Las proyecciones presentadas durante el primer Foro Energético Nacional determinan que nuestro país está próximo a alcanzar el límite de su excedente energético. Si se mantienen escenarios de crecimiento medio o alto, la demanda superará la capacidad disponible entre 2030 y 2032, advirtieron empresarios y expertos en materia energética.

Uno de los obstáculos que mencionaron es la falta de recursos y que la capacidad de endeudamiento público está limitada. Según la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la inversión requerida para sostener la expansión del sistema energético rondaría los USD 12.000 millones en el mediano plazo. Sin embargo, a la fecha solo se cuenta con USD 174 millones en financiamiento asegurado.

A esto también se le suma que Paraguay arrastra un rezago de cuatro décadas en el desarrollo de nuevas fuentes de generación. Las inversiones energéticas realizadas en los últimos años se enfocaron casi exclusivamente en transmisión y distribución, con la salvedad del proyecto en el brazo Aña Cuá.

Las grandes obras como Corpus, Itatí-Itá Corá y la ampliación de Yacyretá siguen en etapa de avances técnicos, sin certezas sobre su concreción en el corto plazo.

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Frente a esta brecha financiera, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) plantean la necesidad de una participación decidida del capital privado.

Indican que el Gobierno deberá analizar mecanismos que posibiliten alianzas público-privadas, esquemas de financiamiento mixto y políticas que otorguen previsibilidad y confianza a los inversionistas interesados en el sector energético paraguayo.

El fin del excedente energético, que durante años posicionó a Paraguay como un exportador neto de electricidad, exige ahora una respuesta estratégica y coordinada.

Explican que si nuestro país pretende mantener su competitividad y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, deberá tomar decisiones urgentes que permitan ampliar su capacidad de generación y asegurar la soberanía energética en el largo plazo.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

Un hombre condenado a muerte por un asesinato cometido en 1976 y que pasó casi medio siglo en el corredor de la muerte fue ejecutado este miércoles en Misisipi, en el sur de Estados Unidos. Richard Jordan, de 79 años, condenado a muerte por el secuestro y asesinato en 1976 de Edwina Marter, de 34 años, esposa de un ejecutivo bancario, fue declarado muerto a las 18:16 central (23:16 GMT), según el comunicado del departamento de correccionales de Misisipi.

Era el preso condenado a muerte que estuvo por más tiempo en espera de su ejecución, agregó el texto. Tras el secuestro y muerte de Marter, Jordan exigía 25.000 dólares por su rescate. Fue detenido cuando iba a recoger el dinero y luego de confesar el asesinato condujo a las autoridades a un bosque donde había dejado el cuerpo.

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Es la primera ejecución en Misisipi desde diciembre de 2022 y la segunda esta semana en Estados Unidos, tras la de Thomas Gudinas, de 51 años, el martes en Florida. Desde principios de año se han llevado a cabo en Estados Unidos un total de 25 ejecuciones, en su mayoría por inyección letal (20).

Tres se llevaron a cabo por inhalación de nitrógeno, un método utilizado por primera vez por Alabama en 2024 y considerado por expertos de la ONU una “tortura”, y dos por fusilamiento en Carolina del Sur, por primera vez en Estados Unidos desde 2010. La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. Otros tres, California, Oregón y Pensilvania, observan una moratoria de las ejecuciones.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer los principales números que dejó el quinto mes del año con respecto a gastos, inversiones y recaudaciones tributarias, en el marco de la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin).

La inversión pública acumulada a mayo registró un aumento del 36,3 %, lo que refleja un nivel de ejecución superior al observado en el mismo período de 2024. En términos absolutos, alcanzó G. 2.470 mil millones (USD 311 millones), lo que representa el 0,7 % del producto interno bruto (PIB).

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El informe destaca que este ritmo de ejecución es superior al observado en el mismo periodo de 2024, y se posiciona entre los más altos de los últimos años si se compara con el promedio histórico. Este repunte cobra mayor relevancia considerando que abril y mayo son meses en los que tradicionalmente la ejecución suele ser baja, por cuestiones estacionales y administrativas.

Sin embargo, en 2025 se logró sostener una ejecución acelerada, lo cual también refleja mejoras en la planificación y desembolso por parte de las instituciones ejecutoras, indicaron durante la presentación de Situfin.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue nuevamente la entidad que lideró el volumen de inversiones, representando la mayor parte de los recursos utilizados en infraestructura vial, obras civiles y proyectos estratégicos. Otras instituciones también mostraron dinamismo, aunque en menor escala, y en conjunto permitieron diversificar el destino de los recursos hacia diferentes sectores de infraestructura física y social.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, este nivel de inversión tiene un efecto positivo sobre la economía real, explicaron. Además de impulsar la actividad en sectores como la construcción, el transporte y los servicios, la inversión pública cumple un rol anticíclico, especialmente útil en contextos de recuperación económica como el que atraviesa actualmente nuestro país.

Asimismo, estas inversiones sientan las bases para una mayor competitividad en el mediano y largo plazo, mediante mejoras en conectividad, acceso a servicios y reducción de brechas territoriales.

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Por último, el informe subraya que el aumento de la inversión se dio sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal. Pese al crecimiento del gasto de capital, el resultado fiscal mensual de mayo fue con superávit, por segundo mes consecutivo, y el acumulado anual mantiene un déficit moderado.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso conocido como “mafia de los pagarés”. El proyecto recibió un dictamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estudiaron el proyecto y así también de parte de la Comisión Especial de carácter transitoria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en conjunto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quienes evacuaron todas las consultas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aprobación”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

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En este sentido, la mencionada comisión aconsejó la aprobación con modificaciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.

“La intención principal es contar con un marco regulatorio que impida que los títulos de crédito sean utilizados de mala fe, por circulación inapropiada cuando ya se ha iniciado una demanda reclamando el pago y hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva que acoja o rechace la acción determinando expresamente que la devolución del título se hará a quien corresponda”, explicó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial manifestó que han recibido más de 4.000 denuncias en el marco de la “mafia de los pagarés” en los que existen casos en que se ha cobrado doblemente el monto de la deuda. “Y en muchos casos el pagaré nunca aparece, sigue circulando, nos hemos encontrado con un mismo pagaré demandado en diferentes Juzgados, incluso los que ya fueron cobrados”, refirió.

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Maidana indicó que este caso desató una problemática social muy fuerte y que con esta normativa, el Poder Judicial tendrá más instrumentos para preservar, custodiar y devolver los documentos. Tras su aprobación con modificaciones, el proyecto será remitido para su estudio a la Cámara de Diputados.