La transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las gobernaciones y municipios en enero de 2025, totalizó G. 108.233 millones según el informe de la Gerencia de Gestión Administrativa del Estado del viceministerio de Administración Financiera (VAF).

En detalles, las gobernaciones recibieron un total de G. 55.435 millones, mientras que las municipalidades percibieron G. 52.788 millones en el primer mes del año. La ciudadanía puede hacer el seguimiento de las transferencias que recibe su Municipio o Gobernación a través de este enlace: https://servicios.mef.gov.py/consultas-publicas/muni.html; ingresando el RUC se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. Es una herramienta del MEF que permite transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.

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Desde la cartera recuerdan que las entidades deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.

El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

A través del Tesoro Público, el MEF desembolsó hoy un total de G. 65.307 millones para saldar sus compromisos con proveedores y acreedores del Estado, financiados mayoritariamente con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y 30 “Recursos Institucionales”. El calendario detallado de pagos está disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gov.py), o accediendo directamente al siguiente enlace: https://lc.cx/elA43b.

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Acerca de las revelaciones de conversaciones entre autoridades judiciales, parlamentarias y del Ministerio Público, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) afirmó que esto dejó en evidencia una trama de manipulación y tráfico de influencias que traiciona los principios fundamentales del Estado de derecho.

A través de un comunicado, afirman que estas prácticas nos trasladan a épocas en las que el poder se ejercía sin control ni transparencia, como en las autocracias medievales. “No podemos permitir que nuestras instituciones sean manejadas por quienes, en lugar de servir a la ciudadanía, se benefician a costa del bien común”, indican.

Resaltan que mientras el presidente de la República Santiago Peña, el ministro de Industria, Javier Giménez y algunos miembros del Poder Ejecutivo, trabajan por atraer inversiones, generar confianza y promover oportunidades para los paraguayos, estos hechos lamentables ponen en riesgo la estabilidad y el futuro del país.

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“La corrupción y el uso discrecional de la Justicia no solo debilitan nuestra democracia, sino que frenan el desarrollo que tanto merecemos. Desde el sector industrial paraguayo, advertimos con firmeza: sin instituciones sólidas y transparentes, no hay inversión, no hay empleo y no hay progreso”, señalan.

Sostienen y resaltan que Paraguay necesita reglas claras, seguridad jurídica y un compromiso inquebrantable con la ética pública para seguir creciendo. Reiteran que no se puede permitir que la impunidad y el abuso de poder sean los frenos de nuestra competitividad y nuestro desarrollo.

“A los jóvenes estudiantes de Derecho y a quienes comienzan su carrera en el sistema judicial, les enviamos un mensaje de esperanza: Paraguay necesita profesionales íntegros que devuelvan la dignidad a la Justicia. No permitan que estas aberraciones sean su modelo a seguir. La verdadera Justicia es la que garantiza igualdad, equidad y oportunidades para todos los paraguayos”, finaliza el documento.

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El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, destacó que las reuniones que se desarrollan entre representantes del sector público y privado en Panamá atraen inversiones al Paraguay. El empresario industrial se encuentra acompañando a la comitiva del presidente Santiago Peña junto a otros empresarios paraguayos en el país caribeño.

El ingeniero Duarte habló sobre las reuniones que mantiene el presidente de la República con con grandes empresas multinacionales y líderes empresariales en Panamá.

“Este tipo de reuniones, trabajo conjunto público privado es lo que el país necesita y es lo que va a significar en la gran atracción de inversiones como las que ya se están danto lugar”, dijo el presidente de la Unión Industrial Paraguaya.

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El presidente Peña busca mediante una agenda estratégica posicionar al Paraguay ante el mundo y ofrecer oportunidades de inversión. De esta manera se aspira potenciar la presencia de Paraguay en mercados claves abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

También participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025 en Panamá, donde compartió la visión del Paraguay y las reformas que implementó desde el gobierno para potenciar la economía, aumentar la formalización y mejorar la calidad de vida de los paraguayos.

Entre las reuniones que tuvo el presidente se destacan con el reconocido empresario del sector aeronáutico Stanley Motta, con quien habló sobre estrategias para fortalecer la conectividad aérea y el valor de las inversiones del sector privado para el desarrollo del país y con André Clark Juliano, vicepresidente de Siemens Energy Latinoamérica y Brasil con quien abordó las oportunidades para fortalecer el sector energético y apostar por un desarrollo más sostenible.

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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emi­tió un comunicado a través del cual expresó su rechazo ante la propuesta de reducir las horas semana­les de trabajo, manteniendo los salarios vigentes. Esto en el marco de una inicia­tiva planteada por el sena­dor José Oviedo, para dis­minuir las horas laborales en el sector privado.

