El economista Víctor Pavón sostuvo que el pacto entre el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, tuvo un efecto nefasto en la economía tras las sanciones impuestas por la OFAC a una empresa paraguaya, Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

“El efecto económico fue grave, porque al darse este tipo de imposiciones que no son más que obras de pensamientos maquiavélicos para dañarle a una persona y a una empresa, lo que se tiene es precisamente una reducción drástica de los ingresos en particular, en primer lugar, de esa sociedad privada, de esa firma, pero también se ven perjudicados los ingresos del erario público”, dijo en conversación con el diario La Nación/Nación Media.

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Agregó que, “de esa manera, una de las causas del déficit fiscal, que el gobierno actual de alguna manera ya está corrigiendo, se debe a que precisamente ellos mismos (el gobierno anterior) generaron esos desórdenes en el orden fiscal y monetario”.

El economista recordó además, que durante el gobierno de Mario Abdo, incluso se estaba por perder el control de la estabilidad monetaria de la inflación de un dígito. “Se llegó a topear el 10 %, en este caso de la inflación, y eso iba a crearnos todavía más problemas que ya teníamos y que fue corregido, por fortuna, por las decisiones que se fueron llevando a partir de este nuevo Gobierno que le dio mucha importancia al orden macroeconómico”, refirió.

Afirmó que, sin ninguna duda, este acuerdo hizo un grave daño, no solamente a las personas involucradas y a las empresas, sino en particular a todo el país. “Realmente resulta detestable desde todo punto de vista para todas las democracias, porque implica una suerte de cordón umbilical por el cual nada más y nada menos que un representante de otro país viene a supeditarse a los intereses locales, en este caso de una parte del partido oficialista”, expresó.

Así mismo, indicó que, con todas estas acciones, se emitió una señal muy negativa del país, de un país inseguro y de que cualquier cosa puede ocurrir, con el único objetivo de atacar a una persona y sus intereses económicos, y dañarlo.

“Cuando se propagan este tipo de medidas, que son obviamente basadas en las mentiras y los intereses ocultos para sencillamente desplazarle a una persona con tal de lograr su objetivo. Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos es, dañando a las personas más necesitadas, que requieren de más inversiones”, cuestionó.

Igualmente, apuntó a la peligrosidad de este tipo de acciones, sobreponiendo los intereses personales ante los intereses del país. “Esto es muy detestable, pero por sobre todas las cosas, muy peligroso porque quiere decir que cuando las ambiciones personales están por encima de los intereses, en este caso, de todo un país, pude darse rienda suelta a lo que se llama la subordinación de los intereses de otro país, o de una embajada, sobre los intereses del Estado paraguayo”, sentenció.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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• Por Sara Valenzuela.

El martes 10 de marzo del 2020, la forma de vida de todos los paraguayos sufriría una alteración imborrable, ya que solo tres días después de confirmarse el primer caso de covid en nuestro país, el Gobierno instauraba una inédita cuarentena sanitaria por un periodo inicial de 15 días.

El primer periodo de cuarentena se instauró por decreto presidencial y se estipuló la suspensión de todos los eventos públicos o privados de concurrencia masiva, así como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas o de carácter político, actividades en lugares cerrados que incluían a cines, teatros y convenciones. Esta medida también alcanzó a las instituciones educativas de todos los niveles.

Los primeros 15 días posteriormente fueron extendidos a semanas y meses. Luego, con la evolución de los contagios y el avance de la enfermedad en el mundo, fue sufriendo modificaciones, abriendo paso a la llamada “cuarentena inteligente” y luego a la “cuarentena por fases”, que se activaban según los territorios con mayor o menor afectación por el virus.

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Analizando en retrospectiva, el médico epidemiólogo Guillermo Sequera, quien en el momento de la pandemia se desempeñaba como titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, resaltó que haber tomado la medida de cuarentena de una manera casi inmediata a la confirmación de los casos en nuestro país le dio al sistema sanitario nacional una brecha para prepararse ante lo que se avecinaba.

“Cuando empezó la pandemia, nuestra capacidad de analizar muestras era de 16 o 17 por día, y así era imposible determinar si existía o no ya una circulación comunitaria, por lo que tras hablar con colegas que estábamos todos con este tema alrededor del mundo y viendo la situación de diferentes países, determinamos que la cuarentena era necesaria en Paraguay para frenar los brotes que posiblemente ya se habían iniciado”, recordó el doctor Sequera en conversación con La Nación/Nación Media.

El reconocido profesional aseguró que el solicitar a todo un país que frene sus actividades, las cuales necesariamente afectarían a la economía nacional, era un enorme desafío que finalmente se logró conquistar, dando tiempo a los médicos a analizar los siguientes pasos teniendo en cuenta que la situación ante el avance de la enfermedad era sumamente fluctuante.

