mercados cumpliendo elevados requerimientos.

“Esto nos da un sello de que nuestra carne tiene mucha calidad y que puede ser consumida tranquilamente. Y si bien, comercialmente es poco lo que va, pero la certificación que tenemos de poder ingresar al mercado europeo hace más de 10 años, en eso nos afecta”, subrayó.

En este último punto, explicó que la medida también impacta en la cuestión de la seguridad alimentaria, más aún al ser un tema muy sensible ya que es sabido que la región produce una alta calidad para alimentar al mundo, lamentó.

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