El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3813/2025 que establece los lineamientos generales para la programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales, a fin de elaborar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, además de programar el presupuesto plurianual 2026-2028.

El documento también refiere que se le da autoridad al viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ser rector del proceso de planificación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay (PND).

En cuanto a los instrumentos y herramientas que hace referencia el decreto, se encuentra la guía metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios, enfocada en un horizonte de mediano plazo y resultados, ademá del sistema de gestión de resultados, que promueve la evaluación y control de la ejecución presupuestaria.

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Desde la fecha emitida hasta el 30 de junio, todas las entidades tienen tiempo de presentar en forma sus proyectos presupuestos. Estas serán analizadas por el Ministerio de Economía para elaborar el anteproyecto de ley y luego enviar el proyecto de ley al Congreso Nacional, a más tardar, hasta el 1 de septiembre.

El PGN 2025 alcanza un monto total de G. 133,210 billones, distribuidos de la siguiente manera: G. 73,669 billones para la Tesorería General y administración central, mientras que G. 59.540 billones para las entidades descentralizadas.

El PGN 2025 aumentó la inversión en sectores prioritarios para el Ejecutivo como lo son salud, educación, seguridad y atención a grupos vulnerables. En total está estimado un incremento del 77% para estas áreas, de acuerdo a datos del MEF.

Se destacan las variaciones significativas en inversión para salud y educación, con un aumento de alrededor de G. 1 billón para cada institución, además de una apuesta firme por programas sociales clave, como los Programas Hambre Cero y Adulto Mayor con un presupuesto de G. 4,6 billones asignados al Ministerio de Desarrollo Social. Así también se destaca el Ministerio del Interior con un incremento del 17 % en su presupuesto.

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley n.° 7.467 que establece el marco jurídico para “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” en el país. La nueva normativa, impulsada por el actual gobierno, busca posicionar a Paraguay como un referente regional en la organización de competencias deportivas de gran escala.

“¡Paraguay se abre al mundo!” expresó el mandatario, destacando que esta ley representa una herramienta moderna y estratégica que permitirá al deporte convertirse en un motor de desarrollo, crecimiento e integración nacional, generando importantes beneficios culturales, sociales y económicos.

La aplicación de la ley no se hará esperar, dado que el presidente Peña también dio a conocer que, mediante el decreto N° 3770/2025, el 75° Congreso Ordinario de la FIFA, que se celebrará en Asunción, ha sido declarado como Evento Deportivo de Relevancia Internacional.

“Sin dudas, se trata de un suceso histórico para el país y la región, que refuerza la posición de Paraguay como destino de importantes eventos mundiales”, agregó Peña, al resaltar el valor simbólico y práctico de acoger una asamblea de tal magnitud en territorio nacional.

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Con esta medida, Paraguay apunta a fortalecer su infraestructura deportiva, atraer inversión extranjera, y consolidarse como sede de competencias internacionales, lo que podría marcar un antes y un después en su proyección global. Según indicó el propio mandatario, esta es una herramienta jurídica que convertirá al deporte en un motor para el desarrollo de nuestro país.

“Con grandes beneficios culturales, sociales y económicos para el Paraguay”, resaltó el jefe de Estado y posteriormente añadió, “Sin dudas un suceso histórico para el país y la región, que refuerza la posición de Paraguay como destino de importantes eventos mundiales”

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El Ejecutivo anunció la promulgación del Decreto n.º 3699, mediante el cual se creará el Sistema Nacional de Tra­zabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y se tendrá acceso al primer catálogo nacional de medi­camentos.

Esta iniciativa cumple con la necesidad de digitali­zar y agilizar los proce­sos médicos y de abasteci­miento dentro del sistema de salud nacional, garan­tizando así que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a medicamentos e insumos al acudir a los cen­tros médicos.

“Con este sistema podemos controlar eficientemente toda la cadena de distri­bución de medicamentos e insumos, asegurando su uso adecuado en cada etapa”, explicó la minis­tra de Salud, María Teresa Barán, durante la conferen­cia de prensa en Mburuvi­cha Róga.

La secretaria de Estado reconoció también que con la implementación de este método de trabajo y un sis­tema organizado se mejo­rará la calidad del gasto y se podrán optimizar los recur­sos para poder comprar y planificar adecuadamente los medicamentos, según las necesidades de los pacientes.

“Este Sistema Nacional de Trazabilidad nos permite a nosotros hacer la intero­perabilidad, es decir, poder conectarnos con todos los otros sistemas públicos, pri­vados, IPS, Hospital Militar y Hospital de Clínicas”, des­tacó la ministra Barán.

Con la interoperabilidad, lo que se busca es contar con una mayor cobertura y capa­cidad de atención, teniendo en cuenta que en muchos casos en el sector público no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para ciertos procedimien­tos médicos, pero se puede apelar a otros organismos de salud que sí cuenten con las condiciones o los profesio­nales, garantizando siem­pre una atención de calidad.