El Ministerio de Hacienda se puso como meta culminar con un déficit fiscal en torno al 4% del PIB e ir disminuyendo gradualmente año tras año hasta volver al 1,5%. Foto: Archivo.
Hacienda extiende plazo para la comunicación del registro de personas y estructuras jurídicas
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El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales (DGPEJBF), decidió extender el plazo de comunicación del registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro de beneficiarios finales.
En el transcurso de esta semana será debidamente comunicado el nuevo calendario, conforme a la terminación del RUC.
Atendiendo el vencimiento del plazo de actualización de datos del registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y registro administrativo de beneficiario final, establecido para hoy, 30 de junio del 2021, según decreto Nº 3.241/20, y considerando la sobrecarga de trámites percibida en la víspera, lo que ocasiona inconvenientes en la conclusión de trámites, la DGPEJBF determinó la prórroga del plazo pertinente.
En este registro deberán inscribirse todas las personas físicas que, directa o indirectamente, posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica (la cual debe estar inscrita en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas), o se beneficien de estas.
Los beneficiarios finales serán siempre personas físicas, las cuales reúnen ciertos requisitos como tener participación sustantiva; es decir, la tenencia de acciones o participaciones en un porcentaje igual o mayor al 10% con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica.
También los gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien de los activos que son propiedad de la persona o estructura jurídica, o en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción de la persona o estructura jurídica.
La ley y su decreto reglamentario prevén que serán aplicadas medidas como impedimento de abrir nuevas cuentas, realizar depósitos o remesas, bloqueo de RUC, suspensión en la tramitación de cualquier otra presentación ante el Ministerio de Hacienda, así como la aplicación de distintas multas si no se realiza dicha inscripción o comunicación.
Coordinan acciones para digitalización de registro civil de personas
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El Ministerio de Justicia apura la coordinación de acciones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para implementar un sistema de digitalización de registros y así optimizar procesos administrativos del Registro Civil de las Personas.
En una iniciativa conjunta, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General del Registro del Estado Civil (REC) de las Personas y, el Mitic, sostuvieron una mesa de trabajo que tiene como eje principal la actualización y modernización de los registros de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
Participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; la directora general de Gabinete del MJ, Fátima Cabrera, y el director general del REC, Maximiliano Ayala.
También asistieron, el titular del Mitic Gustavo Villate, y el viceministro de tecnología del Mitic, Klaus Pistilli.
La colaboración entre ambas entidades busca mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los registros civiles, garantizando que la información sea precisa, actualizada y al alcance de la ciudadanía. Durante el encuentro, se discutieron estrategias para implementar nuevas tecnologías que faciliten la digitalización de los registros y optimicen los procesos administrativos.
El ministro Nicora destacó la importancia de esta colaboración interinstitucional, señalando que la actualización de los registros no solo mejora la gestión pública, sino que también fortalece los derechos de los ciudadanos al garantizar la disponibilidad de documentación vital.
Por su parte, el ministro Villate subrayó el compromiso de su ministerio en apoyar la modernización del estado civil mediante el uso de plataformas digitales, que permitan agilizar los trámites y mejorar la experiencia del usuario.
Ambas instituciones del Ejecutivo reafirmaron su compromiso de trabajar unidos para avanzar en la implementación de procesos más eficientes, seguros y accesibles, beneficiando así a toda la población.
Tras denuncias por hurto, realizaron allanamientos y capturaron a 10 personas en Capiatá
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Este sábado se realizó una serie de allanamientos en el barrio Kennedy, de la ciudad de Capiatá, luego de que varios pobladores denunciaron ser víctimas de hurtos agravados. Durante los procedimientos lograron detener a 10 personas, una de ellas incluso tenía dos órdenes de captura pendientes por hechos similares.
