Desde la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy) manifestaron que no existe ninguna intención de separar o diferenciar a los clientes vacunados y no vacunados en sus establecimientos gastronómicos.
Esto, con relación a un proyecto de ley impulsado por el diputado Hugo Ramírez, que pretende separar en espacios públicos a las personas vacunadas de las no vacunadas, lo cual compete también a los restaurantes y que podría generar discordia.
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“Nosotros no queremos hacer ninguna diferencia, ni mucho menos discriminar a alguien; es más, nosotros necesitamos de los clientes”, expresó a La Nación el presidente de la Arpy, Oliver Gayet.
Proyecto no sería necesario
Sobre el planteamiento de que sí fue implementado en otros países con posturas muy diferentes con relación a la vacunación, Gayet consideró que no sería necesario (separar a los vacunados) si el país entero se pueda vacunar, lo cual solo es una cuestión de tiempo y de mayor abastecimiento, ya que la ciudadanía paraguaya de hecho sí quiere vacunarse, aclaró.
En ese sentido, dijo que a medida que lleguen más vacunas para inmunizar a la población contra el COVID-19, Paraguay podrá ser un país con alto índice de vacunación, por lo que en dicha instancia, el proyecto mencionado no tendrá cabida.
Por otro lado, con relación a la ampliación horaria para la atención al público, el titular de la Arpy indicó que de hecho el sector había solicitado extenderlo hasta las 2:00 de viernes a sábado, pero que de todas formas el nuevo decreto que habilita hasta las 1:00 es auspicioso, acotó.
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Derribo de aviones no es compatible con la Constitución, afirma Latorre
El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.
El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.
“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.
El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.
“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.
Avanzar en el fortalecimiento de la defensa
Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.
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Presidente de Diputados respalda marco legal vigente para proteger el espacio aéreo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció sobre debate en torno al proyecto de ley que propone habilitar el derribo de aeronaves sospechosas en el espacio aéreo paraguayo. La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Rubin, reactivó esta discusión sobre la cual ya se pronunció el Ministerio de Defensa.
“La protección de nuestro espacio aéreo debe estar basada en los principios consagrados en nuestra Constitución y en los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”, expresó Latorre a través de X.
El titular de Diputados reafirmó, además, “la posición firme en defensa del ordenamiento jurídico vigente” y destacó el avance que representa la adquisición del sistema de radares y los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La ley como está
Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Óscar González, dejó en claro que no es necesaria una ley que permita el derribo de aeronaves. “No necesitamos de la facultad de derribar aeronaves, necesitamos la ley así como está, porque nos garantiza que vamos a poder proceder con toda la eficacia que corresponde”, sostuvo este lunes ante varios medios de prensa.
Según González, el hecho de no contar con autorización para derribar un avión no significa que la aeronave vaya a escapar del control del Estado. “De ninguna manera. Vamos a hostigarle hasta que aterrice, con armas, el piloto está facultado a hacer tiros disuasivos”, explicó. Además, enfatizó que se trata de una estrategia conjunta que involucra a distintas agencias nacionales y que cuenta con respaldo internacional.
“La protección del espacio aéreo es una cuestión regional”, resaltó el ministro, al recordar que existen convenios de cooperación e intercambio de información con las Fuerzas Aéreas de Brasil, Argentina y Bolivia. Desde el Ejecutivo y del oficialismo, sostienen que los actuales marcos normativos ya otorgan herramientas suficientes para la defensa del espacio aéreo sin necesidad de autorizar medidas extremas.
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Diputados analizarán proyecto que crea Registro Nacional de Pagarés
La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.
La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.
De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.
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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.
El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.
Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.
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Protección de Datos Personales: hay claro interés en que se convierta en Ley Nacional
La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, de la Cámara de Senadores, llevó adelante una audiencia pública donde analizó la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales.
Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Patrick Kemper afirmó que está muy satisfecho con la audiencia, porque todos los sectores que participaron quieren que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación.
Al término de la jornada, el legislador explicó que se estará analizando en la comisión todas las propuestas planteadas para emitir el dictamen de aprobación con modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados.
Indicó que durante esta audiencia pública se han escuchado los distintos pareceres de diversos sectores, ya sea del ámbito de la academia, como los representantes de los organismos que tienen como actividad el desarrollo tecnológico del sector privado. Manifestó que también participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate con todo su equipo técnico.
“Han participado diferentes sectores de la sociedad civil y público, donde han dado sus pareceres, sugerencias y propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Lo importante es que hay un claro interés general de que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación. Ahora nos toca hacer un trabajo minucioso para pulir todas las sugerencias y sacar un dictamen de aprobación con modificaciones”, precisó.
Remarcó que se encuentra muy satisfecho, porque todos los sectores manifestaron que les parece importante contar con una ley de protección de datos personales.
Fortalecerá la seguridad jurídica
A su turno, el titular del Mitic expresó que es una ley fundamental para la institución a su cargo. Dijo que este proyecto fortalecerá la seguridad jurídica sobre el abordaje de información de las personas.
Agregó que ayudará para atraer mayores inversiones, porque si viene una empresa que trabaja con datos provenientes del exterior necesita una ley que les proteja.
Explicó que esta propuesta ya lleva varios años de estudio, que se ha venido debatiendo en diversas audiencias públicas, ya desde el tiempo que se estudió en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones.
“Este proyecto de ley nos permitirá a nosotros fortalecer nuestra seguridad, porque en el proceso de intercambio de información también nos permitirá atraer mayor inversión al país, porque cuando un inversionista viene al país tiene que buscar una ley espejo que complemente la protección de datos”, comentó.
Explicó que cuando una empresa tiene que trabajar con datos provenientes del exterior, tiene que haber una regulación local que precautele eso. De tal manera podamos contar con una ley que permita crecer en cuanto a la inversión internacional.
“También es importante proteger nuestra información de nuestros datos personales, si bien ya contamos con la Ley de Datos Crediticios, que abarca una parte, pero no así la Ley de Datos Personales, que contempla lo que nosotros mismos somos los dueños de estos datos y no una empresa, o una entidad o sociedad. Desde ese punto de vista estamos escuchando las recomendaciones”, acotó.
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