Una fiscalización hecha por la firma SGS permitió concluir que el programa de pensión alimentaria para adultos mayores del Ministerio de Hacienda mantiene la certificación de calidad ISO 9001:2015. El informe señala que mediante esta certificación se garantizan los estándares más exigentes en las actividades comprendidas desde la selección de potenciales beneficiarios hasta la generación de la planilla fiscal de pagos, donde están incluidos los nuevos beneficiarios.
Precisamente los procesos en revisión por la auditoría, corresponden a la selección, inclusión y pago de beneficiarios activos por red bancaria, desde la recepción de la ficha hogar o verificación de la base de datos hasta la solicitud de autorización del desembolso, así como la capacitación a los designados por las autoridades locales. El programa es administrado por la Dirección de Pensiones no Contributivas (DPNC), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda.
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Se destaca que con el mantenimiento de la certificación de los procesos, la DPNC sostiene un circuito de procesos totalmente integrados, que comienzan desde la capacitación de los designados municipales encargados de la vinculación con las personas adultas mayores solicitantes hasta el proceso final de pago de beneficiarios.
Finalmente, el reporte resalta que desde hace cinco años la dependencia implementó varios procesos tales como capacitación, selección y pagos con normas de certificación ISO 9001. Con ello se mejoró sustantivamente la gestión de la pensión alimentaria, que a noviembre de 2020 cuenta con más de 218.000 beneficiarios activos.
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IPS recibe certificación de la Superintendencia, por primera vez
La Superintendencia de Salud otorgó la certificación de salud a los 119 establecimientos del Instituto de Previsión Social (IPS) y se iniciará un proceso de categorización de los servicios. El ente tenía registrado solo el Centro de Rehabilitación Física y esta es la primera vez que toda la red asistencial cuenta con la aprobación del órgano rector de salud.
“Es la primera vez en la historia desde que se creó la Superintendencia en 25 años que se está haciendo entrega de esto, inscribiendo una institución como el IPS”, destacó el superintendente Roberto Melgarejo en diálogo con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Al estar registrado oficialmente, el IPS cumple con la ley ya que podría incurrir en faltas ante eventos médico-legales. “Puede ocurrir un problema y el establecimiento no está registrado, lógicamente pueden conllevar problemas legales, por ejemplo. Segundo, estar inscripto dentro del registro nacional de la Superintendencia nos da a nosotros la capacidad de saber dónde están y poder controlar”, explicó el doctor Melgarejo.
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Categorización de servicios
Así también manifestó que se iniciará un proceso de categorización acorde a los niveles de atención para poder proceder a la acreditación de la calidad del servicio.
“Anteriormente igual se podía dar la intervención de la Superintendencia en IPS y lo hicimos en su momento y lo seguimos haciendo. Lo que estamos haciendo es regularizar y poner al día lo que establece la ley”, aclaró.
Para la acreditación se tiene en cuenta el nivel de complejidad de los servicios. “Una vez categorizado es un proceso que queremos hacer en seis meses, queremos finalmente llevar de aquí a un año el proceso de acreditación que es la evaluación de la calidad de atención”, puntualizó. El fin de la Superintendencia es buscar la calidad de la atención del ciudadano, remarcó el exviceministro de Salud.
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
Unidad de Investigación Nación Media
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria.
La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos, estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
“Asimismo, se comunica que el Equipo Auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la Supervisora y/o Jefe de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo Auditor labre Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
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El crecimiento con la política
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas, sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DDJJ) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
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En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones.
Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
Una familia millonaria
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que “Nuni” Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía “Quinta San Andrés”, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
Motel a fuerza de Fonacide
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena, distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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Corte ordenó auditar juzgados de Garantía de varias zonas por llamativo casos de abigeato
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una auditoría de gestión de los juzgados de Garantía de las circunscripciones de Paraguarí y Concepción sobre los procesos penales que tienen relación con el hecho punible de abigeato. El periodo de estudio deberá ser de los últimos cinco años, de acuerdo a la determinación adoptada por los altos magistrados.
El ministro y superintendente de la circunscripción judicial de Paraguarí, Gustavo Santander, expuso ante la ciudadanía y sus colegas que “hay una preocupación respecto al hecho punible que es endémico casi en el departamento de Paraguarí que es el abigeato y que no está recibiendo la respuesta jurisdiccional correspondiente porque hay muchas quejas de los jueces de Garantía”, indicó.
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Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez manifestó que “nuestro país es ganadero y que justamente una de nuestras estrellas es la carne paraguaya actualmente y entonces este flagelo del abigeato es verdaderamente grave”, por lo que pido también ampliar la auditoría a los juzgados de Garantía de la circunscripción judicial de Concepción.
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, también solicitó que se realice la auditoria a los magistrados de Garantía de la circunscripción judicial de Ñeembucú.
El ministro Manuel Ramírez Candia señaló que una vez iniciado el proceso penal hay un trato bastante complaciente, hay casos en los que al día siguiente ya se levanta la detención, no hay prisión.
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UE inicia auditoría a sistemas de certificación en producción bovina
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó acerca del inicio de la auditoría por parte de la Unión Europea (UE), al sistema de certificación en la producción bovina paraguaya para exportación a los mercados europeos.
La metodología de la auditoría durante la primera semana será mediante teleconferencias, con sesiones virtuales para intercambiar información relevante acerca de los procesos que encara el sector productivo pecuario, tanto desde lo público como en lo privado.
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Los trabajos consistirán en evaluaciones a los controles oficiales y sistemas de certificación sobre la producción de carne bovina y tripas, destinadas a la exportación al destino de la UE, incluyendo controles sobre residuos de sustancias farmacológicamente activas, pesticidas y contaminantes.
Y ya a partir de la segunda semana es que la auditoría será presencial, con la fiscalización de los especialistas quienes realizarán inspecciones un situ en sedes de tanto del Senacsa como en establecimientos pecuarios y frigoríficos a nivel nacional.
Así, la auditoría llevará dos semanas, tras el inicio este lunes 9 de setiembre con la primera reunión virtual, que contó con la presencia del presidente del Senacsa, José Carlos Martin, directores generales y directores de la institución, que celebra hoy día el 57 aniversario.
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