El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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En 2024 se sancionó la Ley 7235/23 de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones para el pago de futuras pensiones. Según la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en términos prácticos, aún no está operativa la norma porque falta que finalice el proceso de reglamentación.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, Mónica Recalde explicó que aún no firmó el decreto que conforma oficialmente a los representantes de jubilados y trabajadores. Contó que desde la cartera laboral ya remitieron al Poder Ejecutivo las ternas correspondientes. Tuvieron 29 candidatos entre los jubilados, mientras que entre los trabajadores se logró un consenso.

“Aún falta la reglamentación que permitirá avanzar con la institucionalidad de la superintendencia. Entre otras cosas, debe seleccionarse, una vez conformado el Consejo, quién será el Superintendente de Jubilaciones”, refirió.

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El Consejo, según la Ley, deberá estar integrado por seis miembros: un representante del Banco Central del Paraguay (BCP), el ministro de Economía y Finanzas (MEF), la ministra de Trabajo, representantes de los trabajadores y uno de los jubilados. El superintendente será elegido por el Consejo a partir de una terna. Debe ser una figura externa al consejo, y tener un título universitario en derecho, economía o contabilidad con experiencia técnica en pensiones.

“Las representaciones de trabajadores y jubilados ya presentaron sus candidatos: los trabajadores lo hicieron a través de la Coordinadora Sindical mediante una asamblea, y los jubilados, desde distintas asociaciones. Como existen muchas más asociaciones de jubilados que centrales obreras, hubo más candidatos del sector, lo que nos obligó a revisar estatutos y representatividad”, reiteró.

Acerca de las funciones del Consejo, explicó que tendrá la responsabilidad de definir las primera acciones que se deben tomar sobre los estados financieros de las cajas, como auditorías, balances y análisis en general.

Finalmente, dijo que según lo conversado con el ministro Carlos Fernández Valdovinos, se espera que en la brevedad se concrete la conformación del Consejo, dado que el funcionamiento de la superintendencia es una prioridad del gobierno, teniendo en cuenta la situación de varias cajas.

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El Ministerio de Trabajo analiza la revisión del sistema actual de cálculo para el ajuste del salario mínimo, actualmente determinada a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que ya se convocó al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para trabajar con la inflación de junio de 2024 a mayo de 2025 como parámetro.

Segovia explicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que es necesario revisar si el sistema vigente refleja adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo legal de los trabajadores y que el IPC actualmente está compuesto en un 27 % en precios de productos relacionados con la alimentación, y el 73 % es una variedad de artículos que no necesariamente está vinculado directamente con la cotidianidad del trabajador promedio .

“El 73 % es una variedad de productos que en algunos casos afectan directamente y otros no tanto al sector asalariado con salario mínimo. Por ejemplo, pasajes de avión y otro artículos que habitualmente no son utilizados por el trabajador”, mencionó.

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Según Segovia, el Ministerio de Trabajo “siempre fue partidario” de modificar la normativa, ya que la inflación general no siempre concuerda con lo estipulado en el salario mínimo vigente. En ese sentido, afirmó que realizaron reuniones técnicas con el Banco Central del Paraguay y que se solicitó una cooperación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para conocer experiencias internacionales en la materia.

Igualmente, señaló que convocaron al Conasam para verificar conjuntamente con participación de los sindicatos y centrales de trabajadores el método más adecuado para la evaluación del salario mínimo, tomando como parámetro, en principio, la inflación de junio de 2024 a mayo de 2025.

“En esa instancia se va a estar evaluando la posibilidad de avanzar o no en este proceso de cambio de método o de herramienta de cálculo para el reajuste del salario mínimo”, señaló Segovia.

En la víspera, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció que existe un desfasaje entre la suba real del costo de vida y los porcentajes de reajuste salarial registrados en los últimos años.

Además, señaló que, si bien la inflación fue contenida, los precios de los productos, especialmente de los alimentos, no volvieron a bajar, lo que afecta a los trabajadores que cobran salario mínimo, principalmente.

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La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, dio detalles del programa Emplea Py Joven, lanzado por el Gobierno para el incentivo del primer empleo de los jóvenes. La secretaria de Estado indicó que esta propuesta del Gobierno busca marcar una diferencia en cifra de desempleo juvenil en el país.

“Esto también tiene fundamentos en los cuales nosotros centramos nuestra agenda de formalización del empleo; como es conocido, muchos jóvenes sufren el flagelo de la informalidad laboral, y lo que nosotros queremos otorgar con este programa es justamente un apoyo, un subsidio, para el pago de las cotizaciones de estos jóvenes”, mencionó en conferencia de prensa este viernes.

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La ministra explicó que otro de los objetivos de este programa es también apoyar a los jóvenes en la formación laboral y capacitación laboral, ya que “dentro del programa Empleo Joven, lo que vamos a lograr también es que estos jóvenes que se inserten dentro del mercado de trabajo reciban una formación y capacitación de manera obligatoria”.

Agregó que “otra de las cuestiones importantes que tiene este programa es la reducción de los costes no laborales asociados a los gastos de la seguridad social, sabemos que uno de los principales factores por los cuales el empleo es negro, es porque las microempresas principalmente no pueden afrontar estos gastos y de esta manera el Estado busca apoyarlos para poder complementar estos aportes”.

Recalde citó que también se pretende que los jóvenes puedan cumplir con tener un empleo, pero también seguir estudiando. “Es una política estatal del empleo juvenil, va ser la primera vez que el Estado tiene una política real, de apoyo, de incentivo, de formación, de capacitación para los jóvenes y también buscamos que los jóvenes estudien y trabajen”, apuntó.

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