El titular de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Aguayo, se refirió a la intención del gobierno de Santiago Peña de revisar el método para reajustar el salario mínimo legal vigente, actualmente basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Nosotros, como asociación, formamos parte del Frente Sindical y Social. Planteamos hacer una discusión entre todos los sectores para evaluar, no solo movilizaciones, sino también instalar mesas de diálogo con el Gobierno para debatir y saber cuál es la medida concreta que buscan tomar para que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos no tome el IPC como una referencia“, dijo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

Aguayo indicó que “el IPC, sirve para la política monetaria, pero no para medir de manera fehaciente el costo de vida. Necesitamos saber cuál es la propuesta concreta que tiene el gobierno, porque hasta ahora hay, de parte del ministro de Economía, una crítica al modelo tal cual se viene aplicando pero no hay ninguna salida. Entonces, lo que viene ocurriendo es que somos autocríticos, pero seguimos haciendo la misma cosa, lo mismo de siempre“.

Por otra parte, expresó estar de acuerdo con el reajuste salarial, pero sugiere al gobierno de Peña zanjar el conflicto del desajuste histórico existente entre los que ganan el más y menos que el salario mínimo. Agregó que al aumentar el salario mínimo el impacto económico es para todos los trabajadores.

“Al subir solamente el salario mínimo se está afectando a un porcentaje de la población que según el Instituto Nacional de Estadísticas, en una encuesta del 2023, en Paraguay aproximadamente son 370.000 personas las que perciben salario mínimo lo que representa al total de la población trabajadora un 11 %. Entonces, estamos hablando de un número muy bajo y lo que ocurre es que al subir el salario, los precios se remarcan, pero el resto de la población que gana o menos del salario o más del salario mínimo, no tiene tal consecuencia, el impacto de la suma en realidad es negativo para el conjunto”, comentó.

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Aguayo sostuvo que “nosotros no estamos en desacuerdo de este ajuste. Lo que estamos diciendo es que a este ajuste hay que hacer necesariamente esta revisión porque si no, volvemos a lo de siempre. El ajuste que se hace a cada subida relevante de la inflación conlleva el mismo problema porque, quiera sea o no, se da esta distorsión".

En su sugerencia, Aguayo resaltó que la cantidad de personas que ganan menos del salario mínimo según el Instituto Nacional de Estadísticas abarcan, más o menos, 824.000 personas, lo que supone un 24 %.

“No es un número que no sea relevante dentro de la cantidad de la población trabajadora y el resto compone el porcentaje mayor. Lo que nosotros señalamos es que a este ajuste necesariamente se tiene que tomar en cuenta el histórico porque si no, estamos ante la misma situación. Nuestros salarios siempre corren por detrás de la inflación, cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a los mercados nos damos cuenta de que en realidad tenemos menos condiciones para llegar a fin de mes", dijo.

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El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha un plan de optimización de tiempos de espera para cirugías pediátricas de amígdalas y adenoides en pacientes de 7 a 12 años de edad. Gracias a este esfuerzo, en un período de solo cinco días, del lunes 31 de marzo al viernes 4 de abril, se llevarán a cabo 30 cirugías que originalmente estaban programadas para abril y mayo, reduciendo significativamente la lista de espera.

“El plan fue presentado previamente al Departamento Quirúrgico, la Coordinación y Dirección Médica, y la Gerencia de Salud, obteniendo la aprobación y el respaldo total para su ejecución. Las cirugías se realizarán sin afectar la programación habitual del quirófano del Servicio de Otorrinolaringología, garantizando la continuidad de los procedimientos regulares, las intervenciones estarán a cargo del equipo de cirujanos del Servicio de ORL y Anestesia, la internación y el seguimiento por el Servicio de Pediatría”, afirmó el doctor Frank Smith Antonioli, jefe del Servicio de Otorrinolaringología.