Según el reporte de la comisaría 62, se llevaron a cabo cinco allanamientos durante esta madrugada, en la zona conocida como Villa Morel, que terminó con la detención de siete hombres, dos mujeres y un adolescente de 15 años. Así también, lograron la incautación de evidencias, armas, drogas e incluso se pudieron recuperar varios de los objetos que fueron robados a los denunciantes.
En total fueron detenidas 10 personas, entre ellas había un hombre que fue identificado como Sergio Morel, de 19 años, que contaba con dos órdenes de captura por hurto agravado y que hasta la fecha seguía libre. En tanto que, otras tres tenían varios antecedentes penales.
“Los allanamientos se realizaron en prosecución a hechos que estaban ocurriendo en la jurisdicción especialmente de hurto y hurto agravado. Este procedimiento fue muy positivo y una persona que contaba con orden de captura. Además, hemos identificado a personas que estaban involucradas en otros hechos punibles”, aseguró el comisario Héctor Espínola, en entrevista con canal Trece.
Los procedimientos se realizaron con agentes de la comisaría 62 del barrio Kennedy, del grupo Lince, del departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y acompañados del Fiscal de Turno. “Todo lo incautado fue remitido al Ministerio Público que servirá de pruebas y recuperamos varios de los objetos robados”, detalló.
En operativo de entrega vigilada, detienen a dos sujetos que extorsionaban a una persona
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El agente fiscal Federico Delfino, realizó un procedimiento de entrega vigilada en el que resultaron detenidas dos personas, vinculadas a un presunto caso de extorsión agravada. Los detenidos son Juan Cañete Coronel y Álvaro López Maldonado.
De acuerdo a las investigaciones, ambos detenidos exigían dinero a una persona bajo amenazas de muerte, utilizando información obtenida de redes sociales. Las autoridades informaron que inicialmente los aprehendidos eran beneficiarios de ayuda social proporcionada por la víctima, quien realizaba donaciones para actividades solidarias como polladas. Sin embargo, tras la negativa de la víctima a realizar una nueva donación, los detenidos habrían iniciado una serie de extorsiones.
El procedimiento se llevó a cabo mediante la entrega vigilada de G. 5 millones, monto que permitió la captura de las dos personas. La intervención tuvo lugar en la tarde del jueves, sobre la avenida Aviadores del Chaco, en el barrio Ykua Sati de Asunción, en las inmediaciones del World Trade Center.
La Fiscalía sigue investigando el caso para determinar si existen otras posibles víctimas o hechos similares relacionados con los detenidos. Igualmente, los dos detenidos deberán declarar ante el fiscal Delfino, quien luego ya tendrá la posibilidad de presentar la imputación.
Francisco Ruíz Díaz, titular del Indert firmó la resolución N° 2771 por la cual se reivindica el derecho de los beneficiarios de la reforma agraria, que se dedican a la actividad agropecuaria de forma directa y como actividad económica principal. Foto: Gentileza
Indert reestablece criterios de titulación que reivindica derechos de beneficiarios
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El pasado 12 de diciembre el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, firmó la resolución N° 2771 por la cual se reivindica el derecho de los beneficiarios de la reforma agraria, que se dedican a la actividad agropecuaria de forma directa y como actividad económica principal. Mediante este documento se establecen criterios y mecanismos para la adjudicación del inmueble a los beneficiarios.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruíz Díaz explicó que están en un proceso para restituir derechos de personas a quienes se les fue negada la posibilidad a ser propietario titular de las tierras en el marco de la reforma agraria, Debido a una mala interpretación de la legislación.
Al respecto, señaló que observando la Ley 1863 del año 2002, en su artículo 16, inciso d; se establece quiénes pueden ser beneficiarios de la reforma agraria. Mencionó que en el criterio se menciona que “todas aquellas personas que se dediquen de manera directa a la agricultura y cuyo ingresos provengan de la mismas”. Ahora bien, explicó que este artículo no establece ninguna prohibición, solo señala que deben depender de la agricultura.
