La utilización de la energía eléctrica, teléfono y agua potable en las instituciones públicas representó un gasto de G. 59.178 millones (equivalentes a US$ 9,1 millones en el tipo de cambio actual) al Estado paraguayo durante los dos primeros meses de este año. Así lo indica el reporte del Ministerio de Hacienda.
A pesar de la pandemia y el trabajo en cuadrilla establecido en las instituciones públicas, el total gastado en concepto de estos tres servicios básicos durante enero y febrero del 2021 representa un incremento de 37,8% en comparación con el monto gastado durante el mismo periodo del 2020.
En los dos primeros meses del año pasado, el gasto en servicios básicos fue de G. 42.901 millones (US$ 6,6 millones), señala la cartera económica.
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Energía eléctrica
Entre los tres servicios mencionados, el uso de la energía eléctrica es el que más costo genera al Estado. El valor transferido por el Ministerio de Hacienda a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) fue de G. 44.958 millones (US$ 6,9 millones), correspondiente al pago de enero y febrero del 2021.
Asimismo, en los dos primeros meses la cartera fiscal desembolsó a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) un total de G. 7.584 millones (US$ 1,1 millones) y a Copaco (Compañía Paraguaya de Comunicaciones) G. 6.635 millones (US$ 1 millón).
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No está demás aclarar que generalmente el fisco realiza en enero de cada año el pago de la deuda flotante que poseen las instituciones públicas en concepto del uso de estos tres servicios básicos. Es decir, cancela en enero la deuda que no pudo ser cubierta o abonada en diciembre del año anterior.
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Desburocratizar el Estado es clave para ver beneficios del grado de inversión, dice Peña
Disminuir la burocracia será uno de los pasos a seguir para empezar a ver los beneficios del grado de inversión a nivel empresarial, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña durante la Expo Negocios 2024. Aseguró que Paraguay está avanzando y descubriendo el mundo, y que para seguir ese camino es fundamental un cambio cultural.
“Amanecimos un día con grado de inversión. Y, sin embargo, nuestros problemas no desaparecieron de la noche a la mañana y no van a desaparecer. La cúspide de esa montaña que alcanzamos es simplemente la base de la siguiente montaña que tenemos que alcanzar. Y todavía tenemos elementos fundamentales y estructurales que tenemos que seguir avanzando”, expresó el presidente Peña.
El mandatario y economista reconoció que su visión del Estado cambió cuando le tocó trabajar en el sector privado, ya que vio cómo se debía lidiar con la informalidad, burocracia y trámites, y “parecía que el Estado solamente le controla al que quiere ser controlado”. Por eso decidió involucrar a su proyecto de gobierno y cambio cultural a dos personas que se manejaban en lo privado: Javier Giménez, como ministro de Industria, y Gustavo Villate, como ministro de Tecnología.
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“Les traje y dije que tenemos que cambiar la burocracia, porque esos son los cambios que van a permitir que nos beneficiemos del grado de inversión a nivel de las empresas. No estamos ni cerca del lugar al que tenemos que irnos, todavía tenemos que avanzar”, manifestó Santiago Peña.
Sector bursátil
Seguido, fue consultado sobre qué herramientas financieras se pueden utilizar a corto plazo para aprovechar esta máxima calificación y dinamizar la economía. Para el presidente, la primer herramienta es el mercado de capitales, por que se podrán captar capitales a tasas más bajas.
“El mercado de capitales tiene esto que es la transparencia. Le obliga a las empresas a tener cierto nivel de escrutinio público, mayor que simplemente el cumplimiento tributario o de normas legales. Requiere publicaciones más frecuentes de balances y estados contables, permite un nivel de control mucho mayor”, dijo.
Simplificación
El presidente Peña habló sobre varios trabajos que está desarrollando el Poder Ejecutivo para avanzar en la desburocratización como el proyecto de ley de creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que permitirá unificar el trámite y para la titulación de tierras, y dar facilidades al sector privado.
Otro destaque fue la intervención al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para lograr que la cédula de identidad, próximamente pueda expedirse en un máximo de 24 horas (hoy es a 30 días). “Ya estamos sacando también la cédula con chip, donde las personas ya ni van a tener que sacar una tarjeta de crédito. Nuestra lógica es poder facilitarle todo al ciudadano y no más que ellos se adapten al Estado, sino el Estado a la ciudadanía”, aseveró.
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Itaipú transfirió USD 42 millones al Estado paraguayo en agosto por Anexo C
La entidad Itaipú Binacional totalizó un desembolso de poco más de USD 42 millones al Estado paraguayo por diversos pagos relacionados al Anexo C correspondientes al mes de agosto. El monto por royalties alcanzó USD 21 millones, mientras que USD 20 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) recibió USD 1,6 millones, según el reporte de la Dirección Financiera de la central hidroeléctrica compartida con el Brasil.
