La Jornada de Gobierno se trasladó en esta oportunidad hasta Alto Paraná, donde el presi­dente Santiago Peña participó del inicio de obras de pavimen­tación y de la construcción del viaducto Ruta PY02 del km 10. “Vengo a reafirmar mi compro­miso y vamos a hacer mucho más”, afirmó el mandatario.

Ambas obras son financiadas con recursos de la Itaipú Bina­cional y según indicaron, en cuanto al viaducto es una obra clave para reordenar el tránsito en uno de los puntos más con­gestionados de Ciudad del Este. En su fase inicial, contempla obras de 13 km de adecuación vial, con 8,3 km de nuevos pavi­mentos y recapados.

“Todo esto comienza gracias a la histórica negociación en Itaipú para tener recursos para poder invertir en nuestro país, esta es una obra largamente acariciada. Es el resultado de un trabajo en equipo, por haber tenido la convicción de decir invirtamos en donde va a tener impacto, en las zonas urba­nas, en donde vive la gente, las rutas son importantes, pero no podemos olvidar donde nos movemos día a día”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas.

Por su parte, el presidente Peña habló también del ambicioso “Plan 1.000”, para el cual se invertirán USD 100 millones y se implementará en coordi­nación con gobernaciones y municipios para la construc­ción de empedrados y asfal­tados en todo el país, no solo en las zonas de influencia de la binacional.

“No hay una ciudad que no vaya a recibir, por supuesto que es un plan muy ambi­cioso pero yo no me quedo con esto, no voy a hacer solo esto, vamos a hacer mucho más y me refiero a obras para mejorar los caminos, porque cada obra nos acerca hacia un nuevo proyecto por llevar ade­lante”, afirmó el jefe de Estado.

Posteriormente, encabezó la habilitación de dos obras de alto impacto social en el depar­tamento de Alto Paraná. Se trata del albergue para madres del Hospital Materno Infantil Los Ángeles en Ciudad del Este y del Espacio de Desarrollo Infantil Temprano para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ubicado en el Hospital Distrital de Minga Guazú. Ambas infraestruc­turas fueron financiadas por Itaipú Binacional, como parte de su compromiso con las polí­ticas sociales del Gobierno del Paraguay.

Como parte de su visita por el Este del país, el jefe de Estado dio inicio a la construcción del viaducto del km 10 sobre la ruta PY02, una intervención clave para reordenar el tránsito en uno de los puntos más conges­tionados de Ciudad del Este.

La obra, ejecutada por el Con­sorcio Acaray-Tocsa y coor­dinada por el MOPC, Itaipú y la Unidad de Gestión de la Presidencia, incluye en su fase inicial 13 km de ade­cuación vial, con 8,3 km de nuevos pavimentos y reca­pados en barrios Monday y Acaray, más 4,7 km de mejo­ras en avenidas existentes. Se intervienen además las colectoras Norte y Sur de las avenidas San Blas y Monse­ñor Rodríguez. El viaducto es una de las obras estraté­gicas que Itaipú impulsa en el décimo departamento, con una visión de desarrollo sos­tenible, modernización vial e integración regional.

El concejal Ernesto Guerín resaltó que el mandatario tiene prevista para hoy la entrega de más de 160 viviendas sociales, que es una apuesta muy grande que hizo el Gobierno, mediante el Ministe­rio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el apoyo de la Itaipú Binacional. Este grupo de viviendas serán entregadas a familias vulnerables del km 12 Acaray. “Después de 12 años de espera, se le cumple el sueño a estas familias que anhelaban una vivienda digna.

Esto será posible gracias a la decisión del presidente Santiago Peña, al ministro Juan Carlos Baruja que buscaron la forma de brindar solución, que no pudieron brindar gobiernos anteriores”, explicó.

“Estas 160 familias realmente eran gente humilde que necesitaba recibir una mano para poder alcanzar el sueño de la casa propia. Fue realmente un proyecto muy ambicioso, y es la primera vez que se hacen 160 casas en un solo lugar dentro del departamento. Como mediador estoy muy agradecido con el Gobierno por escu­char el reclamo de la gente y concretar el sueño”, concluyó.

Esperando llegar a un acuerdo con el gremio de transporte de pasajeros en la reunión de este viernes, el Gobierno también anunció que dispondrá de vehículos para afrontar la medida de fuerza, en caso de darse.

“El Gobierno del Paraguay activará un plan de contingencia que contempla la movilización de vehículos estatales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de transporte público y asegurar que la ciudadanía pueda seguir desplazándose con normalidad, en caso de que no se levante el paro anunciado por los gremios del sector”, anunció el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, en entrevista con IP Paraguay.

Agregó que desde el primer momento, el presidente de la República dio una instrucción clara: garantizar que la ciudadanía pueda seguir movilizándose con normalidad. Y eso es exactamente lo que venimos haciendo, con planificación y compromiso.

También explicó que el esquema fue diseñado con instituciones públicas y privadas, para cubrir los principales accesos al centro de Asunción y puntos estratégicos del área metropolitana.

A continuación apuntó que se trata de un plan de contingencia integral, articulado con distintos sectores del estado . “También ya hemos coordinado con plataformas digitales para sumar opciones de movilidad, especialmente para personas mayores y niños”, indicó.

El viceministro reafirmó la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo abierto con los gremios del sector, como se ha hecho desde el inicio. Señaló que las diferencias deben resolverse en espacios institucionales y destacó que este viernes está prevista una reunión clave, con el Ministerio de Trabajo actuando como intermediario entre las partes.

“Quiero ser muy claro en esto: el diálogo sigue abierto. Seguimos conversando con todos los sectores, y vamos a seguir trabajando con seriedad y compromiso para garantizar el traslado de cada ciudadano, porque entendemos que detrás de cada pasajero hay una familia, un trabajo y una responsabilidad que no puede esperar”, concluyó.

Los precios del petróleo cayeron el miércoles, arrastrados por la perspectiva de una menor demanda debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos y a pesar de una caída de las reservas de crudo mayor de lo previsto.

El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en septiembre bajó un 0,28 %, hasta 68,52 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, bajó un 0,21 % a 66,38 dólares.

“Las perspectivas económicas siguen siendo algo inciertas, dadas las discusiones sobre los aranceles”, resumió para la AFP John Kilduff, de Again Capital.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que había alcanzado un acuerdo comercial con Indonesia, que podría permitir al país del sudeste asiático evitar que se le impongan aranceles superiores al mínimo del 10 % de impuesto por Washington.

Trump ha dicho que quiere asegurar decenas de acuerdos comerciales antes del 1 de agosto, pero hasta ahora solo se han anunciado tres: con Reino Unido, Vietnam e Indonesia.

A los operadores les preocupa que Estados Unidos aún no haya llegado a un acuerdo con China, el mayor importador de oro negro del mundo.

Al mismo tiempo, los precios “se beneficiaron” del informe semanal sobre las reservas de petróleo en Estados Unidos, “que bajaron”, señaló el analista.

Durante la semana que finalizó el 11 de julio, estas reservas cayeron en 3,9 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban un descenso de unos 500.000 barriles, según el consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

Es probable que una caída de los inventarios de crudo mayor de lo previsto favorezca los precios del petróleo.

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El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

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Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".

El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

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