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Este proyecto cuenta con el apoyo del Servicio de Pediatría, representado por la doctora Cristina Ghezzi como jefa de Departamento; el Servicio de Anestesia, con el doctor Derlis Gauto como jefe de Servicio; y el Departamento de Enfermería, encabezado por la licenciada Lucía Vázquez. La coordinación entre estos equipos permitirá realizar seis cirugías diarias durante las jornadas programadas.

Smith manifestó que el objetivo principal de esta iniciativa es agilizar la atención médica, reducir la demanda de cirugías y mejorar la calidad de vida de los asegurados. Esta estrategia innovadora refleja el compromiso del Hospital Central del IPS con la eficiencia y el bienestar de sus pacientes, apostando por un trabajo en equipo coordinado y una atención médica de excelencia.

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El Ministerio de Salud posibilitó el traslado en avión de una joven de 17 años, desde la comunidad Sargento José Félix López (Puentesinho), del departamento de Concepción, hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción, un recorrido de 530 kilómetros; para convertirse en el trasplante renal pediátrico número 37 de la previsional.

En sus primeras horas tras la intervención médica del jueves 20 de marzo, la paciente beneficiada se encuentra en cuidados intensivos pediátricos en estado estable, recibiendo atención especializada según los protocolos de manejo. En lo que va de este año 2025 corresponde al sexto trasplante renal realizado en el IPS y fue posible mediante la donación de órganos y tejidos de una mujer de 29 años que falleció por un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico por una probable malformación arteriovenosa.

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El martes pasado, IPS informó que un paciente de 26 años fue el cuarto beneficiado de trasplante renal en adultos en lo que va de este año en el Hospital Central. El paciente es procedente de la ciudad de Concepción y estaba en diálisis hace 8 años. Por tanto, sin diuresis desde hace varios años y gracias a este trasplante renal tiene una orina inmediata.

“Él y sus familiares están muy felices y agradecidos por esta nueva oportunidad de vida que se dio tras la donación de órganos, el gran Si de los familiares de un hombre de 41 años fallecido a consecuencia de un traumatismo de cráneo encefálico grave”, informó la institución a través de un comunicado de prensa.

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Menos del 10 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) están formalizadas, y el Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) apunta a estimular su incorporación al sistema formal para garantizarles acceso al Instituto de Previsión Social (IPS) y otros beneficios, dado que este sector es el mayor empleador del país.

También señala que el 60 % de las mipymes no está bancarizado, lo que les priva de financiamiento.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, afirmó al programa “Así Son las Cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que el mayor desafío del Estado radica en formalizar a estos emprendimientos, que son alrededor de 450.000, de las cuales solo 43.000 lograron la formalización.

Ser formal implica tres pasos, es decir, tener a sus funcionarios en IPS, estar registrado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y contar con Registro Único del Contribuyente (RUC).

Giménez explicó que las mipymes se constituyen como el mayor empleador del país, con un promedio de 7,5 personas trabajando en cada una, incluyendo formales e informales. Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 646 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El porcentaje restante son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

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Las estrategias para la formalización, según el viceministro de Mipymes, deben centrarse en hacerla atractiva para los emprendimientos y que no se limite solo a ser una obligación legal. En ese marco, Giménez destacó que la nueva Ley de mipymes permite nulos costos de formalización durante tres años.

La bancarización también es un problema a resolver, ya que, según el viceministro, el 60 % de las mipymes no tiene cuenta bancaria, lo que les limita en el acceso a créditos y les expone a la usura. “La competitividad es todavía más pesada para aquella mipyme que no tiene financiamiento”, consideró Giménez.

De acuerdo con el viceministro Giménez, actualmente existen 450.000 mipymes, cifra 23 % superior a las que habían en 2024, que totalizaron 366.000. El informe señala un crecimiento progresivo de las mipymes en los sectores de comercio y servicios y que existe una mayor estabilidad, en términos de movilidad y transición entre categorías, en las microempresas y las grandes empresas.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas experimentan mayor variabilidad y muestran una tendencia predominante hacia la reducción de tamaño, siendo para ellas más probable el descenso de categoría que el ascenso, de acuerdo con el informe del Viceministerio de Mipymes.

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