“Cuando empezó la pandemia, se creía que el virus iba a llegar a nuestro país proveniente de China, Europa o Estados Unidos y no fue así; los primeros contagiados viajaron y regresaron de países de la región en los que ni siquiera se había confirmado la presencia comunitaria del virus, entonces nosotros supimos que el camino correcto era extremar las medidas de salubridad y, sobre todo, llamar a la conciencia de la población”, indicó el doctor Sequera a LN.

La vida de los paraguayos había cambiado de la noche a la mañana; los planes que en muchos casos se habían hecho con meses de antelación ahora simplemente quedaban en pausa indefinida; las multitudinarias reuniones familiares que eran una actividad casi religiosa para muchos quedaron relegadas ante el encuentro a través de videollamadas o un saludo a metros de distancia; los encuentros recreativos y los bulliciosos quedaron coartados a las salas de estar, los balcones y ver repeticiones de eventos deportivos.

Si bien esa “nueva normalidad” golpeó con fuerza a todos los paraguayos, muy acostumbrados al roce social, los médicos también se enfrentaban a una realidad que los paralizaba, el aumento de los casos, los tratamientos que conforme se conocía a la enfermedad se iban implementando y la dura realidad de que nadie estaba preparado para lidiar con un nuevo virus.

“Fue muy difícil; uno salía, iba, hablaba con los colegas y tratábamos de marcar un protocolo de atención, pero después debíamos de modificar eso y cambiar tratamientos conforme obteníamos la información, porque estábamos lidiando con un virus que no conocía nadie, que nadie sabía exactamente cómo tratar y, lo peor, que no sabíamos cómo evolucionaba para al menos tener un parámetro de tiempos”, expresó el epidemiólogo a La Nación.

En carácter personal, asumió que si bien se capacitó y estudió para este tipo de situaciones, son muy pocos los médicos que tienen la experiencia con epidemias o pandemias, ya que la aparición de este tipo de fenómenos a lo largo de la historia son distantes uno del otro, por lo que ciertamente los médicos y especialistas contaban con las herramientas teóricas, la práctica era abrumadora.

“Yo sabía lo que se tenía que hacer, y con los colegas a nivel internacional hablábamos de los planes de acción, pero uno muchas veces se veía sobrepasado por lo que ocurría, por el conteo de infectados y por sobre todo el de fallecidos; a esto había que sumarle el hecho de que nadie te enseña como comunicarte en estos casos. Yo tenía que salir a hablar y demostrar calma cuando en realidad la situación me dolía mucho”, recordó el doctor Sequera.

Admitió, además, que esta crisis sanitaria por la que atravesó el mundo y, en particular, Paraguay, dejó en el sistema sanitario nacional precedentes importantes, como el hecho de la extensión de la capacidad de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional, la provisión de oxígeno que ahora cada centro asistencial cuenta y las instalaciones y adecuaciones de infraestructura que se dieron en hospitales de referencia para hacer frente a la crisis.

A cinco años del inicio de la pandemia, recordar los contagios, la cuarentena, las medidas de seguridad y, por sobre todo, a los fallecidos a causa del covid, resulta aún difícil porque en la memoria quedaron impregnados momentos que generaciones enteras nunca habían imaginado siquiera vivir, la incertidumbre de contraer el virus, el miedo ante la enfermedad, la impotencia por la cantidad de vidas cobradas y la certeza de que nada volvería a ser igual.

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El 2025 trae consigo una serie de incertidumbres globales e internos de los cuales depen­derá el desempeño de la acti­vidad económica y, por ende, el crecimiento esperado. En este sentido, el Banco Mun­dial (BM) habla de que Para­guay será la segunda econo­mía de mayor crecimiento en la región para este año y la pregunta que nace es, ¿cómo lograrlo? Al respecto, el eco­nomista Aníbal Insfrán, en conversación con el diario La Nación/Nación Media, com­partió algunas apreciacio­nes respecto a cómo avanzar hacia el crecimiento soste­nido del país, a más de dejar en claro la serie de factores dependientes para lograrlo.

“En primer lugar hay que tener en cuenta que el creci­miento económico de Para­guay estará ligado a las condi­ciones climáticas, al ser un país agrícola productivo y depende de las buenas condiciones cli­máticas. Además, hay otra serie de factores externos que generan incertidumbre, por lo que habrá que seguir de cerca eso. Pero el camino que veo es aprovechar los sectores sos­tenibles”, expresó.

Y es que el Banco Mundial citó a Paraguay como una de las economías más prometedoras de Amé­rica Latina para este año, con un crecimiento proyectado del PIB del 3,6 %, que se mantiene respecto a la última actualiza­ción del organismo. Este des­empeño lo convertiría en la segunda economía de mayor expansión en la región, después de Argentina, según el reporte.