Reestablecen criterios más claros que permitirá a los beneficiarios de la reforma acceder al título de propiedad que antes se les fue negado. Foto: Gentileza
Reglamentación extrema
“En su momento, las diferentes administraciones entendieron que se debía reglamentar este aspecto. Entonces se establecieron algunos criterios que llegaron en algunos momentos a rayar la racionalidad. Poniendo un ejemplo, dijo que si alguien figura en el IPS, no se puede dedicar a la agricultura porque cuenta con una pensión. Entonces, al figurar en IPS ya no importaba si estuvo 30 años en la colonia cultivando, ya era beneficiario para recibir el título. Esto fue un error grave”, explicó.
De igual modo, señaló el caso de algunos docentes, enfermeros, que figuraban como funcionarios públicos con rubros de los respectivos ministerios, tampoco podían acceder a un inmueble porque se interpretaban que sus principales ingresos no provenían de la agricultura sino del rubro que recibía del Estado.
“Con estos criterios se les estaba negando, a docentes o personas que nacieron en una colonia, que vivieron con sus padres, abuelos; pero que lograron un estudio superior y conseguir algún rubro como docente por ejemplo, aunque ejercían su profesión en la colonia ya se les negaba el derecho a acceder al título de propiedad del inmueble”, explicó.
El titular del Indert lamentó que por muchos años se manejaron estos criterios, que claramente eran inconstitucionales, porque se les negaba el derecho de acceso a la tierra.
“Otro de los criterios que considero más aberrante incluso, es el que decía que si tenía RUC, no se le podía entregar un título de propiedad, porque el argumento era que su actividad e ingreso venía de un negocio. Entonces, con este criterio se decía que en la colonia no podía haber ningún comercio legal y que para abastecerse de alimentos, como galletas tenía que viajar 15 kilómetros”, cuestionó.
Incoherencia
Al respeto, señaló la incoherencia en la interpretación de la legislación; ya que desde hace tiempo el gobierno de Paraguay estuvo impulsando fuertes campañas de formalización pidiendo a los negocios, comercios, que se formalicen. Mientras que por el lado del Indert, a partir de una resolución reglamentaria, le negaba el derecho a acceder al título de propiedad.
El presidente del Indert, llegó a hasta la colonia Nueva Germania donde se interiorizó del caso de dos docentes, cuya actividad principal es la agricultura y por tener rubros del MEC se les negó titulo de propiedad. Foto: Gentileza
“Son injusticias que por años se tuvieron, que hoy justamente vinimos a la colonia Nueva Germania, para analizar dos casos en particular y observar el grado de injusticia que se cometieron encontramos a dos mujeres docentes, a quienes en reiteradas ocasiones se les negó el título de propiedad. Ellas llegaron a la colonia con 16 y 18 años, con sus familias, luego comenzaron a estudiar, hoy cuentan con dos postgrados y trabajan en la comunidad y aun así se les negó reiteradas veces el título de propiedad”, indicó.
Durante la visita corroboraron que una de las docente cuenta con 14 hectáreas y la otra con 16 hectáreas de tierra, en la que desarrollan no solo la parte de agricultura, sino además apiculutra, ganado menor, producen, queso, huevo. “Incluso hicimos el cálculo de sus ingresos y en uno de los casos, encontramos que una de las docentes el 60 % de sus ingresos mensuales proviene de su actividad agrícola. Lo que vemos es que anteriormente no se hacía estos cálculos, sino que directamente por tener rubro del MEC ya se les negaba el título”, precisó.
Resaltó además, que en estos dos casos, encontraron la característica de que además de ser docentes, agricultoras son madres solteras y cabeza de hogar. Indicó también que hicieron consultas a la comunidad, con varios testigos asegurando que las docentes aportan al desarrollo de la comunidad.
“Tomamos estos dos casos de manera experimental para ver si estábamos en lo correcto. Detrás de estos dos casos, tenemos muchísimos otros de derechos denegados. En el Indert tenemos aproximadamente unas 300 carpetas rechazadas por diversos motivos”, acotó.