A fin de beneficiar a emprendedores, microempresarios y fortalecer al sector, la ley 4457/12 para micro, pequeñas y medianas empresas (Mimpyes) fue modificada. Específicamente 43 artículos de 55. Esta modificación fue sancionada por la Cámara de Senadores a la espera de su aprobación en Diputados.

Algunos cambios que contempla la reforma tiene que ver con la reducción de la burocracia a través del uso de tecnología sin costo, la creación de un Registro Nacional de Mipymes y libre información sobre el registro Mipymes a través de la página web del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“El 99 % de los microempresarios o emprendedores a quienes visitamos nos decían que era muy caro ser formal y que les cuesta pagar de entrada una cédula de G. 400.000 o el Registro Único del Contribuyente (RUC), entre otros trámites que se hacen en el MIC”, indicó Luis Pettengill a la 1000 AM.

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Comentó que por eso la inscripción para los microempresarios debe ser gratis, debe estar exentos de pagar impuestos en las municipalidades, para que verdaderamente ellos puedan despegar, crecer y potenciar sus empresas. Contó que otra de las reformas refiere que a través del Ministerio de Industria, la mipyme se podrá inscribir al Ministerio de Trabajo, y que el empresario tendrá un contrato de 3 años anuales sin la necesidad de pagar seguro social por sus empleados.

“El seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) lo pagará solo el titular, unos G. 280.000, que si bien no le da un derecho a la jubilación, cuando la empresa avance (sea más grande), ya podrá abonar un aporte proporcional”, explicó.

Todas las personas que deseen empezar con un negocio encontrarán ventajas con estas modificantes, y mediante estos cambios propuestos darán celeridad al proceso de inscripción para el registro de una mipyme.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor, participa de un seminario en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), para celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la IberRed. El panel internacional se desarrolla en Medellín, Colombia. El secretario de Estado paraguayo fue uno de los expositores en el debate “Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional en Iberoamérica”.

Durante su exposición, el ministro Nicora destacó la importancia de avanzar en la cooperación jurídica internacional. “Sin la cooperación jurídica internacional, las relaciones entre los Estados miembro de cualquier acuerdo bilateral o multilateral carecerían del impulso necesario para mitigar las barreras que impiden alcanzar nuestros objetivos comunes como Estados: una justicia más accesible, una mejor sociedad y un mejor mundo”, sostuvo.

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Asimismo, Nicora manifestó que la globalización conllevó a una transformación profunda en la sociedad internacional, en lo cultural, tecnológico y económico. Señaló que esta dinámica interacción ha desencadenado un cambio profundo en la manera en que las cuestiones legales transfronterizas son tratadas, provocando que los Estados coordinen mecanismos que permitan la protección de los derechos e intereses de las personas.

Resaltó que, desde épocas remotas, la cooperación judicial internacional ha sido esencial para el abordaje de disputas que involucran múltiples jurisdicciones, desde la armonización de leyes hasta la ejecución de sentencias en países extranjeros. “Es por ello que la confianza y proactivad son las principales virtudes que distinguen todo contexto de cooperación judicial internacional”, indicó.

El ministro Nicora destacó, además, la importancia y trascendencia del Tratado de Medellín y la creación de la IberRed, resaltando la cooperación jurisdiccional, hoy en día, radica en una práctica que permite a los Estados prestar un auxilio jurídico internacional recíproco, frente a las nuevas formas de delincuencia transnacional, haciendo necesario fortalecer y facilitar la cooperación.

“Esto también requiere la eliminación de barreras y obstáculos innecesarios, así como la armonización de procedimientos y legislaciones a través de una mayor coordinación entre las autoridades centrales, autoridades competentes y operadores encargados del funcionamiento de la Cooperación Judicial Internacional”, agregó.

También instó a aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, estructurando mecanismo de información, bases de datos, así como redes de asistencia judicial mutua que agilicen estos procesos, a fin de que la misma se vuelva más eficiente, expeditiva y eficaz.

El ministro Nicora subrayó que Iberoamérica actualmente tiene varios desafíos en cuanto a la infraestructura, la capacitación, generalización del uso de la herramienta (Tratado de Medellín y la IberRed), así como la continua mejora en la interfaz del sistema.

“La IberRed tiene como objetivos optimizar la cooperación jurídica en materia penal y civil entre los países iberoamericanos y establecer y mantener actualizado un sistema de información sobre los diferentes sistemas legales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”, concluyó.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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El Gobierno argentino ha anunciado ayer viernes que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma para el fortalecimiento electoral que eliminaría el régimen de primarias abiertas, conocida como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y que modificará la ley orgánica de los partidos políticos para revisar el sistema de financiamiento de los mismos.

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

Adorni ha detallado que, solo en 2023, las PASO “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos (unos 45,5 millones de dólares), a valores, por supuesto, históricos”, que, ha agregado, “obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces”.

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“Desde su introducción en 2011, “hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40 % no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5 % para poder después participar de las elecciones generales”, ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno modificará la ley orgánica de los partidos políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma (partidos políticos que, en la práctica, no tienen una estructura ni actividad real), “cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

“La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, ha indicado la Casa Rosada, al subrayar que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral”.

Por otra parte, Adorni ha anunciado la eliminación de impuestos para compras en el exterior, una medida que “va a entrar en vigencia a partir de diciembre y tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”, incluso “cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”.

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“Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre, en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía”, ha concluido.

Fuente: Europa Press