- Carlos A. Primo Braga
- Profesor de la Fundación Dom Cabral, Brasil
El 2 de abril (denominado Liberation Day por el presidente Trump), el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles recíprocos que afectan a cerca de 185 países. A partir del 5 de abril, se sumaron aranceles del 10 % a los ya existentes, y desde el 9 de abril deberían imponerse aranceles adicionales a los países considerados como los peores infractores, con base en una “evaluación” sobre cómo sus políticas afectan las exportaciones estadounidenses.
Los mercados financieros en todo el mundo, y particularmente en EE. UU., reaccionaron de forma dramática en los días posteriores al anuncio. El índice NASDAQ, por ejemplo, que refleja el desempeño del sector tecnológico, cayó alrededor de un 9,8 % en los dos días siguientes, una corrección significativa en relación con su nivel máximo anterior.
Estos aranceles se suman a otros anunciados previamente por la administración Trump, dirigidos principalmente a China (incluyendo un arancel del 20 % como sanción por el comercio ilícito de fentanilo y aranceles del 25 % sobre automóviles, acero y aluminio). En síntesis, los productos chinos pasarán a enfrentar aranceles totales del 54 % (20 % vinculados al tema del fentanilo y 34 % por el cálculo de reciprocidad) y, en algunos casos, específicos (como los automóviles, considerados una amenaza a la seguridad nacional), los aranceles podrían alcanzar hasta un 79 %. China respondió con una tarifa adicional del 34 % sobre exportaciones estadounidenses. Posteriormente, el gobierno de Trump reaccionó a esta decisión imponiendo un arancel adicional del 50 % sobre productos chinos el 8 de abril.
El cálculo de los aranceles recíprocos por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue recibido con escepticismo y críticas sobre la arbitrariedad del método utilizado. La fórmula adoptada se basa, esencialmente, en dividir el déficit comercial de EE. UU. en bienes con cada país entre el valor de las importaciones provenientes de dicho socio comercial, como una proxy de un arancel que equilibraría los flujos comerciales. La fórmula también incluye en el denominador una estimación de la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y de los precios respecto a los aranceles; sin embargo, al haber asignado arbitrariamente los valores 4 y 0,25, el producto de dichas elasticidades es igual a 1. El valor resultante de esta división fue reducido a la mitad, según el presidente Trump, para reflejar la magnanimidad estadounidense. En el caso de países con superávit comercial con EE. UU. (como Brasil), así como en situaciones especiales (como Afganistán), se estableció un arancel recíproco del 10 %.
El 9 de abril, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. Para los países que no respondieron con represalias, solo se aplicará el arancel adicional del 10 % hasta junio. En el caso de China, sigue vigente un arancel acumulado del 145 %, mientras que para Canadá y México se aplicarán aranceles del 25 % sobre productos que no cumplan con las normas del acuerdo USMCA (que sustituyó al NAFTA). China respondió de inmediato, elevando sus tarifas a un 125 % sobre productos estadounidenses.
El arancel medio en EE. UU. se incrementará a aproximadamente un 22,5 %, con picos importantes para ciertos países (como China) y productos. Este nivel remite a lo ocurrido en la década de 1930 y sus consecuencias negativas para la economía global. Asimismo, la lógica de la fórmula (centrada únicamente en el comercio de bienes, ignorando los servicios donde EE. UU. suele registrar superávit), la elección arbitraria del año 2024 como base para los cálculos —a pesar de que los déficits comerciales varían con el tiempo—, el desconocimiento de las estructuras proteccionistas de los socios comerciales, y las causas macroeconómicas de los desequilibrios en la balanza de pagos (como el desajuste entre ahorro e inversión) han sido señalados como puntos críticos de esta metodología.
Para los países del Mercosur, hay tanto buenas como malas noticias. Es cierto que los miembros del bloque fueron “beneficiados” con un arancel recíproco mínimo del 10 %, muy por debajo del promedio general y de los valores máximos aplicados a otros países. Sin embargo, el impacto puede ser perjudicial, no solo por los efectos sobre los flujos globales de comercio (la Organización Mundial del Comercio —OMC— estima que estos aranceles podrían generar una contracción del 1 % en el volumen del comercio mundial en 2025), sino también por los desvíos comerciales que pueden surgir (como la redirección de exportaciones chinas hacia la región). No obstante, el “superarancel” y sus externalidades (como la adopción de medidas de represalia por varios países, especialmente China) pueden generar oportunidades para el agronegocio del Mercosur, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.
Desde una perspectiva estratégica, la política comercial de EE. UU. crea incentivos para una postura más favorable en relación con la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cabe destacar, sin embargo, que Argentina y Brasil mantienen visiones divergentes sobre el impacto de estas medidas. El presidente Milei, por ejemplo, ha expresado interés en ajustar la política comercial argentina y eventualmente negociar un acuerdo bilateral con EE. UU.
En resumen, las medidas adoptadas por EE. UU. pueden interpretarse como una decisión de facto de abandonar las normas de la OMC. Esto incrementará los niveles de incertidumbre en la economía global. El Programa “Parceiros para Excelência” PAEX de la Fundación Dom Cabral puede asistir a sus clientes en la navegación de este escenario incierto.