La comisión de Defensa Nacional, Seguridad Interna y Orden público de la Cámara de Diputados convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para brindar información acerca de cómo está avanzando el anteproyecto de modernización del transporte público.

Al respecto, el diputado colorado Pedro Ortiz, quien preside esta mesa de trabajo, destacó que el Gobierno está encarando con mucha responsabilidad esta problemática del transporte público que afecta a una mayoría de la ciudadanía. Informó que el viceministro estuvo igualmente acompañado de sus asesores jurídicos y técnicos.

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“Nos brindó una información sobre el avance de este anteproyecto que será muy importante para nuestro país. Notamos que el viceministro está muy convencido de lo que nos ha manifestado, sobre una realidad nacional que estamos necesitando. Por lo que creo que el Gobierno nacional está encarando con mucha responsabilidad esta problemática que es el transporte público”, expresó.

A su turno, el viceministro Fernández señaló que próximamente se presentará al Congreso el proyecto de Ley, que busca ser una legislación moderna y que actualice el servicio brindando una mejor calidad al ciudadano.

Informó a los legisladores de la mesa asesora sobre los desafíos que están encarando con el estudio de este anteproyecto. Mencionó que la reforma del sistema de transporte público contempla varios ejes, entre ellas la revisión de la norma vigente que es la Ley 1590/2000, la cual consideran insuficiente para muchos desafíos que hoy son necesarios cambiar con el objetivo de la calidad del servicio.

“Lo que estaremos haciendo es presentar una reforma de la norma que sea moderna, que actualice y que tenga el foco en la calidad del servicio al ciudadano. Esta norma está contando con varios elementos innovadores, sobre cómo trabajar con un nuevo sistema de transporte público”, explicó.

Asimismo, señaló que esta reforma está contemplando los procesos de licitación para los operadores, igualmente contempla la forma que será financiado el sistema, desde el punto de vista de la trazabilidad de los fondos y que tiene que ver con la participación ciudadana.

“Planteamos la creación de un foro de participación ciudadana, para que el ciudadano tenga un empoderamiento en forma real y que vía online comente lo que sucede en el transporte público. Estamos en el proceso de generar nuevas áreas metropolitanas y una serie de acciones relacionadas con la gobernanza del sistema, con instancia de coordinación y planificación. Son varios focos de la reforma, pero el foco central es generar un sistema nuevo, moderno y su principal guía sea la calidad del servicio”, concluyó.

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El Gobierno de Argentina, mediante el decreto 366/2025 firmado por el presidente Javier Milei, oficializó su reforma migratoria estableciendo criterios estrictos para la residencia de extranjeros y la facilitación de los procesos de deportación para quienes cometan delitos en el vecino país.

“El Gobierno de Argentina ha reconocido la necesidad de adaptar su política migratoria a las nuevas realidades, asegurando que el país siga siendo un destino atractivo para los inmigrantes, pero con un marco legal que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes”, sostiene el documento. La reforma migratoria también fija mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes.

Desde el Gobierno argentino se argumenta que las modificaciones incorporadas a la normativa de Migraciones 25.871 tienen como objetivo impedir el ingreso de extranjeros que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que las personas que ingresen lo hagan de forma legal y con intenciones claras y legítimas.

De acuerdo a la publicación realizada por el medio argentino Infobae, la reforma aplicada por Milei también establece cambios a la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346.

Asimismo, se estableció que si aun cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.

Con relación al ámbito de la salud, se aclaró que en caso de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, mientras que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

En la reforma migratoria se ha fijado que los inmigrantes deberán presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina, exponiendo los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.

El director de Migraciones de Paraguay Jorge Kronawetter explicó que el Gobierno de la Argentina aún no emitió la reglamentación para que se implementen las nuevas políticas migratorias del vecino país, para el ingreso de extranjeros.

Entre las principales reformas, obliga a los migrantes a contar con un seguro médico en su país de origen. Informó que sus pares de migraciones de la Argentina le confirmaron que el próximo lunes comenzarán a trabajar en ese decreto reglamentario, pero no tiene fecha en que sea publicado.

