La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.

Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.

Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.

El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.

Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.

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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.

La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.

• Fuente: AFP

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de solicitar el rechazo del proyecto que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de tasa de peajes del país.

La funcionaria de Estado comentó que el pago de peaje es importante para su institución porque permite generar recursos para la construcción de nuevas rutas y para los mantenimientos. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Nuestra posición siempre es pensando en los fondos que dispone el Ministerio de Obras Públicas para no solo construir, sino mantener las rutas. Parte importante de esa estructura de costos tiene relación con la recaudación de peajes”, indicó a los medios de comunicación.

Asimismo, Centurión manifestó que “sin embargo la buena noticia es que desde el ministerio se trabaja en la modernización de los peajes, en tecnologías para todo el país, y esto va a poder permitir en el corto y mediano plazo se cuenta con mucha mayor información y los datos reales de los usuarios frecuentes. Ahora también el registro de patente generará mucha información adicional para generar con datos reales mejoras, beneficios, incentivos para aquellos usuarios frecuentes del peaje".

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La objeción de Centurión a la iniciativa cuenta con el respaldo de las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, bajo el argumento de que no existe una fuente económica que reemplace el ingreso obtenido mediante la aplicación de peajes. El proyecto impulsado por el diputado Hugo Meza, en su artículo 3, contempla exonerar el pago del 100 % para los ciudadanos habitantes de los distritos donde están ubicados los puestos.

Mientras que, en su artículo 4, estipula la exoneración del 50 % del pago a los habitantes de los distritos de los departamentos donde están ubicados los puestos de peaje. En ambos casos el beneficio solo podrá ser usado dos veces diarias por cada vehículo, es decir, ida y vuelta, y solo en sus respectivos puestos de peajes.

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• Por Sofía Céspedes, sofia.cespedes@nacionmedia.com.

Desde que asumió el gobierno, el pasado 15 de agosto de 2023, las políticas del presidente Santiago Peña se basaron en las reformas estructurales, dar un mayor impulso y apoyo a los programas sociales y seguir generando incentivos a fin de atraer inversiones para el crecimiento de nuestra economía.

Un pilar fundamental, y promesa de campaña de Santiago Peña, fue la creación de 500.000 puestos de trabajos durante su periodo de cinco años. Según datos de la Presidencia de la República, el gobierno logró incorporar a 85.000 trabajadores en la seguridad social en los últimos 22 meses.

Se pudo formalizar a unos 30.000 trabajadores y se está llegando a un total de 100.000 trabajadores formales desde agosto de 2023. También informaron que, hasta mayo de 2025, se registran unos 793.000 trabajadores registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo a datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se establecieron unas 7.700 nuevas empresas y se inscribieron más de 1.000 nuevas sucursales. Además, mediante el modelo de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que permite abrir empresas de forma gratuita en un plazo de 72 horas, se experimentó un crecimiento del 21,6 % en el último año. De las más de 17.000 EAS constituidas desde su implementación, 6.122 se crearon entre julio de 2024 y mayo de 2025.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se aprobaron proyectos de inversión y programas bajo el régimen de la Ley 60/90 y de Maquila por un total de USD 522 millones, con una proyección de 9.400 nuevos empleos. También, el régimen de maquila registró cifras récord: USD 1.062 millones en exportaciones entre julio de 2024 y mayo de 2025, un aumento del 13 % con relación al mismo periodo del año anterior.

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Una de las reformas más importantes que realizó Santiago Peña en su gobierno fue la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección de Aduanas, para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que permitió alcanzar una presión tributaria histórica del 11,5 % del producto interno bruto (PIB) en un año, sin aumentar impuestos. La recaudación tributaria aumentó en USD 586 millones (2024) respecto al periodo anterior.

Entre estos cambios, también se destaca el programa Hambre Cero en las escuelas, que hoy está brindando una alimentación de calidad a más de 1 millón de niños en instituciones educativas de todo el país. Esto, a su vez, genera una gran cantidad de empleo, porque moviliza una cadena de valor importante para que los alimentos lleguen a las escuelas, a través de las ruedas de negocios.