En los ocho primeros meses del 2024, de enero a agosto, Itaipú transfirió USD 377 millones a favor del Estado paraguayo en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), de acuerdo a lo establecido en el Anexo C del Tratado para apoyar la realización de obras esenciales en beneficio de la población.
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En dicho periodo fueron transferidos USD 180 millones por royalties y USD 152 millones en carácter de cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por su parte, la Ande recibió un total de USD 45 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión, que permiten que la empresa pública cuente con fondos garantizados y previsibles para cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.
Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones; según establecen las legislaciones nacionales.
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“No vamos a ceder y vamos a seguir trabajando con firmeza”, dice Nicora sobre clan Rotela
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que el Estado tiene el control de las penitenciarías de máxima seguridad de Emboscada y Minga Guazú y recalcó que el Clan Rotela no goza de ninguno de los privilegios que tenía en el penal de Tacumbú. Asimismo, aseguró que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo.
“No vamos a ceder y vamos a seguir trabajando con firmeza con lo que estamos haciendo, vamos a seguir tomando las determinaciones en cuanto a esto, si se detectan hechos irregulares vamos a actuar”, aseguró el secretario de Estado, quien señaló que es normal que criminales de este perfil intenten vulnerar el sistema de seguridad.
Nicora manifestó que la institución ha tomado las medidas correspondientes luego de que miembros del clan hayan intentado vulnerar las cámaras del penal. Recordó que en este recinto las condiciones de reclusión son totalmente diferentes y que es natural que estos se resistan, pero de ninguna manera hay un descontrol en dichos establecimientos.
“Estas muestras de este comportamiento a mi me refleja la desesperación de unos internos que antes gozaban de un montón de privilegios y que hoy día, están restringidos en sus movimientos, en todos los beneficios que tenían antes, un acto desesperado por querer llamar la atención y buscar forzar algún tipo de cuestión que no se va dar”, refirió.
Igualmente sostuvo que pese a este inconveniente que lo califica como un suceso menor, nunca se perdió el control del penal, dado que estas personas están bajo un régimen en el que no se les permite visitas todos los días, tampoco tienen interacción entre ellos, no comparten espacios comunes, no pueden tener visitas íntimas, entre otras medidas de seguridad.
“El presidente Santiago Peña está informado de todo, estuve reunido con él esta mañana en el Colegio de Policías y tenemos todo el respaldo para continuar con la labor. Hay un antes y un después de estas organizaciones criminales, hoy en día no se manejan libremente”, concluyó el ministro ante la 1080 AM.
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Ministerio de Defensa avanza en reglamentación de ley para indemnizar a excombatientes del 89
Ante la movilización de excombatientes del golpe de Estado de 1989, desde el Ministerio de Defensa indicaron que se está llevando adelante un trabajo con el fin de reglamentar la ley que autoriza el pago de indemnizaciones, no obstante, aclaró que esto lleva tiempo puesto que la redacción compromete a varias instituciones.
“La reglamentación de la ley de indemnización de los excombatientes del 2 y 3 de febrero exige que varias instituciones participen mediante estudios bien elaborados, es por eso que la reglamentación no es un proceso rápido. Lo que le corresponde al Ministerio de Defensa, hace rato lo hemos terminado y elevado a la Presidencia”, detalló el ministro de Defensa, Óscar González.
En conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el general retirado indicó que la Presidencia es la encargada de recibir los informes de las instituciones. La Procuraduría General de la República también ya ha devuelto el expediente y eso será elevado a Asesoría Jurídica del Poder Ejecutivo, explicó.
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“Sé que hay impaciencia de parte de los integrantes, pero nosotros tenemos que obrar correctamente, no podemos hacer de forma apresurada un trabajo que después pueda dar lugar a que se cometan irregularidades”, señaló González, quien precisó que el número final de beneficiarios de esta ley será determinado en la reglamentación.
De acuerdo a lo que expuso el ministro, la Dirección General de Movilización es la instancia que cuenta con la documentación respectiva sobre aquellos que prestaron servicios en ese momento y sobre quienes tuvieron participación directa en el conflicto, un elemento clave al momento de determinar a la lista de indemnizados.
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Evitar el despilfarro
“Únicamente se va a determinar con la lista de conscriptos que pertenecían a las unidades militares asignadas para el operativo, ese es un mandato de la ley. Justamente por eso tenemos mucho cuidado con el proyecto de decreto de reglamentación de la ley, no es dar a mansalva los bienes del Estado”, sostuvo.
El Ministerio de Defensa es muy cauteloso con el uso que se da al dinero público, afirmó el ministro, quien señaló que buscan evitar el despilfarro de los recursos en nombre de una buena causa. “Nadie cuestiona que los que participaron de este enfrentamiento no merecen ser resarcidos, reconozco eso, pero ellos deben entender que como funcionario del Estado, tengo que obrar con mucho cuidado”, concluyó.