Por tanto, informó que las medidas establecidas en el decreto de reforma migratoria aún no está siendo aplicadas por el momento.

“No se reglamentó el decreto, por lo que, aún no es una exigencia el seguro médico que es de alguna forma lo novedoso entre los requisitos que eran normales cuando se quería ingresar a ese país”, explicó.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dejó en claro que el Gobierno continúa con su agenda de reformas y dentro de ella se encuentra la reforma a la caja fiscal, la que sufre de déficits y presenta varias inequidades que agudizan su situación.

El secretario de Estado señaló que están pendientes a finalizar los estudios técnicos para presentar la propuesta. “Eso es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno en cuanto a reformas, fuimos muy claros nosotros en que si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político en términos de que no se pueden meter las reformas más potentes en un año, sino que lo íbamos a estar espaciando a lo largo de diferentes años”, expresó.

Fernández Valdovinos recordó que uno de los primeros grandes proyectos presentados por esta administración fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, posteriormente se presentó la ley de reforma del servicio civil y este año corresponde que se aborde la situación de la caja y una solución para la misma.

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“Seguimos en la misma agenda, sin necesidad de que nos impongan las agendas de editoriales que puedan sacar los medios, porque esto es algo que hace años nosotros ya dijimos”, sentenció ante la 650 AM.

El ministro señaló las dos situaciones que se conjugan dentro de la caja y que hacen que sea insostenible a largo plazo. Una de ellas es la inequidad en las diferentes cajas en cuanto a la edad en que acceden a la jubilación, puesto que principalmente los policías y militares pasan a retiro a muy temprana edad. El acceso a la jubilación antes de los 65 años genera un golpe de USD 120 millones por año a la caja y prácticamente la mitad del déficit está explicado por la jubilación temprana, argumentó.

“No entiendo por qué deberíamos dejar de contar con los servicios de personas que pueden ser útiles todavía simplemente porque ingresan personas de una generación más joven, eso no tiene ningún sentido, tampoco le conviene a los propios militares que quieren hacer carrera. Algunos se retiran sin concluir esa carrera y eso causa un daño en la gente y a nivel de la caja fiscal”, sostuvo.

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Asimismo, en la caja del Instituto de Previsión Social (IPS), el aporte lo realiza la patronal, el trabajador y el Estado, mientras que en la caja fiscal, el trabajador afronta solo el pago de su aporte. “Todo eso estamos analizando y veremos con los números para determinar luego qué es lo que nos va a ayudar, estamos muy cerca de terminar los estudios, estamos pidiendo ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al del Fondo Monetario, entre otros, pero es algo que vamos a presentar este año”, aseguró.

Una de las principales consignas para trabajar en la reforma de la Caja Fiscal este año es que el Estado tendrá que ajustarse. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, habló al respecto, señalando que hoy uno de los sectores que más déficit genera en la Caja es el de policías y militares, principalmente por el retiro anticipado.

En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, Fernández Valdovinos manifestó que se identificó un número de retirados con menos de 65 años, lo cual genera un costo anual superior a los USD 100 millones. “Vimos que el número de policías y militares que tienen menos de 65 años le cuesta a la caja fiscal mucho más de USD 100 millones por año. El gobierno propone modificar la normativa para que policías y militares también se retiren a los 65 años, como el resto de los funcionarios públicos”, indicó.

También recordó que ahora existe un esquema de incorporar al sistema 5.000 policías por año, cuando antes ingresaban “con suerte” unos 1.000 por año. “Metíamos 1.000, pero se retiraban 500, inmediatamente, y eso que eran muy jóvenes, con 55 años; entonces el efecto neto era de solo 500 nuevos policías”, dijo.

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Sobre el punto, el ministro cuestionó la lógica de retiro por edad en comparación con superiores más jóvenes, aplicando un razonamiento al Poder Ejecutivo. “Si vamos a aplicar esto a rajatabla, no van a poder existir coroneles y generales. Tampoco íbamos a poder ser ministros, porque el presidente es más joven que yo. Es decir, yo no iba a poder ser subalterno”, expuso.

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