El gobierno presentó a finales de 2024 un ambicioso plan de inversiones en infraestructura por USD 5.500 millones para los próximos 5 años, con el objetivo de generar mejores empleos, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el último año, se aprobaron proyectos por más de USD 1.000 millones en infraestructura vial, USD 210 millones en agua y saneamiento. y USD 455 millones en energía, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En comunicación con La Nación/Nación Media, la ministra de Obras, Claudia Centurión, indicó que en estos dos años se aprobaron y adjudicaron obras de suma importancia para cumplir con el objetivo mencionado anteriormente.

Una de las principales es la Ruta de la Soberanía, un proyecto vial que se extiende por 221 kilómetros y linda con Brasil en los departamentos de Amambay y Canindeyú. Es una obra financiada por USD 220 millones.

“También la Ruta PY05, que ha sido un contrato fracasado en la gestión anterior, es la tercera vez que se intenta reconstruir Pozo Colorado-Concepción, y estamos seguros que nosotros vamos a lograr resultados exitosos”, dijo Centurión a LN. También resaltó que esta obra será construida con pavimento rígido.

Otra obra destacada fue la Ruta PY01, que está por adjudicarse, porque está en evaluación económica. Será el segundo proyecto con modalidad Asociación Público-Privada (APP). Finalmente, habló de la pronta adjudicación para el mejoramiento de la Ruta PY010 en modalidad Llave en mano.

Economistas y analistas coinciden en que Paraguay vive un momento de estabilidad macroeconómica “soñada” y admirada por muchos países, además de tener una de las monedas más antiguas, estables y ponderadas de la región.

Víctor Pavón, abogado y analista económico, dijo a La Nación que el gobierno está cumpliendo con su promesa de atraer inversiones, mientras baja el déficit fiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y propone reformas.

Sin embargo, aseguró que “tenemos cambios positivos, pero se requiere de reformas más profundas aún. Yo creo que nuestro país está en marcha tercera en un vehículo que ya requiere operar en quinta, incluso en sexta".

Pavón hizo alusión a que nuestro país tiene que enfocarse en realizar una reforma en la generación de energía eléctrica. Sostuvo que la electricidad, a diferencia de otros bienes, no puede almacenarse sino distribuirse al momento en el que se genera, pero para eso se requiere de inversiones que superan el presupuesto del Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que hoy ronda los USD 250 millones, cuando la necesidad es de USD 1.000 millones por año.

“Cubrir este déficit con más endeudamiento sería un grave error. Continuar aumentando la deuda pública, tarde o temprano, implicará subir impuestos o crear nuevos tributos, y eso sería totalmente contraproducente para la economía”, opinó.

Pavón hizo énfasis en que el gobierno debe impulsar un sistema que incentive la inversión y el empleo formal,” no que los castigue”, respecto a la materia tributaria. Expuso que si Paraguay quiere quiere posicionarse como un destino confiable para la inversión, debe ofrecer reglas claras, estables y transparentes.

“La previsibilidad es clave: los inversores no arriesgarán su capital en un país donde las normas cambian constantemente o se aplican de manera discrecional”, afirmó.

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Desde su perspectiva, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), el ingeniero José Luis Heisecke, el primer año de la gestión de Santiago Peña fue complicado ya que hubo pocas licitaciones, dificultades financieras y cobros atrasados por la deuda que heredó del gobierno anterior, pero que con responsabilidad la asumió y cumplió.

“Hacia finales de 2024 e inicios del 2025, el sector comenzó a despegar con un aumento significativo de licitaciones y adjudicaciones, lo que también obligó al gobierno a incrementar la inversión en infraestructura. Paraguay debe seguir apostando fuertemente por la infraestructura para mejorar su posición y aprovechar su potencial de desarrollo”, aseveró Heisecke.

La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación pre­sentó ayer sus conclusiones y recomendaciones tras eva­luar el sistema que el Tribu­nal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Sama­niego, informó que el análi­sis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias finan­cieras de la operación.

“En cumplimiento de nues­tras funciones, evaluamos integralmente las dimensio­nes técnicas y operativas del sistema de votación electró­nica, con el objetivo de veri­ficar su idoneidad para su implementación en los futu­ros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inver­sión de USD 92 millones para la compra de los equi­pos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para audito­rías y mayor soberanía tec­nológica. En tanto, si se recu­rriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo ini­cial y actualización garan­tizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.