“Si bien los argumentos esgrimidos a favor de esta propuesta pueden inter­pretarse como nobles y bien intencionados, su implementación repre­sentaría una sentencia de muerte para numerosas micro, pequeñas y media­nas empresas (Mipymes) formales, además de incen­tivar aún más la informa­lidad”, expresa parte del comunicado. A su vez, recor­daron que en una economía abierta como la de Para­guay, los sistemas produc­tivos nacionales enfrentan constantes desafíos. Fac­tores como la tecnología, la automatización, el acceso limitado a financiamiento competitivo, sumados a la informalidad y un mercado interno reducido, colocan a la industria nacional en una situación de vulnera­bilidad permanente, a decir de la UIP.

“Los tiempos muertos, debido a un trasporte público ineficiente y otros problemas estructurales deben abordarse desde su origen.

Estas medidas podrían incentivar la informali­dad, creando brechas que afectan a la productividad y competitividad nacional”, remarcó también la institu­ción en su comunicado.

De este modo, desde la UIP manifestaron que en la enti­dad instan a las autorida­des competentes a enfocar sus esfuerzos en soluciones estructurales que aborden las problemáticas de fondo. Esto en lugar de apostar por una salida poco productiva, como la planteada por el senador Oviedo.

“Permitiendo así a los tra­bajadores mejorar su calidad de vida y la de sus familias, sin comprometer el creci­miento económico soste­nido que ha experimentado nuestro país”, finaliza el comunicado de la entidad, enfatizando así en la impor­tancia de velar realmente por la productividad. La pro­puesta del legislador Oviedo plantea la reducción de las horas de trabajo de 48 a 40 horas semanales, alegando la eliminación de asimetrías entre empleados públicos y privados. Así, las 8 horas laborares diarias estarían reducidas a 6,6.

Es referente al pago diferenciado del salario mínimo en las microempresas.

Con la ley de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipy­mes), ya promulgada por el Eje­cutivo, se introducen aspec­tos clave para los trabajadores del sector, como el pago de un salario mínimo diferenciado no inferior al 80 %, a decir de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. “La fijación del 80 % del salario para los trabajado­res de Mipymes ya se encon­traba desde la ley de 2012, pero la innovación con la nueva ley es que se pueda cotizar por el 80 %”, explicó para la 1020AM, señalando la discrepancia anteriormente observada, sin la legislación actual.

La empresa o el empresario de Mipymes iba con su contrato homologado, para inscribir a su trabajador al Instituto de Previsión Social (IPS), y este le respondía que debía inscribir a su colaborador por el mínimo y pagar la diferencia, registrán­dose así una incompatibilidad de contrato. “Hoy, el propieta­rio de la empresa podrá cotizar y pagar el IPS sobre el salario percibido por el trabajador.

Se corrigió así la incongruen­cia, tras explicar durante lar­gos años por qué era incom­patible ese artículo de la ley”, señaló la secretaria de Estado. Aclaró que el pago no inferior al 80 % no significa que los traba­jadores en Mipymes recibirán su salario exclusivamente bajo ese porcentaje, por un tiempo indeterminado. El límite esta­blecido es por no más de 36 meses. “Ahí se observa una disminución por el tiempo del trabajo”, manifestó la secreta­ria de Estado, agregando otras apreciaciones como en lo refe­rente al tiempo de trabajo de los colaboradores en Mipy­mes, reiterando que en rea­lidad se establece un tiempo determinado por las labores en las pequeñas empresas.

“No así el 80 % del salario mínimo, que solo se establece para aquellas empresas que tienen entre 1 y 10 trabajado­res y donde el propietario es considerado como un trabaja­dor más, es decir, las microem­presas”, expresó la ministra de Trabajo.

Analista Víctor Pavón opina que es necesario que se elimine el piso laboral.

Ante las diversas opiniones que se desató en las últimas horas tras las declaraciones del ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, sobre la necesidad de flexibilizar el mercado laboral eliminando el salario mínimo, el abogado y especialista en economía, Víctor Pavón opinó sobre el punto.

Para que en el mercado laboral se mejoren los salarios, el analista afirmó que es necesario desregularlo, es decir, está a favor de eliminar el piso salarial, que en muchas ocasiones determina el techo para muchos empleados y estimula más a la informalidad, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Hay que desregular el mercado laboral y hacer respetar a las personas con acuerdos voluntarios. Tenemos que terminar con la cultura del trámite y coima, y algunas prácticas contrarias a intereses de los trabajadores”, precisó.

Manifestó que la ley de mipymes es una muestra de cómo incentivar a las inversiones. Es decir, que, aquellas microempresas que están iniciando tienen la posibilidad de contratar a más personas pagando el 80 % del salario mínimo, por labores que se ajustan incluso a horas mínimas de trabajo y que permite a jóvenes o desempleados la oportunidad de iniciar en el sector laboral e ir escalando. “Con esta ley se establecieron varios incentivos para salvar a nuestros empresarios. Las mipymes estaban siendo acosadas hasta que se hizo esta ley en contra de la cultura de la coima”, indicó. Mencionó que la Constitución Nacional defiende la libre competencia y resaltó que eso incluye a los salarios.

“El artículo 107 de la CN expone una línea de pensamiento que debemos valorar, el de la libre competencia. Esto significa que una persona puede disponer de su trabajo y conocimiento con otra, mediante un acuerdo salarial libre”, afirmó.