El titular de la Seprelad, Carlos Arregui, dijo que el pedido de aplazamiento provino de los propios expertos internacionales. Foto: Archivo/ Christian Meza.
Gafilat: confirman que visita de evaluadores se posterga hasta agosto
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó a La Nación, hace minutos, que quedó suspendida la visita del equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), inicialmente fijada para marzo de este año.
El ministro señaló que la postergación se debe a un pedido de los propios expertos internacionales, considerando las medidas sanitarias por el COVID-19. “Será entre agosto y setiembre”, dijo Arregui, con respecto a una nueva fecha para la evaluación al responder nuestra consulta en medio de una reunión con miembros de Asociación de Casas de Cambio del Paraguay.
Gobierno ratifica compromiso
Por otro lado, este martes, el Gobierno paraguayo reafirmó su compromiso en acciones en los ámbitos de transparencia, la lucha contra el lavado de activos y el combate al terrorismo en sus diversas formas.
Así lo señaló el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en ocasión de su participación en la segunda parte del taller de capacitación virtual dictado hoy por expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la reunión, se precisaron las recomendaciones y metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la cual participaron también el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.
En su intervención, el titular de Hacienda manifestó que el Gobierno está comprometido a impulsar reformas en la administración pública que impregnen un mayor dinamismo, transparencia y eficiencia a la estructura del Estado, informaron desde la cartera económica.
Dijo que para su cuarta ronda de evaluaciones mutuas el GAFI ha adoptado dos enfoques específicos: por una parte, evaluar el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones. Y, por otro lado, determinar la existencia y las formas de cómo se evidencia la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el país evaluado.
Sobre el punto, Llamosas resaltó que obtener un resultado positivo en la evaluación será de vital importancia para la vida económica y financiera del país. Le otorgará al país la garantía suficiente de que su sistema es efectivo en la prevención y represión de los delitos mencionados, que a su vez le permitirá integrarse a la red global del GAFI, conforme expresó.
La exjueza civil Tania Irún debe ser juzgada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierra a empresas presuntamente de maletín. Foto: Gentileza
Cámara de Apelación debe estudiar si confirma juicio oral contra exjueza Tania Irún
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El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
El abogado Emilio Fúster defensor de Arnaldo Giuzzio recurrió a la sala penal de la Corte para evitar que quede firme la competencia de la jueza de garantía Cynthia Lovera en el caso filtración de información de Seprelad. Foto: Archivo
Filtración de Seprelad: gavilla de Abdo chicanea y vuelve a paralizar proceso penal
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El abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio quien está imputado por varios delitos en el caso conocido como filtración de información de Seprelad, volvió a recurrir a chicanas con el objetivo de seguir dilatando para que el presente proceso penal pueda avanzar. Esta vez el citado profesional del derecho presentó una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera.
Ahora el expediente deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander que tendrá que destrabar por segunda vez el presente proceso penal que involucra al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla.
El escrito dilatorio de Fuster menciona que el tribunal de apelación no estudió los argumentos de la recusación contra la jueza Lovera por lo que pide a los ministros de la Corte que analicen y hagan lugar a la apelación y separen del caso a la referida magistrada.
Ahora los ministros Ramírez Candia, Diesel y Santander deberán estudiar el presente caso y resolver si corresponde confirmar la competencia de la jueza Cynthia Lovera.
La Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su gavilla por varios hechos punibles que tienen que ver con el caso conocido como filtración de la Seprelad.
Igualmente el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda culminar la presente investigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo del 2025 la fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de juicio oral y público o una salida procesal.
Imputados
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
En la nomina de los primeros citados del órgano también figura el Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfran. Foto: Gentileza
Comisión antilavado convoca al fiscal general, ministros del TSJE y titular de Seprelad
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Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos, perteneciente al Congreso Nacional, definieron la nomina de las primeras autoridades nacionales a ser convocadas.
El órgano entrará en vigencia mañana martes 3 de setiembre a las 17:00. Su presidente, el senador Dionisio Amarilla detalló que entre los primeros citados se encuentranel fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, Jaime Bestad y Jorge Bogarín.
Señaló que también figuran en la lista la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz y el Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfran.
“Abordaremos sobre el financiamiento político y las oenegés, su inserción de fondos al sistema financiero que muchas veces no tienen los controles que se aplican sobre los partidos políticos en lo que refiere al financiamiento”, comentó a los medios de comunicación.
Ante la consulta sobre si o no ser publicas las sesiones de la citada comisión, Amarilla sostuvo que se estará analizando con la finalidad de tomar una decisión en conjunto. “No está demás decir que se ha establecido la sesión de carácter reservado porque empezarán las investigaciones y a nosotros no nos interesa el show. Más que el show nos interesa analizar los documentos que traigan estas instituciones y posteriormente salir a dar una versión solida”, refirió.
El bloque de investigación también se encuentra conformado por los senadores Gustavo Leite, Colym Soroka ylos diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández.La comisión tendrá un plazo de sesenta días hábiles, pero su funcionamiento podrá ser prorrogado si así lo deciden sus miembros.
Soledad Núñez y Bruno Defelippe, oenegeístas que tenían varios operadores políticos en oenegé que quiso interferir en elecciones generales en las que ellos eran candidatos
Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
Unidad de Investigación
Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.