El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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El abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), acusó al intendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, de apañar el robo de los recursos económicos de la municipalidad a través de un esquema de caja paralela.

La acusación de Sánchez surge ante las afirmaciones del dirigente opositor quien mediante sus redes sociales busca minimizar la denuncia penal presentada por el interventor de la municipalidad, Ramón Ramírez, quien denunció el desvío de G 75 millones mediante cajas paralelas.

El jefe comunal alegó que sobre el hecho ya había presentado una denuncia el pasado mes de marzo, detectando el desvío de G. 800 millones. “Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morcilla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudadanía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la Corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima)“, ironizó el abogado.

Sánchez detalló que la denuncia formulada por Prieto en marzo fue innominada con la finalidad de proteger a su prima y cómplices. “La denuncia fue contra personas innominadas, jamás nombro o acuso a los verdaderos y sabidos responsables“, cuestionó.

Asimismo acotó que “Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario”.

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El abogado dijo que según fuentes internas de la propia municipalidad, también estarían salpicados en la recaudación paralela, Nelson Segovia, hijo del concejal departamental conocido como “Tío Henrry”, Vicente Prieto, padre de Miguel Prieto, Fran Arrúa, exsecretario privado, entre otros funcionarios que ejercían el cargo de cajeros quienes se encuentran plenamente identificados.

“Ellos podrían ser imputados por exacción y alteración de datos públicos, y se exponen a 10 años de prisión. Hasta la fecha no se ha sabido de ningún tipo de sumario administrativo a ningún funcionario. Lo raro de la denuncia es que teniendo los datos de los cajeros, de los responsables de recaudaciones y de la dirección de finanzas la denuncia fue innominada”, refirió.

Según Sánchez, el propio escrito del asesor jurídico dice y reconoce la carencia total de control de la dirección de recaudaciones al no llevar la correlatividad de las facturas, así como la cantidad de facturas y la utilización de los sellos de caja, también la falta de comunicación de traslados de funcionarios y la habilitación de permisos para utilización del sistema de gestión municipal tantas veces publicitado por Miguel Prieto en sus rimbombantes discursos".

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Un hombre con frondosos antecedentes ingresó a una vivienda ubicada en el kilómetro 11, lado Acaray, en Ciudad del Este, y se llevó varios objetos de valor y joyas. Tras el hecho, se dio a la fuga hacia una zona boscosa donde finalmente fue interceptado por la Policía.

Según el reporte policial, el detenido fue identificado como Roddey Rubén González, de 32 años, quien cuenta con varios antecedentes por hechos similares. El actuar del hombre habría quedado grabado en imágenes de circuito cerrado gracias a las cuales se logró su identificación y detención.

El hombre habría ingresado a la vivienda aprovechando que la familia no se encontraba y, tras recorrer todas las habitaciones, logró apoderarse de varias joyas de oro, electrodomésticos y otros objetos de valor. Posteriormente, se dio a la fuga huyendo a pie del lugar.

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El propietario de la vivienda se habría percatado de lo que ocurrió porque una alarma se activó en su dispositivo celular, por lo que revisó las imágenes, se percató del hecho y dio aviso rápidamente a los efectivos policiales a través del Sistema de Emergencias 911.

“Nosotros llegamos al lugar y, tras inspeccionar la vivienda y corroborar las características del sujeto, desplegamos un equipo de patrullaje para realizar un rastrillaje. Una de las patrullas asignadas logró ingresar a una zona boscosa y persiguió al hombre que intentaba ocultarse y fue detenido”, indicó el comisario José María Martínez, en conversación con el canal de noticias NPY.

Resaltó que varias de las pertenencias de valor de la familia lograron ser recuperadas y, tras ser registradas como evidencia, fueron entregadas a sus propietarios. Por su parte, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

Pero las evidencias señalan que se tratan de casos distintos, con tributos diferentes, personas diferentes y, sobre todo, con un nivel de gravedad que compromete directamente al círculo familiar del intendente intervenido, quien justamente había admitido que incurrió en nepotismo en una entrevista televisiva en directo, en mayo pasado, ubicando a cuatro primos por contratación directa, entre ellos, a Meribeb Alonzo Vallejo, como jefa de Impuestos Inmobiliarios. Removió a su prima del cargo en junio pasado debido a la presión por su sincericidio mediático.

“Son mis primos, sí. Meribeb Vallejo fue contratada por la Junta Municipal y es la jefa de Impuesto Inmobiliario. Desde que ella está en el cargo, por ejemplo, terminaron los hechos de corrupción en la división de Impuestos Inmobiliarios”, expresó Prieto en la emisión de TV abierta. “Son contrataciones directas, son parientes míos”, admitió, minimizando su confesión: “Sí, pero en cualquier otra cosa que me digan estamos marcando mucha diferencia”.

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La denuncia de Prieto por un presunto monto de casi G. 900 millones en irregularidades en ejercicios anteriores, no es el mismo caso que también denunció la intervención ante el Ministerio Público, por un esquema de desvío de recursos municipales, que mencionó G. 75 millones “desaparecidos” tan solo al revisar los comprobantes de las cajas 6 y 8 en apenas dos días.

• Distinto tributo: uno es Patente Comercial e Industrial, el otro es Impuesto Inmobiliario.

• Distintas personas: en el caso de Prieto, dos funcionarios; en el de la Intervención, la prima del intendente esteño.

• Distintas fechas: su denuncia refiere a 2024, la de la Intervención a hechos cometidos en enero de 2025.

La intervención reveló que una auditoría informática al sistema SIGEM detectó millonarios pagos registrados en enero de 2025 que no aparecen reflejados en la Tesorería municipal. Entre los señalados por las irregularidades figuran Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, junto a Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera.

La fiscalización aportó a la Fiscalía memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos digitales que prueban pagos inconsistentes, perfiles de usuarios alterados y posibles manipulaciones del sistema. Muchos comprobantes tienen fechas y montos válidos en el sistema, pero no coinciden con los arqueos reales de caja.

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“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela a espalda de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, explicó ayer el interventor. El dinero abonado por los contribuyentes no llegaba a la tesorería municipal, en especial en lo relacionado al pago de impuestos inmobiliarios.

“Encontramos una serie de numeración de los comprobantes que es totalmente inconsistente con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. Tomamos muestras concentrándonos en los impuestos inmobiliarios, y hallamos datos inconsistentes. Por ejemplo, unos pagos realizados en una fecha concreta en la caja número 6, pero al verificar la información, hallamos que ese día precisamente esa caja no operó, me refiero a la caja 6”, señaló Ramírez.

El arqueo de esa caja tampoco visualiza que esa recaudación haya ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares, que fueron tomadas como muestras para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, en fecha 11 de agosto.

“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.

La asesoría jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificadas.